Realidad del Triángulo del Litio

El Triángulo del Litio está conformado por tres países con contribuciones desiguales. Chile y Argentina, que tienen los sectores más desarrollados, enfrentan desafíos y debates sobre los roles del Estado y la participación del sector privado. Ambos países han logrado avances significativos al permitir la participación de empresas privadas y están ajustando sus modelos para acelerar su consolidación en el mercado creciente de este metal crucial para la transición energética. En cuanto a reservas certificadas y comercialmente viables, los datos muestran esta realidad: Chile lidera con 9,3 millones de toneladas, seguido por Australia con 6,2 millones, y Argentina con 3,6 millones. Bolivia, en contraste, no figura en esta lista.

CHILE

El que mejores resultados en producción y presencia en el mercado mundial (30%) ha logrado es Chile, que comenzó su camino cuando la estatal Corfo otorgó en arriendo concesiones a dos empresas para explotar el litio de Atacama, pero además participó en sus inicios como socia. La producción comenzó en 1984 con las operaciones de la Sociedad Chilena del Litio, que actualmente es Albemarle, de EEUU; y en 1997, con SQM, compañía de capitales chilenos que desde el 2018 tiene como socia a la china Tianqui (24 %). Albemarle y SQM son las únicas empresas explotan el litio en Chile, que es el primer productor en Suramérica y el segundo del mundo, después de Australia.

Los arriendos otorgados a esas empresas, según analistas, fueron el eje central de las políticas que impulsaron el desarrollo del negocio hasta situar al país como proveedor de nivel mundial.

“Ha sido más fructífero en el caso de Chile el desarrollo a través de las empresas privadas para poder desarrollar y explotar finalmente el litio. Hay que tener en consideración que la demanda del litio es actual, es ahora y es en los próximos años cercanos. No es algo que estemos pensando que vaya a ocurrir en 50 años más”, declaró para este reportaje el experto Francisco López, exsubsecretario de Minería del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

El gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, quiere que el Estado tenga una mayor presencia en el negocio con una nueva estrategia. Según su ministra de Minería, Aurora Williams, se trata de un “modelo público privado flexible dependiendo del tipo de salar” porque el Estado tendrá 50% más 1 de la propiedad de los grandes proyectos en los salares de Atacama y Maricunga, mientras que en los salares más chicos la participación estatal sería flexible.

Con ese modelo, el objetivo de Chile es más que duplicar la producción de litio en una década para “pasar de 170.000 toneladas de carbonato de litio a 300.000 toneladas”, según Williams.

López es crítico de la nueva estrategia porque considera que se debería aprobar que el litio es concesible como ocurre con el resto de los minerales del país para dejar la gestión del negocio en manos privadas. A su juicio, el hecho de que el mineral siga siendo no concesible, ha provocado que “Chile en los últimos años haya ido perdiendo terreno para el desarrollo de los proyectos de litio”, limitando la exploración y la explotación de acuíferos con potencial.

Que el litio no sea concesible implica que solo el Estado o sus empresas por medio de contratos especiales permiten la participación de los operadores privados. Las concesiones mineras en Chile son otorgadas por autoridades judiciales, sin intervención del Gobierno.

En cambio, el Gobierno chileno es optimista porque ha recibido más de 80 manifestaciones de interés de parte de 54 empresas para participar en la nueva estrategia para el litio.

Como un ejemplo de que la estrategia puede funcionar, la estatal Codelco firmó en marzo un acuerdo de asociación con SQM para explotar Atacama con el propósito de producir litio refinado entre el 2025 y el 2060. El acuerdo prevé que Codelco tenga un 50% más 1 acción de la nueva sociedad y que SQM mantenga el control administrativo y operativo hasta el 2030. En adelante, la firma estatal asumirá también la gestión administrativa hasta el 2060.

Adicionalmente, la estrategia de Boric busca abrir la explotación de otros salares mediante convenios especiales de operación (CEOL) para explotar recursos no concesibles. “Esto refleja dos cosas: primero que el gobierno aparentemente buscó quedarse con los mejores acuíferos o al menos los que pueden ser más conocidos para sí mismo, buscando algún tipo de asociación con privado, y segundo que hay una clara inspiración nacionalista en cuanto a que se busca mantener el recurso de forma estratégica para el Estado”, explicó el analista de la empresa chilena Plusmining, Andrés González.

Según el experto, el hecho de que el litio no sea concesible impide que Chile tenga una cartera de proyectos como la que ha desarrollado Argentina.

LOS IMPUESTOS PROGRESIVOS

Sobre el tema de la renta que obtiene el Estado por los arriendos, González explicó que las regalías funcionan con un esquema progresivo que van desde el 6,8% hasta un 40% sobre el precio de las ventas cuando la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE) sobrepasa los 10.000 dólares y cuando la tonelada de hidróxido de litio llega a 12.000 dólares.

En 2022, agregó, cuando el precio del carbonato de litio pasó los 60.000 dólares, la Corfo cobró un 40% de las ventas por tonelada de carbonato de litio, lo que significó ingresos por miles de millones de dólares para esa institución estatal chilena, aunque luego el precio haya caído hasta mantenerse estable en alrededor 12.000 a 15.000 dólares por tonelada.

“La ventaja de este royalty es que en periodos de precios muy altos como fue el 2022 básicamente el Estado puede llevarse más de la mitad de la renta del litio, si uno saca la cuenta entre impuestos corrientes más el royalty de la Corfo por el concepto de arrendamiento”, precisó González para este reportaje.

Ese año, los ingresos fiscales por el litio sumaron más de 5.000 millones de dólares, equivalente entonces al 1,6% del Producto Interior Bruto de Chile, según datos del analista Ricardo Becker.

Sin embargo, según señala Becker en el documento “El esquivo desarrollo de la industria del litio para Chile”, el país afronta problemas de visiones políticas que “obstaculizan la posibilidad” de que desarrolle todo su potencial en la producción y supondría “una oportunidad perdida de generación de valor para Chile y el mundo”.

Al contrario, el Gobierno chileno ha defendido sus políticas como una oportunidad de crecimiento del sector.

Argentina

Con más de 35.000 toneladas de producción anual de carbonato de litio, Argentina tiene el 4,7% del mercado mundial del litio y es el cuarto productor después de Australia (47%), Chile (30%) y China (14,6%), según la USGS. 

Sin embargo, el país vive una explosión de nuevos proyectos empresariales que suman al menos 38 y permitirían el incremento de su producción incluso hasta desplazar a la producción chilena del segundo lugar mundial, según analistas.

“La independencia de acción otorga a los gobiernos provinciales cierta independencia de los riesgos de inversión y económicos que presenta la Nación”, según publicó la experta Patricia Vázquez, en el reciente estudio “El litio en Argentina: ¿panacea o solo una buena oportunidad?”.

El Código de Minería señala que los yacimientos de litio son del Estado, pero pueden ser desarrollados en concesiones a perpetuidad si se cumple con el pago de un canon anual, la presentación de un plan de inversión y se mantiene la actividad en la mina.  Las compañías pagan a las provincias un 3% de royaltie, además de los impuestos nacionales. Además, la Ley de Inversiones Mineras otorga estímulos para la inversión minera y una estabilidad fiscal de 30 años, el Régimen de Fomento de Inversión para Exportaciones permite acceder a dólares en el Banco Central. Pero, además, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que es considerado como un impulso fuerte para atraer a los gigantes de la minería y competir con Australia y Chile. 

Las empresas chinas pisan fuerte

El camino de Argentina con el litio comenzó en 1997 con la estadounidense FMC Lithium produciendo carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, después de que esa firma con el nombre de Lithco decidiera en 1992 retirar su proyecto en el salar de Uyuni de Bolivia, debido a los conflictos políticos regionales que hicieron inviable su presencia.  

 Desde el 2018, la FMC Lithium operó con el nombre de Livent Corporation en Argentina y este 2024 esa firma se asoció a Alkem para dar nacimiento a Arcadium Lithium, con una capacidad de producción anual de 52.000 toneladas de LCE.

En la actualidad, la capacidad instalada de producción en Argentina ha crecido hasta las 136.500 toneladas de LCE, el triple de hace dos años, tras la reciente puesta en marcha de la planta de Centenario Ratones (Salta), de la franco-china Eramine Sudamérica.  La sociedad producirá 24.000 toneladas de LCE con Extracción Directa del Litio (EDL), con una inversión de 870 millones de dólares. Se trata de la cuarta planta en funcionamiento después del Proyecto Fénix, del Salar del Hombre Muerto (Catamarca); al Salar de Olaroz (Jujuy) y Cauchari Olaroz (Jujuy).

China es la principal consumidora de carbonato de litio en el mundo. Las firmas chinas Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium están entre las cinco productoras mundiales del litio y otras empresas de ese país “controlan el 60% del refinado de esa materia prima, el 70% de la elaboración de baterías, y el 60 por ciento de la fabricación de componentes de baterías”, indica la analista Juliana González en un estudio sobre esa presencia china.

Entre el 2020 y el primer cuatrimestre del 2023, los anuncios de empresas chinas de fusiones y adquisición de participaciones relacionadas con el litio en Argentina sumaron 1.746 millones de dólares, un 22 % del total de los anuncios que sumaron 7.711 millones de dólares, agrega. 

Otros datos indican que las exportaciones argentinas de litio sumaron 695 millones de dólares en 2022 gracias a los precios récord alcanzados ese año.

Según los pronósticos de la Secretaría de Minería de ese país, cuando “los proyectos más avanzados comiencen a producir, y los que ya producen finalicen las expansiones en curso”, las exportaciones de litio podrían llegar a 8.730 millones de dólares en 2030 con una producción anual de 275.000 toneladas de LCE, indica González.

“Economía desinflada con grandes anuncios”

Pese a la cartera de proyectos y las millonarias inversiones anunciadas, expertos argentinos cuestionan que la explotación del litio no esté ayudando a solucionar los problemas económicos, ni la pobreza en Argentina. Una de las voces críticas es la del presidente de Cámara Latinoamericana del Litio (Cabalmerica), el argentino Pablo Rutigliano, para quien el modelo aplicado en su país no está impactando en la economía nacional. Debido a los precios bajos del litio que se pagan en las plantas de producción “las provincias son pobres” y “los que están ganando están fuera del país”, dijo.

“En el caso de Argentina, exporta 30.000, 35.000 toneladas anuales con un modelo privado muy cartelista y eso no genera ningún impacto en la economía, o sea, tenemos una economía desinflada con grandes anuncios, pero que todavía no mueve la rueda de lo que representa la construcción económica del país”, sostuvo el economista para este reportaje.

El precio del carbonato de litio está actualmente en 13.000 o 14.000 dólares por tonelada, pero la retribución sigue siendo desigual, agregó y citó como ejemplo que en 2022 cuando el mercado internacional pagaba hasta 84.000 dólares por tonelada, en Argentina se vendía a 6.500 dólares. “Sin una distribución equitativa eso significa el incremento de la pobreza”, sostuvo Rutigliano, que ha defendido la importancia de la unidad de los países del Triángulo del Litio, y de los otros productores de litio de la región, para ser formadores de precios, como una “OPEP del litio” para lo que sería necesario considerar al litio como un commodity. 

Explicó que la Cámara Latinoamérica busca que los partidos políticos de los tres países comprendan que al ser los depositarios de los grandes yacimientos de litio juegan un rol geopolítico para determinar los precios del metal tan requerido en el mundo para la transición energética con el propósito de tener un impacto social y combatir la pobreza.

“Que cada país implemente el modelo interno que quiera, pero siempre protegiendo ese vector de formar los precios en conjunto por más que después estructuralmente, políticamente, jurídicamente tengan diferentes canales, pero creo que nos debemos unificar todos juntos en un punto, que es ser formadores de precios”, subrayó.

“Uno puede nacionalizar, pero yo creo que la protección más importante es el precio, que es lo que representa la cadena de valor”, insistió.

 

* Esta es la segunda parte del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación