Defensores ambientales: Hay más de 200 ataques

Una defensora ambiental de la comunidad de El Cajón, al sur de la reserva nacional de Tariquía, en Tarija, se encuentra hospitalizada en Yacuiba, a donde llegó con una embolia tras el hostigamiento de personas ligadas al partido oficialista que sacan cara por los planes de actividad petrolera en esa reserva.

La denuncia corresponde al investigador Miguel Miranda, coordinador de incidencia política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), quien remarca que el hostigamiento es el tipo de ataque más frecuente a defensores ambientales en el país.

En abril de 2022, el Cedib y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) pusieron en línea un “Mapa de ataques a defensores ambientales”.

Entre 2017 y abril de 2022, hicieron un estudio de 191 casos. A la fecha, el sistema en línea muestra 214 y hay otros 40 en análisis, sin el ‘click’ de publicación, que engrosarán la base de datos hasta un aproximado de 250 casos.

“Es un muestreo nada más porque la realidad rebasa la capacidad de registro que podamos tener las instituciones (…) Hay una institucionalidad de derechos humanos muy débil en Bolivia, lo cual no permite recoger esa información de manera mucho más rigurosa y minuciosa”, manifiesta en Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980).

Sin embargo, para el investigador no hay duda de la grave situación de violencia que sufren los defensores de derechos, que muchas veces no se reconocen como tales.

 

 

TIPOS DE ATAQUES

Hay tendencias que los datos existentes permiten establecer: los tipos de ataques más frecuentes son desprestigio, estigmatización pública y difamaciones; hostigamientos, acoso administrativo, laboral, intimidación, espionaje e invasión de la privacidad; chantajes y coacciones a las organizaciones, así como creación de organizaciones paralelas. 

¿Quiénes atacan o amenazan a los defensores ambientales? “Estamos cerca de un 90% de actores que tienen vínculo directo o indirecto con el Estado (…) Detrás de estos actores están además grandes empresas, grandes poderes económicos que, en concomitancia con el Estado, atacan a los defensores”, señala.

El mapa muestra que solo un 3% de los ataques provienen de anónimos o desconocidos.

Esta semana, a propósito de la movilización de cooperativas mineras auríferas en La Paz, fueron puestas sobre la mesa las amenazas a dirigentes de comunidades u otros líderes que defienden las áreas naturales y protegidas ante los apetitos mineros. 

“Nos parece importante visibilizar eso hacia la comunidad internacional, hacia los organismos de protección de derechos, para que caigan en cuenta un poco de la omisión que tienen respecto a Bolivia y digan que si bien no hay graves eventos de violencia o muertos; defensores ambientales asesinados como sucede en Colombia, en Honduras, en Brasil, sí alertar que hay unas violencias cotidianas que están acumulándose y que cualquier rato desencadenan escenarios de mayor violencia”, cierra.

Una muestra del incremento de riesgo para los defensores de derechos humanos en Bolivia en general es el deterioro del Estado de Derecho en Bolivia. El país se ubica en el puesto 131 de 142 países en el índice que elabora cada año la reconocida organización World Justice Proyect (WJP) o Proyecto de Justicia Mundial. En justicia penal, el país se ubica penúltimo en la lista global.

“MUCHA PRESIÓN”

Aníbal Oliver Cívico Apolo

“Solo en mi región ya son dos ríos que están siendo contaminados (…) Nosotros hemos hecho las denuncias en su momento, bajo mucha presión incluso, pero desgraciadamente hasta ahí llegamos”.

PERPETRADORES

37%	Autoridades y entidades públicas
29%	Personas o grupos que apoyan al partido oficialista/grupos de choque
16%	Empresas y operadores, en su mayoría, cooperativas mineras o empresas públicas.
8%	Servidores públicos identificados
7%	Policía y Fuerzas Armadas