Marcas de impunidad: Cuando la culpa es del Estado

A María Isabel Pilco el tiempo y la auditoría de una Comisión de la Cámara de Diputados le dieron la razón. El proceso legal por su feminicidio, ocurrido hace más de una década,  estuvo colmado de irregularidades que terminaron liberando de toda culpa a su expareja, David Viscarra. No importó que el informe revelara con contundencia la vulneración de al menos 10 derechos de la víctima. Tampoco importaron sus palabras plasmadas en una carta y su agonía desde la cama del hospital, luego de la última paliza que recibió.

Un certificado de defunción dice que el feminicida encontró su muerte durante la pandemia, pero Elvira Gavicha, madre de María Isabel, nunca encontró justicia. Falló el Estado porque no le garantizó una vida libre de violencia ni siquiera con las pruebas marcadas en su cuerpo. “Mi abogada me ha dicho: ‘ya que más podemos hacer, está muerto, ahí se ha terminado el caso’. Pero yo no he visto su cuerpo, tal vez le han hecho escapar, no sé (…) Al final he preferido olvidar ese trauma, pero a veces no puedo, cuando alguien me pregunta de mi hija, me acuerdo”, relata Elvira que ahora se hace cargo de su nieta de 13 años.

A Nadia Apaza la mató el sistema de justicia de Bolivia al culparla de su violación y anular su testimonio. “Estoy muerta, pero sigo respirando. He tratado durante días y meses de estar mejor, pero siempre vuelvo a lo mismo, siempre al día 20. Siempre estuvo ahí y siempre estará”. La carta de despedida de la joven periodista de 25 años evidenció el dolor de vivir como una víctima de abuso no solo ante la indiferencia sino el señalamiento de los operadores judiciales. 

“Tenemos denuncias más importantes que la tuya. Tu denuncia no procederá porque es tu culpa (…) No vas a recuperar tu integridad como mujer. Tú eres responsable por haber ido a tomar”. Según la hermana de Nadia, esta fue la respuesta que recibió cuando intentó hacer lo correcto. 

El fotoperiodista Álvaro Valero, autor del hecho, está en la cárcel. Pero ella ya no está, se quitó la vida en marzo de este año, antes de que sus súplicas pudieran encontrar algo de justicia.

El sistema judicial de Bolivia está bajo permanente escrutinio . En junio de 2019 la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard (IHRC), presentó el informe “No hay justicia para mí. Feminicidio e Impunidad en Bolivia”. En el documento, se evidencian tres obstáculos: barreras de investigación, barreras judiciales y discriminación institucional. En cada uno de ellos, se muestran casos de víctimas de feminicidio y cómo las familias se enfrentan a la burocracia de un sistema que las  revictimiza e incluso las culpabiliza de sus propias muertes. 

En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra Bolivia en el caso de Brisa de Angulo, quien fue violada y torturada por su primo cuando era adolescente. Según el organismo internacional, el Estado no la protegió y durante el proceso de investigación fue revictimizada en los servicios policiales, judiciales y sanitarios. 

Brisa tuvo que esperar 22 años para obtener justicia. La histórica sentencia significó el reconocimiento del delito en su contra, pero principalmente la posibilidad de promover cambios importantes en la legislación boliviana como la derogación del delito de estupro para ser reemplazado por violación sexual. Aunque este tema, contemplado en el proyecto de Ley 010/2023, aún está pendiente en la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.

La abogada Mónica Bayá lamenta que la medida no haya podido ser aplicada con celeridad ni tampoco otras recomendaciones enfocadas a la prevención. “Hubo muchos actos revictimizantes hacia Brisa. Una fiscal le hizo un interrogatorio sumamente agresivo, una revisión forense no tuvo el acompañamiento de sus padres, en el juzgado ante su llanto la amenazaron con expulsarla (…) Por eso la Corte establece que debe haber procesos de capacitación del personal para una atención que no incurra en estos actos que han sido calificados de violencia institucional, trato cruel, inhumano y degradante, y que lamentablemente se siguen repitiendo”.

El mayor peso sigue cayendo sobre el Estado boliviano. El ministro de Justicia, César Siles reconoce que el sistema judicial requiere de un trabajo multidisciplinario, pero también  dice que se está trabajando en reformas normativas con protocolos específicos. “Quiero destacar la generación de redes locales municipales de prevención de la violencia que están trabajando de manera articulada en Potosí  y el siguiente paso será en Santa Cruz”.

NÚMEROS ROJOS SIN PRESUPUESTO

Un problema de fondo es la reducción del presupuesto destinado a la atención, prevención, capacitación y sanción de la violencia de género. De acuerdo al Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, el porcentaje disminuyó del 2,34%, en 2023 al 1,45% en 2024, y para este año, solo es del 0,35%. 

Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, considera que esta es una muestra de que no se pone debida atención a esta problemática y lamenta que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia caiga “en saco roto”. “Es mentira que las víctimas van a acceder a una atención gratuita, sin formalismos y de manera preferencial. Es un discurso que nunca se ha aplicado en magnitud en la Ley 348. Si una víctima va en la noche a levantar su denuncia, a la una de la mañana sigue en el proceso, hay inoperancia de las instancias. Cuando una mujer escapa de la violencia, muchas veces lo hace con sus niños, no piensa en nada. Están en el frío, con hambre y no hay condiciones para atenderlas y hacerles ver que es la mejor decisión que tomaron”. 

Varios estudios coinciden en que apenas el 1% de los casos de violencia contra la mujer llegan a sentencia. La realidad es que una víctima que rompe el silencio paga un alto costo. No solo familiar o social, también económico. Muchas veces, ella debe ser su propia investigadora: conseguir testigos, cubrir honorarios y pasajes, incluso costear sus fotocopias para la denuncia. Quedarse a medio camino no es su decisión.

¿Y la empatía?

Muchas consignas en las campañas contra la violencia a la mujer hablan de “romper el silencio”, que las mujeres no se callen y “tengan el valor”. Pero, ¿a qué se enfrenta una mujer cuando presenta una denuncia? 

Para la abogada Carla Viveros, algunos funcionarios policiales y judiciales “no tienen corazón y carecen de empatía”. “Mi defendida estaba irreconocible, los ojos completamente cerrados, la cara hinchada y le salía sangre de la boca. En ese estado, la investigadora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, le dijo: ‘Señora hable bien que no se le entiende’. Pero, ¿cómo quería que hable bien si ella se estaba ahogando con su propia sangre y saliva”, cuestiona Viveros.

Si bien es cierto, que los administradores de justicia reciben preparación y talleres sobre atención a víctimas de violencia; la empatía no siempre está presente. 

Según Mirko Sokol, director nacional de la Felcv, existen mecanismos de control y evaluación permanentes al personal de esta entidad, aunque reconoce también que debido a la constante presión laboral y trato directo con las víctimas y agresores, los funcionarios policiales se encuentran sometidos a altos niveles de estrés. 

“Nuestras propias investigadoras han sido objeto de agresión física y obviamente moral por parte de estos agresores, y se ha determinado algunas terapias de contención psicológica para nuestro personal”, cuenta.