Bolivia en llamas: Ciudadanas llevan al Estado a la justicia para proteger el medioambiente

Un grupo de jóvenes llevó al Estado ante el Tribunal Agroambiental en el caso Expediente N° 6236/2025, en un intento por forzar una respuesta estructural a la crisis de los incendios forestales.

Bajo el nombre de ‘Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias de los incendios forestales en el Estado de Bolivia’, los demandantes, lideradas por María de los Ángeles Mamani Rocha, Fabiana Marcela Pérez Morales, Mariana Orías López, Ana Paola Ortega Ustárez, Selva Fabiana Revollo Ortubé, Gabriel Meneces Heredia y Claribel Villarroel Irala, buscan defender los derechos de la Madre Tierra ante lo que consideran la inacción y negligencia del Gobierno. Esta acción, que logró sumar a organizaciones de la sociedad civil, se trata de un litigio legal y en especial un llamado a la conciencia nacional.

La demanda actual es la culminación de un largo proceso que inició en 2019 y fue rechazada nuevamente en 2020. La perseverancia de estas personas nace de una experiencia personal luego de llevar a cabo un voluntariado para ayudar a bomberos, la población y la biodiversidad afectada por los incendios.

La magnitud de la tragedia de 2024, que dejó más de 12 millones de hectáreas quemadas y una pérdida incalculable de biodiversidad, fue el catalizador que los impulsó a reintentar y a ser escuchados. Presentada nuevamente el 20 de mayo de 2025, su legitimidad para interponer esta acción se fundamenta en un principio constitucional y ético respecto a la obligación de todo boliviano de defender el medio ambiente.

El Tribunal Agroambiental admitió la demanda el 5 de junio de 2025, a través del Auto de Admisión Ambiental N° SP-TAA 003/2025. Este auto validó la causa, estableció medidas cautelares y fijó una audiencia pública para el 4 de agosto de 2025.

Sin embargo, el proceso estuvo marcado por una serie de obstáculos. A medida que se acercaba la fecha, los demandantes, en un memorial presentado el 23 de julio de 2025, solicitaron al Tribunal seguimiento y celeridad, pidiendo que se requirieran informes y se aplicaran medidas coercitivas para reactivar el caso.

Lamentablemente, la falta de respuesta de las partes demandadas —que presentaron memoriales con incidentes de nulidad, excepciones de incompetencia y recursos de reposición— llevó a que el Tribunal suspendiera la audiencia pública.

El 30 de julio de 2025, mediante el Auto Ambiental N° SP-TAA 05/2025, el Tribunal dejó sin efecto algunas medidas cautelares y suspendió la audiencia, argumentando la falta de totalidad de los informes solicitados a las entidades públicas.

Este revés, lejos de desanimar a los demandantes, reafirmó su convicción por continuar con el proceso. El 19 de agosto de 2025, presentaron un nuevo memorial solicitando la reactivación de la causa y una inspección judicial in situ, para que la justicia presencie de primera mano el desastre ambiental que sigue activo en diferentes zonas del país, especialmente en áreas protegidas y fiscales.

Este memorial condujo a la emisión del Auto Ambiental N° SP-TAA 08/2025, el 19 de agosto de 2025, que fijó una nueva audiencia pública para el día 29 del mismo mes. Ese mismo día, el Tribunal emitió la Resolución SP-TAA 002/2025-AA, que confirmó la validez del proceso, a pesar de los incidentes de nulidad interpuestos por entidades como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Procuraduría General del Estado, Policía Boliviana, entre otras.

El 3 de septiembre de 2025, los demandantes respondieron a los incidentes y excepciones de las partes demandadas.

El grupo invitó a toda la población a acompañar la causa este lunes 8 de septiembre a las 9:00 en instalaciones del Tribunal Agroambiental.

Objetivos

El objetivo principal de la demanda se centra en la la transformación. Las peticiones formuladas por los demandantes constituyen un plan de rescate ambiental, diseñado para obligar al Estado a actuar. Entre las principales peticiones se encuentran:

Implementación de una Pausa Ambiental

Los demandantes exigen una moratoria inmediata sobre actividades que promueven incendios forestales, como la deforestación y la quema controlada (chaqueo) para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Esta pausa es considerada una medida esencial para detener la escalada de la destrucción, asi también el cumplimiento del Decreto Supremo N° 5225 de 11 de septiembre de 2024, que declara pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional con el objeto de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la emergencia nacional por incendios.

Este decreto establece acciones importantes como la suspensión de todas las autorizaciones de quema emitidas por la ABT y la prohibición de nuevas autorizaciones, la declaración de tierras fiscales afectadas por quemas como no disponibles por un periodo mínimo de cinco años para su restauración, la implementación de un Plan Nacional de Repoblamiento de la Fauna y la Flora, y el refuerzo del resguardo de áreas protegidas y reservas forestales.

Declaración temprana de “Desastre Ambiental”

Con el propósito de solicitar ayuda internacional directa y la priorización de uso de recursos de emergencia.

Creación de un ‘Plan Integral de Manejo de Incendios Forestales’, la elaboración de un plan nacional coordinado y multi-institucional para la prevención, mitigación y control de incendios. Este plan debe consolidarse como una estrategia a largo plazo, enfocada en la prevención y no únicamente en la respuesta reactiva al fuego.

Apoyo y Priorización a Entidades Responsables

Se solicita la asignación de recursos humanos y financieros adecuados para entidades como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), reconociendo sus propias limitaciones admitidas.

Abrogación de las Normas Permisivas

Derogación o abrogación de leyes y decretos supremos que, directa o indirectamente, facilitan los ilícitos ambientales y la expansión de la frontera agrícola a través de la quema.

Auditoría Ambiental y Responsabilidad por Omisión. Además de las medidas preventivas, se solicita una auditoría ambiental completa sobre la actuación de las autoridades para determinar su responsabilidad legal y ejecutiva por omisión y negligencia en la gestión de los incendios. Este punto busca establecer un precedente para que la inacción estatal no quede impune.

Respuestas

La respuesta de las entidades gubernamentales y asociaciones privadas fue, en su mayoría, una estrategia de obstrucción legal. Argumentos como la ‘incompetencia’ del Tribunal Agroambiental o la calificación de la demanda como “defectuosamente propuesta”, fueron utilizados para dilatar el proceso. Sin embargo, desde la perspectiva de los demandantes, estos son intentos de desviar la atención de la verdadera problemática, la incapacidad del Estado para cumplir con su deber constitucional.

La causa recibió un apoyo fundamental de la sociedad civil y la academia, que actuaron como Amicus Curiae (amigos de la corte). Organizaciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Link Italia-Bolivia, Fundación TIERRA y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) aportaron informes técnicos y jurídicos irrefutables que documentan el impacto devastador de los incendios, especialmente en territorios indígenas como Monte Verde y Guarayos, y validan la postura de las demandantes.

La admisión de la demanda y la solicitud de una inspección judicial ocular in situ son hechos cruciales que demuestran la seriedad con la que el Tribunal tomo el caso. Se trata de un reconocimiento de la legitimidad de la causa y una oportunidad para que la justicia vea de primera mano el alcance de la destrucción sin intermediarios.