Informe revela 915 violaciones a las libertades, la mayoría contra la institucionalidad democrática

El año pasado se registraron 915 violaciones a las libertades fundamentales en Bolivia (libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica y derecho a la protesta), a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos en Bolivia, lo cual significa un promedio de 76 vulneraciones al mes o 2,5 diarias, según el informe “Libertades fundamentales e institucionalidad en Bolivia 2024”, del proyecto Sumando Voces.

En un año particularmente sensible, por las elecciones generales en puertas, el trabajo de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) a través del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos contiene recomendaciones al Estado y a la sociedad civil.

“En el año 2024 se han registrado un total de 915 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia (libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica y derecho a la protesta), a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos en Bolivia. Con esta cifra, en promedio, se registraron 76 vulneraciones por mes o, de manera más específica, aproximadamente 2,5 vulneraciones diarias en contra de las categorías de derechos monitoreadas por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas”, dice el informe.

Algunos datos

La institucionalidad democrática representa el 57% del total de las vulneraciones y es, por segundo año consecutivo, la categoría con mayor cantidad de violaciones. En tanto, los registros en libertad de prensa llegan al 17% del total y también se posiciona, por tercer año consecutivo, en la segunda categoría con mayor cantidad de vulneraciones, después de la institucionalidad democrática.

Las cifras negativas en ambas categorías muestran, por un lado, la fragilidad de la institucionalidad del Estado en temas específicos como “la presunción de inocencia, la corrupción, el acoso político u otras vulneraciones cometidas por acción u omisión estatal relacionadas con eventos específicos, como ser el fallido asalto militar en plaza Murillo”.

En comparación con los últimos cuatro años, se identifica un incremento sustancial de las vulneraciones registradas por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos. El incremento es del 19% (172 casos) con relación al año 2023, del 16% (147 casos) comparado con 2022 y del 27% en referencia al 2021 (249 casos).

El incremento del 2024, según el informe responde a “la elevación de casos en la categoría de institucionalidad democrática, que sobrepasó los registros habituales en los meses de enero y febrero de este año, debido a la alta cantidad de situaciones de acoso político por gestión compartida  de la que fueron víctimas concejalas de diferentes municipios del país”.

Las vulneraciones registradas en 2024 se concentran principalmente en los meses de enero, mayo, julio, septiembre y octubre, siendo la explicación que, en el primer mes del año, se presentó una elevada cantidad de casos de acoso político en contra de concejalas, reportados por Acobo

Responsables de las vulneraciones

El análisis se profundiza al observar quiénes son las entidades responsables de las vulneraciones a las libertades fundamentales. Desagregando estos datos en 2024, se observa que la Policía Nacional es la entidad con mayor cantidad de vulneraciones cometidas, un total de 212 (23% del total de los casos), principalmente en hechos o declaraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática y la libertad de reunión y protesta.

A esta fuerza del orden, le siguen las autoridades del Gobierno central, quienes atentaron contra la institucionalidad democrática y otras libertades en 182 casos (20% del total de los registros), pero también autoridades o entidades desconcentradas del ejecutivo nacional (Instituto Nacional de Reforma Agraria, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, entre otras) que, con 66 registros (7% del total), muestran su accionar en contra, principalmente, del derecho a defender derechos.

Institucionalidad democrática

La institucionalidad democrática en Bolivia enfrenta un progresivo debilitamiento de acuerdo con los datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, dado que se evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado, la proliferación de actos de corrupción y el uso del aparato estatal para restringir libertades fundamentales.

Durante el 2024, la Asamblea Legislativa fue escenario de varias confrontaciones físicas entre sus integrantes. En total, se registraron nueve episodios de peleas físicas que enfrentaron a asambleístas por cuatro temas: la aprobación de créditos, la prórroga de autoridades judiciales, la elección del jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) y la lista final de candidatos en las elecciones judiciales.

Presunción de inocencia

Los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, entendidos como las acciones u omisiones que atentan contra la vigencia de los derechos de una persona o grupos, fueron la vulneración más común durante el 2024. De hecho, la cantidad de entradas registradas (282) supera la sumatoria anual de violaciones a la libertad de reunión (95), libertad de asociación (18) y derechos de los defensores (93). De los 282 casos registrados, el Órgano Ejecutivo es responsable de 117, y de éstos, 81 fueron efectuados por el Ministerio de Gobierno.

El informe remarca que 80 de las 81 vulneraciones cometidas por esta entidad se refieren a la garantía de presunción de inocencia, exhibiendo en medios de comunicación y/o redes sociales a personas sospechosas de haber cometido algún delito, infiriendo su culpabilidad y atentando contra el debido proceso.

Prórroga de magistrados

La ampliación del mandato de las máximas autoridades judiciales también forma parte del informe e incluso la resolución de prórroga es calificada por el observatorio como “una vulneración a los principios de temporalidad, competencia, independencia y alternancia” establecidos en la Constitución. “Esta situación sin precedentes generó un escenario de incertidumbre jurídica”, enfatiza.

“Las denuncias sobre la falta de independencia del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional han sido recurrentes a lo largo de los años. Se han registrado injerencias del Órgano Ejecutivo en decisiones judiciales, evidenciando un patrón de irregularidades que persiste en distintas gestiones. Esta situación refleja una relación desequilibrada entre los poderes del Estado, afectando la imparcialidad y autonomía de la justicia”, señala el informe.

El observatorio

El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas es una instancia que vigila, monitorea, registra y hace seguimiento a casos de vulneración a las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia.

El trabajo de documentación de casos del Observatorio, que está disponible en su página web https://redunitas.org/observatorio y que realiza desde el año 2014, se enmarca en los principios de veracidad, confidencialidad, utilidad y transparencia de los datos, con el fin de garantizar que el tratamiento de éstos sea fidedigno, con un buen nivel de consistencia, para luego ser agregados como registros a la base de datos pública del Observatorio.

Aquí puedes revisar el informe completo: