El 84% de los municipios podría perder recursos
Los municipios más perjudicados están en Oruro, La Paz, Cochabamba y Pando, además de Chuquisaca, que tiene a la mayoría en números rojos.
En Bolivia, 284 municipios, un 84%, pueden perder recursos de coparticipación tributaria y en Chuquisaca, 28 de 29 si su población se reduce en este Censo 2024, según una proyección de la Fundación Jubileo.
La institución trabajó un análisis comparativo sobre la base de los datos del último censo de 2012 y las proyecciones del INE para el 2022, cuando debió realizarse el Censo que, finalmente, se llevará adelante este sábado 23 de marzo de 2024.
De acuerdo con ese estudio, un total de 179 municipios del país verían disminuida su población y 160 la aumentarían. Respecto a los recursos de coparticipación la situación se agrava: 284 municipios disminuirían su coparticipación y solo se elevaría para 55, es decir, resultaría afectado un 84%, entre municipios pequeños y medianos, aunque hay algunos grandes que no se libran.
En casos extremos perderían hasta un 50% y 70% de sus recursos de participación; la mayoría sufrirían una disminución de esos fondos de entre el 10 y 20%.
Jubileo enlistó a los 18 municipios que más pierden: siete son de Oruro, seis de La Paz, tres de Cochabamba, uno de Pando y uno de Chuquisaca. Sin embargo, del total de municipios de cada departamento, Chuquisaca es la que tiene la mayor cantidad en números rojos. Según los cálculos de esa fundación, el municipio que más recursos de coparticipación perdería es Cruz de Machacamarca, en Oruro, un 77,4% menos.
“Tenemos estas situaciones extremas que nos poner en un escenario muy complicado una vez realizado el Censo porque va a resultar en una disminución notable de los recursos públicos para la gran mayoría del país”, expresó en Correo del Sur Radio el analista en Presupuestos Públicos de Jubileo, René Martínez.
EN EL DEPARTAMENTO
En Chuquisaca, el municipio que más porcentaje perdería es Alcalá, un 55%, según el análisis de Jubileo con proyecciones a 2022.
El secretario de Planificación del Gobierno departamental, Juan Melendres, realiza el cálculo a 2023, considerando los recursos transferidos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la gestión pasada y las proyecciones de Jubileo. Con ese nuevo cálculo, Alcalá sigue siendo el más perjudicado, con -46%, seguido de Zudáñez, -33%, y Las Carreras, -25%.
Como lo anticiparon varias autoridades, Sucre aumentaría sus recursos en un 15,7%, según las proyecciones de Jubileo a 2022, que lo dejan como el único municipio del departamento con indicadores positivos; en este caso, el perjuicio es para un 94,55% de los municipios. Si se toma en cuenta el cálculo de la Gobernación a 2023, los municipios sin pérdida serían cinco: Sucre, Tomina, Azurduy, Icla y Monteagudo; es decir, habría afectación a un 82,75.
SOLUCIONES
“El pacto fiscal puede darle mayor equilibrio y sostenibilidad a la distribución y a la generación de recursos públicos, pero vemos que es un escenario que puede contribuir principalmente para las gobernaciones, darles un poco más de recursos, mayor equidad. En el caso de los municipios también está pendiente el tema del pacto fiscal para todos, pero ya no es suficiente, porque lo que vemos son tendencias estructurales muy complejas en relación a los recursos que reciben. Decimos que es momento de evaluar, debatir el sistema de descentralización municipal, autonomías, todo eso que viene desde la participación popular, claramente es algo que no está funcionando, no da las respuestas en términos de desarrollo, oportunidades de empleo para la gente”, expresa René Martínez consultado sobre soluciones.
El Secretario de Planificación de la Gobernación chuquisaqueña hace hincapié en su análisis: “De acuerdo a este modelo de distribución correspondería en promedio Bs 823 por cada habitante en el departamento, recursos insuficientes para reducir las brechas de pobreza del área rural, debiendo necesariamente exigir al nivel central que administra el 75% de los recursos que se recaudan por conceptos de tributos, sean transferidos más del 50% a las entidades territoriales autónomas, que responden a competencias asignadas en la nueva Constitución Política del Estado, debiendo consolidarse en un proceso de dialogo del nuevo acuerdo fiscal, antes de oficializar los datos de población”.
Así, ambos entrevistados llaman a debatir temas de fondo.
