Argentina restringirá acceso de inmigrantes a servicios públicos; Bolivia solicita informe

Con el fin de precautelar los derechos de las y los ciudadanos bolivianos, el Gobierno de Bolivia solicitó a su similar de Argentina información sobre las modificaciones al Régimen Migratorio en ese país.

Por ello, el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, sostuvo una reunión con el embajador de la República Argentina, Marcelo Massoni, para, precisamente, abordar el comunicado emitido esta semana por la Oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, relativo a las modificaciones al Régimen Migratorio argentino.

“El propósito del encuentro fue solicitar información detallada sobre la aplicación de dichas medidas, con el objetivo de precautelar los derechos de las y los ciudadanos bolivianos, en el marco de las funciones consulares que desempeña el Ministerio de Relaciones Exteriores”, informó la Cancillería de Bolivia.

Según el comunicado oficial de la Casa Rosada, se cambiará la política migratoria y restringirá el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos.

A partir de la publicación del decreto cualquier extranjero condenado por algún delito podrá ser deportado, aunque la pena sea leve.

También se prohibirá la entrada a personas con antecedentes penales.

El gobierno también cobrará por la atención médica a los extranjeros en hospitales públicos, alegando que, en 2024, ese servicio generó un gasto oneroso para las arcas públicas. La atención solo será gratuita en casos de emergencia, señalan reportes de medios internacionales.

La comunidad boliviana es una de las más numerosas en Argentina. Desempeña labores en distintos rubros como la producción agrícola y de textiles.

Ante las anunciadas medidas del gobierno argentino, la Cancillería de Bolivia, como lo hace desde hace tiempo, coordina acciones para documentar y brindar asistencia a la comunidad boliviana residente en ese país.