El abandono del Estado hace de la cárcel “tierra de nadie”

¿La cárcel es tierra de nadie? Los delegados generales “gobiernan” en el interior de las prisiones del país, ante el abandono del Estado, que solamente aporta con los prediarios de Bs 8 y no resuelve el hacinamiento, que en general se ha vuelto insostenible. Los propios internos se ocupan de mejorar su infraestructura.

En el caso de la cárcel San Roque, en Sucre, en los últimos dos años se inauguraron dos ampliaciones: una en el Pabellón Población y otra en el Pabellón 4, en cuyos actos incluso participaron autoridades de Gobierno donando equipos y mobiliario.

No hay ampliaciones planificadas ni con asesoramiento técnico. Todas se materializan, cuando esto ocurre, según la iniciativa de los presos de cada pabellón.

CAMPAÑAS

Estos trabajos en celdas o la construcción de nuevos ambientes en los recintos carcelarios se concretan con dinero que los propios reclusos gestionan a través de campañas, tanto internas como externas, para recaudar fondos.

En ese afán se llega a cobrar a los nuevos internos, que tienen que pagar un “derecho de piso” y, no faltan los que se aprovechan de esta situación para sacar una “tajada”, según testimonios recogidos por CORREO DEL SUR de exreos de la cárcel de Sucre.

San Roque actualmente tiene casi 800 reclusos, en un espacio para solo 150 personas.

PENITENCIARÍA Y DELEGADOS

El control interno está en manos de delegados de cada pabellón. Esas responsabilidades por lo general recaen en reos que tienen condenas mayores a 15, 20 o incluso hasta 30 años.

La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, en su artículo 111, establece que “anualmente, los internos tendrán derecho a elegir a los delegados establecidos en esta Ley, a través de elecciones de voto universal, directo, igual, individual y secreto. El proceso de selección se llevará a cabo por el Comité Electoral nombrado por los internos, bajo la supervisión del Servicio de Asistencia Social. El Comité Electoral puede invitar, a representantes de instituciones ajenas al establecimiento, a participar como observadores del proceso electoral”.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias aclaran que esto se aplica solo a los delegados de Estudio y Trabajo, no así a los delegados generales (los máximos representantes de los presos), quienes son elegidos directamente por aclamación. 

“En cuanto al Delegado General, como Régimen Penitenciario se lo reconoce, pero es una elección interna que la hacen de forma democrática; se trata de una delegatura extra, podemos decir, para la coordinación”, afirmó a este periódico el director de Régimen Penitenciario en Chuquisaca, Carlos Saavedra.

El funcionario aclaró que Régimen Penitenciario no participa en la elección de los delegados generales porque únicamente se trata de una instancia de “coordinación y organización” interna. Los delegados generales se ocupan del régimen disciplinario, del aseo, de los turnos para lavar los baños, entre otros aspectos de la cárcel.

Saavedra hace referencia al artículo 12 de la referida Ley 2298: “La administración penitenciaria respetará tanto la organización de los internos así como su representación democrática, como bases para estimular su responsabilidad en el marco de una convivencia solidaria”.

En relación con San Roque, dijo que los actuales delegados generales fueron posesionados con la participación de representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, según las actas de elección.

Internamente cada pabellón y cada patio tiene su delegado, elegido por aclamación. Régimen Penitenciario no tiene injerencia en esa elección.

La Policía, por su parte, hace vigilancia externa. Internamente, tiene que “coordinar” con los delegados.

ELECCIONES INTERNAS

Para elegir a los nuevos delegados de Trabajo y Estudio, que, según Régimen Penitenciario de Chuquisaca, son las áreas donde sí se aplica el artículo 111 de la Ley 2298, en San Roque se conformó un Comité Electoral con reclusos de cada pabellón que en los próximos días emitirán una convocatoria a elecciones internas.

A principios de año, el ahora exdirector penitenciario interino, Ferdy Montero, anunció la elección de delegados por voto. Esto no se concretó hasta ahora.

No votan hace más de 15 años

Un exinterno reveló a CORREO DEL SUR que en la cárcel San Roque no hay elecciones de delegados generales, por voto universal y secreto, desde hace por lo menos 15 años. En ese lapso de tiempo, siempre fueron elegidos por aclamación.

“Que yo recuerde, nunca hubo elección (del Delegado General) por voto, siempre fue por aclamación, a través de planchas de postulantes y normalmente por internos con penas mayores”, aseguró la fuente, que pidió mantener en reserva su identidad.

En el penal de Sucre se habilitaron buzones de denuncias, con los que en los últimos meses se conocieron reclamos de cobros por celdas y por alimentación. Una es de los padres de un recluso que habría sido torturado por negarse a pagar el “derecho de piso” al ingresar a la cárcel por un caso de violencia familiar.

Lo que sucede internamente es “un misterio”, y, si se cometen irregularidades, es con la complicidad de policías, denunció el exinterno.

Él admitió la existencia de cobros a los presos que recién ingresan, pero los justificó indicando que lo recaudado se destina a las mejoras de la infraestructura del penal. 

“De ahí algunos se deben sacar una parte, pero esto es por el abandono del Estado, que no promueve ni la infraestructura adecuada para la rehabilitación”, opinó.

¿Y el proyecto de Duraznillos?

Al cierre de una nueva reunión entre representantes de las instituciones impulsoras de la nueva cárcel de Duraznillos, con participación de autoridades municipales, departamentales y nacionales, más la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, se instruyó a las instancias correspondientes completar algunas tareas pendientes para, de esa forma, viabilizar la ejecución de este postergado proyecto.

Freddy Giménez, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) filial Chuquisaca, informó a CORREO DEL SUR que la Gobernación de Chuquisaca debe actualizar el estudio socioambiental para este centro penitenciario, además de transferir los terrenos al Ministerio de Gobierno.

En septiembre pasado, la administración departamental presentó el proyecto con los costos actualizados: 126,7 millones de bolivianos, es decir, 20 millones más que hace una década.

Ahora, se deberá concretar esta nueva tarea, además de transferir al Estado las 5,5 hectáreas de terreno que la Alcaldía cedió a la Gobernación para el emplazamiento de este proyecto en la comunidad de Duraznillo, Distrito 6 del municipio de Sucre.

Giménez añadió que el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se comprometió a gestionar los recursos para empezar con la ejecución de este proyecto, una vez se cumpla con los requisitos faltantes.