Un modelo para Bolivia: Cliza, transformando aguas residuales en recursos

El silencio se quiebra con el susurro de los maizales. La brisa no solo hace bailar los cultivos, sino que despeina algunos cabellos blancos de Severino Foronda, un hombre moreno de aproximadamente 65 años. El barro en sus botas y el paisaje anuncian que el tiempo de riego está en pleno curso. Por ello, Severino espera su turno para conducir las aguas tratadas de la planta de tratamiento de aguas residuales más antigua de Cliza: la planta de Villa El Carmen.

Esta planta, que lleva 11 años en funcionamiento, fue la primera instalada en el municipio. Inicialmente se desarrolló a través del proyecto “Agua y Saneamiento para Zonas Periurbanas de Bolivia” y continuó su implementación con “Modelos de Saneamiento Descentralizados en Bolivia”, una iniciativa que plantea una alternativa al modelo convencional de saneamiento básico en el país mediante la instalación de plantas de tratamiento descentralizadas en zonas alejadas de Tarija, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

La evolución del saneamiento en Cliza expone una problemática más profunda en Bolivia: la brecha entre el acceso al agua potable y al saneamiento básico. En 2020, la cobertura de agua alcanzaba el 88 %, pero el saneamiento solo llegaba al 62 %. En 2022, el entonces viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda  anunció la meta de alcanzar un 74 % de cobertura para 2025. Sin embargo, hasta 2024, la cifra apenas aumentó al 65 %, según datos publicados en la cuenta de Facebook  del presidente Luis Arce.

Esta diferencia es aún más notoria en zonas rurales y periurbanas, donde el acceso al saneamiento apenas llega al 45 %. Incluso en ciudades como Cochabamba, el porcentaje no es mucho mejor. Cliza es un municipio periurbano de la ciudad ya mencionada y revela un pasado marcado por la falta de soluciones en saneamiento. Severino recuerda que antes de la instalación de las seis plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) el panorama era complejo. “Había algunas casas que sacaban el agua de la ducha a la calle”, comenta.

Según las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, el país debería alcanzar en 2030 una cobertura no solo universal y equitativa, sino también adecuada. Sin embargo, Irma Peredo, experta en agua potable y saneamiento básico de UNICEF, comenta que Bolivia no tiene una buena proyección. “Si seguimos al ritmo que estamos, llegaríamos aproximadamente en 2060 a cumplir las metas; es decir, 30 años más tarde”, señala.

Ante el panorama, una de las opciones es reajustar el enfoque e implementación de los servicios básicos. Desde 2011, Cliza ha impulsado la instalación de plantas descentralizadas beneficiando no solo a los pobladores mediante el tratamiento de aguas residuales y el cierre del ciclo del agua, sino que, gracias a un compromiso interinstitucional entre la alcaldía del municipio, la Fundación Aguatuya y la Embajada de Suecia, logró tratar el 100 % de las aguas residuales conectadas a una red de alcantarillado, convirtiéndolo en un modelo a nivel nacional.

Un enfoque integral: modelos descentralizados de saneamiento básico

Después de un breve intercambio de palabras sobre una futura planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el alcalde del municipio de Matarani se dispone a abandonar la sala de reuniones de la Fundación Aguatuya. Renato Montoya, director ejecutivo de la fundación, retoma la conversación y me explica que esta iniciativa no es solo un proyecto más. Se trata de una solución descentralizada de saneamiento que propone un cambio de enfoque: priorizar la sostenibilidad, el reuso de recursos y, sobre todo, ofrecer alternativas al modelo convencional para responder al rápido crecimiento de las ciudades.

“En algunas zonas no hay servicios básicos porque la planificación de las ciudades ha sido rebasada. No hay capacidad del sistema municipal o del Gobierno central de poder satisfacer esta demanda. Entonces, la planificación de los servicios básicos tiene que ser diferente”, enfatiza Montoya.

El caso de Cliza es un ejemplo claro. Este municipio, catalogado como zona No Concesible debido a su dispersión poblacional o por concentrar menos de 10.000 habitantes, apostó por implementar plantas descentralizadas. Entre la PTAR de Villa El Carmen, Surumi y Ucureña la distancia no es más de 7 a 10 minutos en auto. Son de extensión pequeña, cómodas para observar y caminar. Su tamaño corresponde a las necesidades de función del modelo. Atender a la población por sectores menores a 10.000 habitantes.

Guido Meruvia, oficial de programas de medioambiente de la Embajada de Suecia, institución que ha impulsado el modelo de Saneamiento Sostenible Descentralizado (SSD) en Bolivia, señala que una solución a las brechas históricas en saneamiento es combinar los distintos sistemas existentes y optimizar los costos. “Si seguimos pensando en modelos convencionales, hablamos de planes de 1.000 o 2.000 millones de dólares que nunca se implementarán”, advierte.

El modelo convencional de saneamiento enfrenta serias dificultades en costos de instalación, operación y mantenimiento de estos sistemas, incluyendo plantas de tratamiento. A esto se suman problemas como la alta generación de lodos fecales y residuos químicos, emisiones de CO₂, la falta de recuperación de nutrientes y la nula participación y concientización de la población. En el caso boliviano esto se agrava debido a una institucionalidad debilitada, falta de coordinación entre los actores responsables y problemas como retrasos y escasa transparencia en los proyectos según una reciente investigación.

Como resultado, muchos proyectos en el sector son ineficientes, insuficientes o han sido abandonados, y rara vez incorporan un enfoque integral de cierre de ciclos. Según el documento “Modelo de Saneamiento Sostenible Descentralizado Urbano” de 2024, de las 171 plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en Bolivia, solo 48 operan de manera óptima.

En ese sentido, la propuesta del SSD intenta responder a estas limitaciones, tomando cuatro puntos fundamentales: la demanda, la tecnología y construcción, la gestión operativa y social, y la reutilización de recursos para cerrar el ciclo del agua y los nutrientes. Este enfoque sostenible e integral comenzó a desarrollarse en Bolivia a través del Nodo de Conocimiento de Saneamiento Sostenible Descentralizado (NSSD), una plataforma de conocimiento que surgió como iniciativa de la Cooperación Sueca en el país.

Desde su pantalla, Betty Soto, excoordinadora del NSSD y experta en agua y saneamiento, me muestra una bolsa de humus producido en la planta de lodos de Montero. “Ya están produciendo. Todo ese aprendizaje inicial del nodo, mire a lo que ha llegado”, dice con orgullo, explicando que ese humus ahora alimenta las plantas en su hogar.

La tarea principal del nodo fue difundir este enfoque, llegando a articular con otros actores, quienes, actualmente, a través del conocimiento y otros procesos lograron cerrar los  ciclos obteniendo fertilizantes, abonos y agua para riego, como es el caso de Cliza o Montero.

La Fundación Aguatuya desempeñó un papel clave en la segunda fase del NSSD. Con experiencia previa en el enfoque y la construcción de baños ecológicos, surgió una nueva duda, el elemento central para completar la cadena de saneamiento, las plantas de tratamiento. Junto a la Embajada de Suecia y tras estudiar modelos de países como Alemania y Suecia, impulsaron plantas piloto que más tarde se convertirían en referentes para impulsar PTARs en Cliza.

“Veíamos que los baños podía obtener un impacto aún más grande con las plantas y lo que se trató de hacer era ver una pequeña experiencia en un sector muy pequeño de la zona sur de Cochabamba, y se vio que de las plantas descentralizadas podrían ser una opción real”, añade Meruvia.

Un modelo replicable en Cliza

El camino hacia Cliza, a una hora del centro de la ciudad, está salpicado de paisajes cambiantes. Árboles, cerros lejanos y pequeñas casas, algunas más dispersas que otras que se mezclan con una laguna en la mitad del trayecto. A 44 kilómetros de las afueras del centro, el municipio se extiende sobre 56,5 kilómetros cuadrados, divididos en seis distritos: Cliza, Huasa Calle, Ucureña, Norte, Santa Lucía y Chullpas, y cuenta con 25 mil habitantes.

La primera planta de tratamiento que visitamos está a pocos minutos del centro urbano. Cercada por mallas metálicas, la instalación se alza en medio de maizales que evocan la historia agrícola del municipio, con un contraste vibrante entre el verde de los cultivos y el azul del cielo. Entre el canto persistente de las cigarras y el zumbido de los tamices de la planta, la voz de Severino se entremezcla para contarme que, tras regresar de un viaje, se enteró que la planta se encuentra en la fase de planificación. “Mi esposa participó (en el proyecto)”, menciona.

En los años 90, Cliza contaba con cuatro plantas de tratamiento ubicadas en Surumi, Huasa Calle, San Isidro y Ucureña. Sin embargo, estas instalaciones nunca cumplieron su propósito. Para 2005, habían sido abandonadas y dejaron de funcionar por completo. Desde entonces, las aguas residuales del municipio continuaron descargándose directamente en fuentes de agua, como ríos, agravando la contaminación y consecuencias medioambientales y de salud.

“Eran como piscinas de recolección de esas aguas, lo único que se hacía era separar los sólidos de los líquidos y se soltaba. No había tratamiento. La alcaldía no tenía la capacidad para manejar estos espacios”, recalca el alcalde de Cliza, Juan Limberth Andia

La Ley N.º 031 de Descentralización y Autonomías establece que la responsabilidad de implementar proyectos de saneamiento básico recae en los diferentes niveles de gobierno, según la clasificación de la zona como concesible o no concesible. En áreas como Cliza, determinadas como no concesibles, las Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) suelen ser insuficientes, y los recursos y conocimientos necesarios para abordar estas necesidades son limitados en los municipios.

Edwin Terceros, director de planificación de la alcaldía de Cliza, recuerda haber participado en la construcción de las cuatro plantas originales, pero que por cuestiones de operación/gestión, y falta de conocimiento tanto de operadores como de la población, el proyecto fracasó. Años después, Terceros conoció las plantas piloto impulsadas por la Fundación Aguatuya y buscó establecer un convenio para la construcción de la primera planta en Villa El Carmen.

“Como yo también era parte del problema, tuve que buscar alguna solución. En 2011 encontramos a Aguatuya. Habían construido una planta modelo en Lomas del Pagador, en Cochabamba. Desde ahí comenzamos a trabajar juntos”, relata. Al mismo tiempo, la planificación estratégica del municipio evidenciaba otras inquietudes de la población, como el desorden en la provisión del servicio básico, uso inadecuado del uso de agua y el consumo humano que generaba conflictos entre el agua como consumo humano y el riego para cultivo.

Sin embargo, los antecedentes de la ineficiencia de las cuatro plantas fueron un agravante para el rechazo de la comunidad. “Tuvimos que soportar las pedradas que nos lanzaron para botarnos de este lugar. Al final insistimos y llevamos a un grupo de pobladores a Lomas del Pagador para mostrarles (las plantas). Ahí surgió el cambio, pero todavía mucha gente se resistía”, cuenta Terceros y añade “llegamos a un trato, (les) dijimos: ‘la comunidad también se va a beneficiar de este servicio’”.

Mientras señala una pequeña construcción para reuniones al ingreso de la planta, Severino recuerda que durante el primer año de funcionamiento de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) se realizaron numerosos talleres comunitarios. “Varios talleres hemos hecho. Ha venido un doctor. Nos ha explicado cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que poner los chupadores para regar, aquí han venido”, recuerda.

Varios actores involucrados en la implementación desde este enfoque coinciden en que el éxito de estos proyectos radica en el trabajo directo con la comunidad y su participación activa. En este marco, aplicaron el enfoque DESCOM, un instrumento diseñado para involucrar a los diferentes actores desde el inicio de cualquier proyecto de servicios básicos. Este modelo no solo busca generar resultados técnicos, sino también fortalecer la relación entre la comunidad y las soluciones de saneamiento, garantizando así su sostenibilidad a largo plazo.

De la negación a la demanda

Aunque la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cliza, en la zona de Villa El Carmen, comenzó a implementarse en 2011, no fue hasta 2013 que se completó la construcción de sus cinco módulos. El proyecto, con un costo total de 533.950 USD, se concretó gracias al esfuerzo conjunto: un 50 % de aporte financiero de la Cooperación Sueca y el otro 50 % financiado por el municipio.

Durante esos años, muchos comunarios comenzaron a interesarse por el potencial del agua tratada para regar sus cultivos, especialmente en un municipio que sufre estrés hídrico. Antes de la instalación de las plantas, un diagnóstico municipal ya había señalado que “el municipio tiene una vocación agrícola especializada en la producción de maíz. Debido a esta producción y a la baja precipitación pluvial, existe una gran demanda de agua para riego y, por lo tanto, el reúso de las aguas residuales tratadas se convierte en un recurso altamente valorado”.

Siendo Severino el primer beneficiario del sistema de riego con aguas tratadas, me cuenta que ha sido un proceso largo para la aceptación de la gente, pero que después de reutilizar el agua muchos otros comunarios en zonas alejadas exigieron la instalación de PTARs. “Se han puesto contentos pues, cuando ha funcionado recién la gente ha abierto los ojos.Yo cuando me encuentro con la gente siempre les recomiendo. Y ya piensan, pues”.

El beneficio de contar con aguas tratadas para el riego y el control de los olores fue el punto clave para que en el municipio no solo se exijan las plantas sino para una posterior participación en el modelo de gestión para el mantenimiento de las plantas a través del aporte económico y el tarifario.

De acuerdo a Montoya, los procesos de los sistemas de saneamiento reducen los olores cuando tiene un buen funcionamiento. Además, este modelo de saneamiento se basa en procesos naturales, ya que se cuentan con reactores anaerobios y biofiltros de grava horizontales o verticales los cuales se encargan de eliminar los contaminantes y reducir el olor.

_{PTAR de Villa El Carmen, cámara desgrasadora, biorreactor anaeróbico y biofiltros de grava.}

Por su parte, Limberth, señala que actualmente la población de las zonas más alejadas está exigiendo la construcción de otras dos plantas. Según la planificación estratégica de escalamiento, el municipio tiene como meta alcanzar la cobertura del 100 % del territorio, y con la construcción de estas plantas se estaría llegando al objetivo.

Severino me dice que algunos de los regantes de zonas más alejadas se le acercan para pedirle agua para su cultivos. Mientras habla, desvía la mirada hacia un punto detrás de él y, con un gesto de su hombro, señala el lugar desde donde fluye el agua para el riego. “Exigen ya, porque es útil, pues. Por ejemplo, allá, hay un lugar que se llama Ayoma, ellos ya están tramitando. Creo que falta un terreno no más, un espacio para hacer una planta”, comenta.

¿Una solución al estrés hídrico?

He visitado tres de las seis plantas de tratamiento que existen en Cliza. En cada una, los maizales rodean las instalaciones. En cada paso el aire se siente más denso y la temperatura parece aumentar. Es diciembre, y aunque la temporada de lluvias debería comenzar, los vecinos me cuentan que las precipitaciones aún no llegan. El cambio climático ha acentuado la sequía, reduciendo aún más los recursos hídricos que ya escasean. Según datos del municipio, esta situación afecta al 6,55 % de la población que depende directamente de la agricultura.

“La demanda de agua ha superado el crecimiento demográfico, y más de la mitad de la población experimenta escasez de agua durante al menos un mes al año”, señala un artículo que revisé antes de mi visita.

Cliza, una región subandina conocida que supera los 27 ºC en verano. Sus lluvias, escasas y concentradas entre noviembre y febrero, apenas alcanzan los 500 a 700 milímetros anuales. Es en estos meses cuando inicia la campaña de verano, la etapa crucial para el cultivo de maíz, donde la planta empieza a desarrollarse. Al salir del centro urbano el aire se respira más ligero, más en contacto con el pasado del municipio, antes conocido como ‘el granero de Bolivia’.

El sonido persistente en la parte trasera de la PTAR de Villa El Carmen me conduce hasta una pequeña bomba de agua roja que extrae el agua ya tratada del canal de riego y la transporta hasta desembocar en una parcela de cultivo. Entre esos caminos estrechos, cubiertos de maizales, pequeñas flores amarillas, el murmullo del agua y el sonido de los insectos, encuentro a Bertha Ortiz: una mujer de pollera, de contextura mediana, que lleva el almuerzo para el encargado del riego. Ella es otra beneficiaria del proyecto y la dueña del terreno que está siendo regado. Es su turno para usar el agua. Posteriormente otro vecino aprovechará el recurso, la manguera y la bomba.

“Como no está lloviendo, está entrando sequedad (en el maíz), tal vez por el calor”, me dice, mientras recuerda el inicio del proyecto: “Para regar va a servir; es agua purificada, así nos han dicho. Sirve siempre esta agua.”

La planta de Villa El Carmen atiende a 10.000 personas del centro urbano, quienes reutilizan el agua para regar sus parcelas en los alrededores de la instalación. En Bolivia el uso de aguas residuales para el riego es una práctica común. Según un estudio del Banco Mundial se estima que el 86% de los cultivos son regados con aguas residuales, ya sean tratadas o no. Además, en el país no existe una ley que regule el uso adecuado de las aguas tratadas. Estos aspectos conllevan riesgos significativos para la salud y el medio ambiente debido a los componentes químicos y microbiológicos presentes en el agua.

Además, el uso inadecuado de estas aguas, combinado con fertilizantes químicos, agrava problemas como la eutrofización y la hipoxia. Estos procesos de contaminación reducen el oxígeno y deterioran la calidad del agua, disminuyendo la disponibilidad de agua dulce y afectando los ecosistemas acuáticos. El riego con aguas residuales también puede causar salinización y desertificación de los suelos, afectando su estructura y productividad a largo plazo. A pesar de ello, estas aguas pueden aportar nutrientes esenciales como calcio, magnesio, nitrógeno y fósforo, siempre y cuando cumplan con parámetros de calidad.

La calidad del agua tratada dependerá de tecnologías adecuadas que no sólo respondan a la necesidad económica, sino a la adaptación del contexto geográfico y a las necesidades de la población para el reuso de los recursos obtenidos. En el caso de Cliza, todas las tecnologías fueron adaptadas para dar como resultado agua para el riego de cultivos de tallo alto. Ninguna de las plantas cuenta con procesos de desinfección, lo que limita el uso del agua a cultivos específicos y bajo ciertas condiciones.

Según la directora de comunicación de la Fundación Aguatuya, Lourdes Valenzuela, los aspectos relacionados con la desinfección no son necesarios en el caso de Cliza, ya que el riego solo es para cultivos de plantas de tallo alto.

“Hemos visto tecnología de España, Brasil, Suecia, Estados Unidos, ver un poquito que se podía aplicar por aquí hay dos elementos importantes:  ver qué tipo de tecnología se puede adaptar, y el otro elemento, es que los costos de operación y mantenimiento tienen que ser accesibles”, explica Meruvia y menciona que el gran reto es realizar la pruebas de que tecnología cumple con los parámetros de calidad buscados.

En ese sentido, el control y monitoreo serán esenciales para obtener agua de calidad. A pesar de que en Cliza se realizan controles trimestrales en las seis plantas mediante el monitoreo de Aguatuya, existe un riesgo moderado en la aplicación de aguas tratadas para el riego de los cultivos, pero no en la salud de los pobladores, según un estudio de 2024. La planta de Ucureña ha demostrado los mejores resultados en cuanto a la calidad del agua.

El debate sobre la utilización de estas aguas para cultivos aún sigue siendo amplio. Por lo tanto, si bien estas aguas pueden usarse para tiempos con poca disponibilidad de agua, esta debe cumplir con estrictos estándares o limitar su uso. En el caso de Cliza, este debe limitar su uso alternado con otras fuentes de agua, es decir, que los comunitarios lo usen solo cuando el líquido escasee.

“El riego no es permanente, es complementario porque en época de lluvias se utilizan en sus canales de riego”, comenta Montoya.

Sin embargo, debido a sus características de nutrientes recuperados para Severino el cambio en los alrededores de la PTAR de Villa El Carmen le muestra una transformación en el paisaje productivo “como aquí no llega tanto el agua de las alturas, entonces hemos regado con eso y hemos aprovechado. Aquí ya no daba el maíz, pero como hemos regado, ha dado bien el fruto. Desde esa temporada estamos utilizando estas aguas”.

Municipio saludable

En 2022, Cliza fue reconocido como un municipio comprometido con la salud, integrándose al programa internacional "Municipios Saludables" impulsado por la OPS. Este programa promueve estrategias para fortalecer la promoción de la salud en la región, abarcando acciones enfocadas en la salud pública, la educación sanitaria y el desarrollo comunitario.

Antes de la instalación de las plantas de tratamiento, las aguas servidas desembocaban no solo en los cultivos, sino también en el río Cliza, que a su vez fluye hacía la Laguna Angostura, cuyas aguas son usadas para el riego. Además, en su recorrido, estas aguas contaminadas eran utilizadas para el riego en distintas comunidades, lo que se puede traducir en un riesgo tanto medioambiental como para la salud.

En Bolivia, el acceso al saneamiento básico es un derecho fundamental, reconocido en el Artículo 20 de la Constitución Política del Estado. Este establece que toda persona debe contar con servicios básicos universales y equitativos para garantizar derechos esenciales como la salud, educación, trabajo, alimentación, cuidado del medioambiente y equidad de género.

A pesar de ello, hasta 2021, alrededor de 2,7 millones de bolivianos carecían de una solución de saneamiento, y 935 mil no tenían acceso a baños, exponiéndose a graves riesgos sanitarios. Además, se estima que solo el 30 % de las aguas residuales en el país llegan a una planta de tratamiento.

Guido Meruvia recuerda que la primera vez que visitaron el municipio las lluvias arrastraban aguas residuales hacia los cultivos. “Los comunarios utilizaban esta agua porque tenía muchos nutrientes para producir choclos, pero ¿se imagina la cantidad de patógenos que contenía? ¿Y los impactos para la salud y el medio ambiente?”, reflexiona.

La instalación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) desempeña un papel esencial para reducir las enfermedades asociadas con los recursos hídricos no tratados. La exposición a la contaminación fecal y el uso de aguas servidas en parcelas de cultivo pueden causar enfermedades digestivas, incluidas las enfermedades diarreicas agudas, que afectan principalmente a menores de cinco años. Según Irma Peredo, las consecuencias pueden ser aún más graves. “No es solo la diarrea; también hay afectaciones al desarrollo del cerebro, las conexiones cerebrales y el aprendizaje. Además, la tasa de mortalidad infantil aumenta, alcanzando 5,6 muertes por cada 100,000 niños”.

Estas condiciones tienen un impacto considerable en Cliza, ya que el 45.8% de sus habitantes son infanto-juveniles.

Mientras el alcalde rebusca en sus recuerdos, me comparte cómo solía considerar el manejo de desechos un tema trivial, hasta que conversó con una italiana. “Ella me dijo: ‘Ustedes se contaminan a sí mismos’. Y me puso de ejemplo cómo hacíamos nuestras necesidades al aire libre y cómo el viento propagaba los contaminantes. Eso realmente me hizo pensar”, confiesa.

Según la Secretaría de Salud de Cochabamba, el 70% de las enfermedades que afectan a los cochabambinos en los 48 municipios pueden prevenirse, muchas de ellas relacionadas con problemas digestivos provocados por aguas no tratadas.

Los sistemas de saneamiento eficientes también son un modelo costo-beneficio importante: en Latinoamérica y el Caribe por cada dólar invertido en saneamiento, se ahorran 7.30 dólares en gastos de salud. Las infecciones derivadas de la contaminación fecal incluyen diarrea, cólera, tifoidea, poliomielitis, meningitis y hepatitis, todas ellas con un impacto desproporcionado en la infancia.

La doctora Gladys Ricela Torrico, del Hospital de Cliza, señala que, aunque no hay datos estadísticos específicos, las evaluaciones anuales de los últimos cinco años muestran un cambio en el perfil epidemiológico del municipio. Las enfermedades digestivas han disminuido, mientras que los casos de enfermedades crónicas han aumentado.

“Con el saneamiento, obviamente se reducen las infecciones, y esto se ha evidenciado en nuestro municipio. Si además promovemos la prevención mediante la potabilización del agua, evitamos el riego con aguas servidas, fomentamos el lavado de manos y cuidamos la limpieza de las verduras, podríamos reducir aún más estas enfermedades. Incluso podríamos controlar la proliferación de moscas, que también son transmisoras”, explica.

El cierre del ciclo de los nutrientes: la planta de lodos

En 2016, un intercambio de experiencias entre Bolivia, Suecia y representantes de Cliza marcó el inicio de la gestión para la construcción de una planta de lodos fecales en el municipio, una de las primeras de este tipo en el país. Tres años después, en 2019, la planta estaba lista, con el objetivo de tratar los desechos provenientes de las plantas de aguas residuales y los pozos sépticos.

Según el plan estratégico municipal, hasta 2018, el 72 % de la población de Cliza contaba con una red de alcantarillado combinado, donde las mismas tuberías transportaban tanto aguas residuales como pluviales. Otro 5 % usaba pozos sépticos, aunque no se conocía el destino final de los residuos recolectados, y estos pozos solo se limpiaban cada cinco o seis años. Un 1 % recurrían a la defecación al aire libre, mientras que el 22 % dependía de pozos ciegos, sin un sistema adecuado de disposición final, lo que resultaba en abandono y contaminación.

En el mismo documento, el municipio planteó como meta el tratamiento del 100% de sus aguas residuales, lo que implicaba cerrar el ciclo del saneamiento con el tratamiento de los lodos fecales hasta su reutilización como fertilizante para cultivos, un recurso que devuelve nutrientes a la tierra. Según datos de Aguatuya, la planta de lodos produce alrededor de 40.000 litros de ecofertilizante al año, un insumo clave en esta estrategia circular.

“El 2014 nos reunimos con la cooperación sueca y cuando comentamos que tenemos ya una planta en funcionamiento, ellos nos dijeron: ‘Ustedes van a participar en los diferentes talleres que se van a hacer con países de África y Asia.’ Ahí vimos que algunos países habían cerrado el ciclo del agua. O sea, ya no se habla de residuos, sino de recursos.” explica Terceros. En 2016, la jefa de cooperación para América Latina de la Embajada de Suecia visitó Cliza y propuso construir la planta de lodos. “Nosotros de inmediato ofrecimos el terreno y todo lo necesario por nuestra parte”, recuerda.

El enfoque del saneamiento descentralizado tiene el objetivo de poder ser integral y sostenible para el medioambiente. En este sentido, el cierre del ciclo y la recuperación de nutrientes se ha impulsado a través de otras experiencias, como en Montero, Santa Cruz, produciendo humus para su comercialización, y en La Paz con fertilizantes a partir de orina, procesos que requieren tratamientos específicos para eliminar patógenos.

En Cliza, el tratamiento de lodos comienza con su transporte mediante una cisterna. Luego, el material pasa por tanques receptores y reactores aerobios, donde se recircula y airea, alcanzando temperaturas de hasta 55 °C para eliminar patógenos. Este proceso, que dura 14 días, se realiza por lotes y culmina en la producción de Villacar, un ecofertilizante líquido que los agricultores reciben dos veces al año para las temporadas de siembra.

Este producto es un insumo para combatir el Chaki Onqoy (marchitez seca), una enfermedad causada por dos diferentes hongos que afectan los suelos de las zonas productoras de maíz, como Cliza y Toco. Según una cartilla de PROINPA, la fundación encargada de garantizar la calidad del fertilizante, este hongo afecta al 50 % de los cultivos y puede provocar pérdidas de hasta el 70 % en la producción de maíz y el 44 % en el peso del follaje.

La enfermedad ataca las raíces y el suelo, dejando a las plantaciones marchitas, con tonos amarillos y verdes opacos, antes de morir prematuramente. Durante mi recorrido entre los maizales, noto que algunos tallos ya han dado fruto, y el verde intenso sugiere que el cultivo está prosperando. Sin embargo, no todos comparten la misma opinión.

Para Bertha, quien es una de las beneficiarias del ecofertilizante y el compost distribuidos por la alcaldía, los resultados aún no son visibles. “De la parte de abajo se está volviendo amarillo”, dice mientras señala los tallos inferiores de sus cultivos. Su mirada refleja dudas frente a los efectos prometidos contra el Chaki Onqoy.

Meruvia menciona que las pruebas que se están realizando junto a Aguatuya y PROINPA todavía se encuentran en una etapa demostrativa. “No ha sido fácil. Probar algo nuevo muchas veces cuesta, pero frente a la necesidad, los productores dijeron: ‘Ya, utilizaremos.’”

_{Bombeo de lodos. Foto de cortesía de la Fundación Aguatuya}

La construcción de un modelo de gestión y el compromiso municipal

La alcaldía se encuentra frente a la plaza de Cliza y estamos cerca de la navidad. El sonido de las luces navideñas interrumpen el silencio en medio de  las preguntas y algunas experiencias propias del alcalde. Limberth me explica que los proyectos impulsados en el sector de saneamiento responden a una visión del desarrollo humano para su región.”Cuando hablamos de desarrollo humano, no es solo darle cultura. Desarrollo humano también calidad de vida y parte fundamental son los servicios básicos”, enfatiza.

Cliza ha demostrado un compromiso con las soluciones de saneamiento. A diferencia de otras regiones incluidas en el proyecto de Modelos Descentralizados, este municipio impulsó la creación de su Planificación Estratégica Municipal  y de saneamiento para el escalamiento de estos modelos con apoyo técnico de Aguatuya. Este documento determina metas a corto, mediano y largo plazo, asegurando la continuidad del proyecto más allá de una gestión gubernamental específica.

En ese sentido, el desafío tras la implementación de las seis plantas descentralizadas fue establecer un modelo de gestión sostenible. Según Soto, experta en estos modelos, esta etapa es crucial para garantizar el éxito en cualquier proyecto de saneamiento. En Bolivia este aspecto dentro de los modelos convencionales sigue representando un reto significativo. En 2019, Unicef Bolivia mencionaba que el gobierno presenta problemáticas alrededor de las instalaciones de saneamiento básico por la mala gestión y sostenibilidad.

Para lograr sostenibilidad, Montoya, explica que es vital identificar a los responsables en cada etapa: primero, el dueño de la propiedad, encargado de la calidad del servicio y la sostenibilidad económica y ambiental; segundo, el equipo operativo encargado del mantenimiento de las plantas; y tercero, el servicio técnico y de monitoreo. Estos pasos abarcan aspectos clave como la recolección, transporte y disposición final de los recursos. En Cliza, esta última etapa recae en la comunidad a través de asociaciones de regantes.

“La sostenibilidad puede ser administrativa y financiera, pero también operativa. Por eso trabajamos no solo en construir infraestructura, sino en el relacionamiento con los actores. Esto garantiza la viabilidad a futuro.”, detalla Montoya.

En Cliza, el modelo de gestión de las plantas descentralizadas es mixto. La alcaldía, a través de la Unidad de Saneamiento Básico de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, administra las plantas de Surumi, Zona Norte y Villa El Carmen. Mientras tanto, las comunidades de San Isidro, Huasa Calle y Ucureña gestionan sus instalaciones mediante Comités de Agua Potable y Saneamiento. Estos comités cobran tarifas de agua potable y alcantarillado a los usuarios para cubrir el mantenimiento y monitoreo que realiza la Fundación Aguatuya.

“Tenemos convenios tripartitos: beneficiarios, alcaldía y Aguatuya. Entonces fundamentalmente los hemos involucrado antes los beneficiarios, jóvenes, mujeres participan en la directiva, en los trabajos, hacemos talleres en las diferentes unidades educativas para concientizar el manejo y la corresponsabilidad”, explica Terceros.

El sistema financiero para el sostenimiento de las plantas combina aportes de la alcaldía y las tarifas de los pobladores, quienes pagan 1,80 bolivianos por metro cúbico de agua y alcantarillado. Los costos varían según la tecnología de cada planta. “Algunas comunidades pagan el 30 %, mientras que otras pagan hasta el 40 %”, añade Terceros.

Estoy en las alturas de la planta de Ucureña, sobre dos monstruos verdes -reactores de lodos activados- y entre los pasillos de fierro angosto, el agua debajo de mis pies se mueve como dentro de una turbina que nunca para. El encargado me comenta que esta es la última de las PTARs readecuadas, que por eso cuenta con tecnología más sofisticada y que estamos encima de los dos reactores que mantienen el proceso durante todo el día. “El costo de la energía es más alto en esta planta”, me comenta el encargado, “pero se reduce porque usamos paneles solares”, complementa. Al costado izquierdo una cama de paneles se extiende y al final de estas, se levanta una pequeña caja incrustada a un tubo se extiende, más tarde me enteraría que es un implemento para eliminar el metano que se produce dentro de los procesos de la planta.

Una de las fortalezas de este modelo es su ajuste a la realidad socioeconómica local. Los costos de operación y mantenimiento son significativamente menores en comparación con los modelos convencionales. Por ejemplo, mantener la planta de Villa El Carmen cuesta alrededor de 134 mil bolivianos anuales, mientras que una planta convencional como la de Albarrancho demanda cerca de 5 millones al año.

¿Un futuro replicable?: Entre retos y el cambio de paradigma del tratamiento convencional

Replicar y sostener este modelo en el tiempo es uno de los grandes desafíos para actores clave en el sector, como la Embajada de Suecia, la Fundación Aguatuya, Unicef, entre otros. Meruvia menciona que el reto no solo es llevarlo a otros municipios, sino adaptarlo a las condiciones técnicas, económicas, culturales y ambientales de cada región.

Si bien en Cliza la implementación de estas plantas ha marcado un cambio en la gestión del agua, cerrando los ciclos de saneamiento, nutrientes y recurso hídrico, la cobertura solo ha llegado a un 46 % del territorio, es decir, un 72 % de la población, cifras que no han cambiado desde 2018. “Estamos tratando el 100 % de las aguas residuales que llegan a la red; ya no hay vertidos sin tratamiento. Pero aún hay muchas comunidades fuera del alcance del sistema”, explica Terceros.

En ese sentido, el 25 % de las zonas alejadas no cuenta con condiciones básicas para una PTAR, ya sea por falta de alcantarillado o agua potable. Soto subraya que esto no es un caso aislado, ya que muchas regiones del país enfrentan el mismo problema. “En esos casos, hay que combinar alternativas descentralizadas, como los baños ecológicos, sin verlos como una opción de segunda”, señala.

Sin embargo, para el éxito y la réplica de estos modelos, otros factores a considerar son aspectos culturales y de capacitación. “En el país, los niveles de uso responsable que esperamos serían del 70 % u 80 %. Pero nos encontramos con que apenas llegamos al 50 %. Con capacitación, esa cifra puede subir al 70 %, pero sin conocimiento es difícil que utilicen correctamente cualquiera de las tecnologías disponibles”, detalla Soto.

Pese a los desafíos, el modelo descentralizado ha demostrado ser una alternativa viable, sobre todo en zonas donde el saneamiento convencional no es una opción. En el último tiempo, estas experiencias han generado el interés del Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, quienes recientemente mediante la Resolución Ministerial Nº 551, que entró en rigor el 18 de noviembre de 2024 han reconocido como opción viable la implementación de estos proyectos para zonas urbanas y periurbanas que no se verán beneficiadas del modelo convencional dentro de 5 o 10 años y conjuntamente han impulsado una política pública mediante la Guía para la Implementación de Modelos Descentralizados con un enfoque especial en la construcción de baños ecológicos y la atención a la salud menstrual.

 

_{Texto y edición: Brenda Villalba}

_{Fotos y vídeos: Camila Sanzetenea y Daniela Torrico}

_{Gráficos: André Villalba}

_{Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Programa de becas de ColaborAcción edición Hábitat, ejecutado con el apoyo de la Fundación Gabo, Fundación Avina y Hábitat para la Humanidad.}