Comunarios de Tariquía son escuchados en una audiencia de la CIDH

Para este viernes 7 de marzo, está programada la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos (DDHH) y ambientales en el caso que toca a la reserva Tariquía, en Tarija. La Defensoría del Pueblo confirmó su participación y advirtió un patrón de incumplimiento del Acuerdo de Escazú y de compromisos internacionales y nacionales en derechos humanos y transparencia por parte del Estado.

A solicitud de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), de la que forma parte la resistencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la CIDH concedió la audiencia.   

En el caso específico de la reserva Tariquía, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su respuesta a un cuestionario enviado por la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), afirmó que “llama mucho la atención que quienes protegen este patrimonio natural sean perseguidos o enfrenten procesos penales por ejercer su derecho a defender el medio ambiente”.

Recomendó evitar acciones que puedan ser consideradas intimidatorias, represivas o que impidan el desarrollo normal de su labor. “Resulta fundamental que no solo YPFB, sino todas las instituciones del Estado, comprendan la trascendencia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente”, dice.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia, señala que el derecho de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales debe ser garantizado y protegido por el Estado. “En consecuencia, resulta fundamental que no solo YPFB, sino todas las instituciones del Estado, comprendan la trascendencia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente”, señala Callisaya.

EL PLEITO

YPFB interpuso una denuncia penal en contra de 29 personas, entre defensoras y defensores de Tariquía, dirigentes y cívicos, por dos presuntos delitos: a) atentados contra la libertad de trabajo y b) impedir y estorbar la función pública. A pesar que la Fiscalía de Entre Ríos rechazó la denuncia, la resolución fue impugnada por la estatal petrolera y llevada a revisión ante la Fiscalía Departamental de Tarija, donde la revocaron. La defensa de 25 de los 29 denunciados presentó objeción a la determinación de la Fiscalía jerárquica por la falta de actuaciones judiciales.