Hostigan a periodista de El Deber y ANP expresa preocupación
Silvana Vincenti, con 13 años de trayectoria y especializada en periodismo de investigación y temas ambientales, enfrenta ahora presiones que ponen en riesgo su ejercicio profesional
La periodista del diario El Deber Silvana Vincenti. La periodista Silvana Vincenti, del diario El Deber, enfrenta un clima de hostigamiento tras publicar una investigación que expone el “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas de tierras indígenas en la Amazonia boliviana a favor de un país ficticio.
Luego de la difusión del reportaje titulado “Estado ficticio tienta a indígenas para que alquilen sus territorios por mil años”, Vincenti recibió llamadas y mensajes desde el extranjero, instándola a retirar la publicación de las redes del medio informativo. En un audio enviado desde el teléfono de Pedro Guasico, líder indígena de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Baure, se escucha la advertencia: “Niña, te metiste con la nación equivocada. No sabes con quién te has metido”.
Ante estos hechos, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó su preocupación, calificando la situación como un intento de censura y amedrentamiento contra la periodista y la libertad de prensa en Bolivia. La organización instó a las autoridades judiciales a tomar cartas en el asunto y a las entidades responsables de la administración de tierras a pronunciarse.
El reportaje de Vincenti señala que comunidades indígenas amazónicas, como los cayubaba, ese ejja y baure, fueron contactadas por el grupo religioso de la India, Estados Unidos de Kailasa, una nación ficticia que incluso logró participar en sesiones de Naciones Unidas. En el caso específico de la nación baure, en septiembre de 2024, varios representantes firmaron un acta de consentimiento para conceder el “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas a cambio de 108 mil dólares anuales.
Silvana Vincenti, con 13 años de trayectoria en El Deber y especializada en periodismo de investigación y temas ambientales, enfrenta ahora presiones que ponen en riesgo su ejercicio profesional y la libertad de expresión en Bolivia.
