Subsidio: ¿De golpe o gradual? Un estudio simula qué pasaría

Un estudio del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) revela que una eliminación abrupta del subsidio a los hidrocarburos provocaría un pico inflacionario superior al 32% y una depreciación acelerada del tipo de cambio. Sin embargo, el mismo análisis advierte que una reforma gradual, si bien moderaría levemente el impacto inicial, prolongaría la persistencia de la inflación y la devaluación, lo que a la larga incrementaría los costos acumulados para la economía del país.

La investigación, realizada por los economistas Javier Aliaga y Ronaldo Terrazas, simula dos escenarios y concluye que seguir retrasando una decisión solo empeoraría el problema.

Quitar el subsidio de golpe

Si la subvención se elimina de forma abrupta, el estudio proyecta un “shock” inmediato en los precios. La inflación alcanzaría un pico de 32,3% a los pocos meses de aplicada la medida. Esto se sentiría directamente en el bolsillo de la gente, no solo al cargar combustible, sino en el precio de los alimentos y el transporte.

Junto a la inflación, el estudio proyecta una fuerte devaluación del boliviano. Según la simulación, el tipo de cambio sombra –el valor real del dólar en la economía– saltaría de 9,1 bolivianos a un máximo de 16,8 bolivianos por dólar, lo que representa una depreciación acumulada del 84%. Este encarecimiento del dólar impactaría directamente en el costo de los productos importados.

Curiosamente, la economía podría tener un breve impulso inicial, porque la gente se apuraría a comprar y gastar antes de que todo suba más, pero este efecto desaparecería rápido y luego vendría una contracción.

Quitar el subsidio de a poco

En este caso, el golpe inicial de precios sería más suave. Sin embargo, el problema de la inflación se prolongaría por mucho más tiempo, y el tipo de cambio, aunque sin un salto tan brusco, también se mantendría en niveles elevados y por un período extendido, cercano a los 16,4 bolivianos por dólar. Al final, según el estudio, el costo total para el país y para la economía familiar terminaría siendo más alto que con el ajuste de golpe.

El informe explica que el subsidio funciona como un calmante que pierde su efecto con el tiempo. Al principio ayuda a contener los precios, pero mientras más se lo usa, más grande se vuelve el problema de fondo, obligando al Gobierno a gastar más y generando desequilibrios económicos.

¿Qué hubiera pasado si se actuaba en 2010?

El estudio simuló qué habría ocurrido si se mantenía el llamado “gasolinazo” fallido de 2010. La conclusión es que, aunque hubiera generado inflación en ese momento, se habría evitado la acumulación de los grandes problemas económicos que enfrenta Bolivia actualmente, como el alto déficit fiscal y la presión sobre el tipo de cambio.

Un camino intermedio

Ante esta disyuntiva, los investigadores no recomiendan ni el “shock” total ni el gradualismo prolongado. En su lugar, proponen un “esquema híbrido”: un primer ajuste fuerte y significativo para corregir de inmediato los problemas más urgentes de las finanzas públicas y, después, fases cortas y programadas para terminar de retirar el subsidio gradualmente, hasta que los precios reflejen su costo real.

Este plan, según el estudio, debe ir acompañado de otras medidas clave para que funcione: controlar la emisión de dinero, tener un plan fiscal claro para generar confianza y, fundamentalmente, crear programas para compensar y proteger a las familias más vulnerables del impacto de la subida de precios.

El doble golpe que se avecina: El fin del subsidio y la devaluación del boliviano

El economista Stasiek Czaplicki Cabezas, por su parte, advierte que para Bolivia el impacto de la eliminación del subsidio a los combustibles será un “doble golpe”: no solo subirá el precio del combustible, sino que se sumará el efecto de una inevitable devaluación del tipo de cambio.

En su análisis, publicado en su cuenta de Facebook, Czaplicki utiliza el caso de Ecuador como un espejo para Bolivia. Allí, la eliminación del subsidio al diésel, que entró en vigor esta semana, provocó un alza del 55% en su precio. Sin embargo, el experto señala una diferencia crucial: “Bolivia no tiene una economía dolarizada. Lo que tiene es un subsidio insostenible, una brecha cambiaria creciente y un tipo de cambio oficial que, como tantas otras cosas en el país, ha dejado de reflejar la realidad”.

Para poner el impacto en cifras concretas, el analista plantea un escenario que considera “nada extremo”. Si Bolivia ajustara sus precios a niveles similares a los de Ecuador y, al mismo tiempo, el tipo de cambio oficial se sincerara a 13 bolivianos por dólar, el impacto para el consumidor sería brutal. “La gasolina pasaría de Bs 3,72 a Bs 9,76 por litro y el diésel, de Bs 4,04 a Bs 9,62. Un alza de 162% y 140% respectivamente”, calcula.

Czaplicki señala que la investigación del Inesad advierte que una eliminación abrupta podría llevar la inflación por encima de hasta un 32%. “Pero más allá del dato, pensemos lo que eso significa en nuestras economías y, por sobre todo, para la mayoría del país que vive con menos que el salario mínimo”, alerta.

En ese sentido, el economista subraya que la “aritmética del ajuste siempre le cobra más a quienes menos tienen”, ya que el mayor impacto se sentirá en el transporte y en los alimentos que viajan largas distancias.

Czaplicki también critica que mientras se discuten los costos para la población, hay “beneficiarios silenciosos” del subsidio, como la minería del oro y la agroindustria a gran escala. Ante esto, se pregunta: “¿Por qué no pensar en un impuesto específico al diésel que usan los grandes productores o las explotaciones mineras? ¿Por qué no mantener un subsidio focalizado para el transporte público y servicios esenciales?”.

Finalmente, el analista dirige una crítica a la clase política. “He escuchado a más de un candidato proponer la eliminación total y súbita de los subsidios. Lo que no he oído, y debería ser lo central en cualquier propuesta seria, es una explicación clara sobre las consecuencias inflacionarias de esa medida, ni mucho menos sobre cómo se supone que la población absorberá ese golpe”, cuestiona, advirtiendo que lo que se avecina para el país no es solo un ajuste fiscal, sino una “prueba de fuego” para todos.

“Si no podemos evitar la tormenta, al menos deberíamos preparar a la gente para ella. Porque lo que se avecina no es solo una ‘reestructuración fiscal’. Es una prueba de fuego para todos. Y en ese fuego, literal y metafórico, no todos se queman igual. Por último, sería deshonesto no advertir que, incluso sin tocar el precio del diésel y la gasolina, un ajuste del tipo de cambio oficial hacia su valor real o paralelo, podría desatar por sí solo un nuevo ciclo inflacionario. En otras palabras, la tormenta puede venir por más de una dirección”, advierte.

“Hasta entonces, valoremos estas últimas semanas, antes del ajuste. No por nostalgia, sino por responsabilidad, para prepararnos con honestidad, exigir medidas concretas que nos acerquen un poco hacia la transición justa y demandar a quienes hoy ruegan por votos que asuman desde ya el costo político de una decisión que marcará su gestión”, finaliza.