Pese a procesos penales, comunarios continúan en la defensa de Tariquía

Pese a que comunarios que viven en la Reserva Natural de Fauna y Flora Tariquía del departamento de Tarija tienen dos procesos penales en contra, no bajan los brazos y su lucha por evitar la explotación petrolera en esa zona continúa.

El 5 de enero la resistencia se volvió a activar a raíz de que la empresa petrolera Petrobras decidiera ingresar la reserva con el propósito de empezar los trabajos de un pozo exploratorio. Los comunarios se opusieron, pero fueron reducidos por la Policía.

Yaciemientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras alegan que la localización del pozo Domo Oso X-3 exploratorio esta fuera de la reserva Tariquía en San Telmo Norte y que no habría razón para oponerse.

Sin embargo, el experto en temas ambientales del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, entrevistado por CORREO DEL SUR, denunció que tras este argumento hay una estrategia del “caballo de troya”. “La habilitación del Pozo Domo Oso X-3 habilita automáticamente todo el bloque que atraviesa casi todo el campo. No es el pozo el problema si está unos metros fuera o dentro, es el campo”, recalcó.

¿POR QUÉ SE OPONEN?

Las comunidades de Tariquía especialmente de Chiquiacá rechazan los proyectos de exploración petrolera por considerar que hay falta de transparencia y denunciaron que nunca fueron informados correctamente sobre los impactos reales, dijo Campanini.

La actividad petrolera amenaza la apicultura y la agricultura, que son el sustento de las familias que viven en armonía con el bosque. “Aparte de ser agricultura, uno de los pilares de su economía es la miel, la apicultura y esos son los objetivos por los cuales creo que están luchando”, manifestó el experto.

Tariquía protege la última muestra mejor conservada de bosque tucumano-boliviano que hay en el país, vital para el régimen hídrico de los ríos Tarija y Bermejo.

PROCESOS EN CONTRA

La oposición de las comunidades al ingreso de las empresas petroleras a la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía data desde hace más de 12 años y durante este tiempo los comunarios se ganaron dos proceses penales en contra.

En 2021 el gobierno nacional decidió retomar los proyectos. La respuesta a la resistencia comunitaria incluyó medidas que preocupan a defensores de derechos humanos. 

“YPFB ha iniciado un proceso penal a más de veinte compañeros y compañeras de Chiquiacá, Tariquía”, denunció Campanini, al calificar esto como “algo que marca un precedente negativo en la relación de nuestro Estado con la población y sobre todo con defensores ambientales”.

Esta situación fue llevada ante organismos internacionales. “Esto ha llegado a ser denunciado incluso en una audiencia de la CIDH el año pasado”, señaló el investigador.

En segundo proceso penal fue interpuesto recientemente por Petrobras, que surge bajo el “paraguas” del nuevo modelo y los decretos emitidos por el gobierno actual para reactivar con fuerza el proyecto Domo Oso X-3.

En ambas demandas, YPFB y Petrobras no consideran que la actividad petrolera fue rechazada por la población a través de votaciones en consultas previas.

A FAVOR DE EMPRESAS

Sobre los instrumentos legales que respaldan la posición del gobierno, Campanini explicó que “el gobierno tiene un contrato de servicios petroleros del área Santelmo Norte que lo firmó el 2018” y cuenta con “una licencia ambiental para la perforación del Pozo Domo Oso X-3”.

Sin embargo, cuestionó la legitimidad de estos instrumentos. “Para obtener esta licencia tenía que haberse hecho una consulta e incluso si nuestra normativa señala que, para firmar el contrato, tenía que haberse sometido a una consulta con las comunidades que pueden ser afectadas y eso no ha sucedido”.

El investigador describió estos instrumentos como “elementos que podríamos decir que son alegales que estarían siendo aprovechados por el Estado y las empresas para sostener su posición”.

CRONOLOGÍA

1. El Marco de la Apertura (2014 - 2015)

•2014: Se modifica el Plan de Manejo de la reserva. Las comunidades denuncian que esto se hizo sin consulta previa ni consenso, alterando la zonificación para facilitar la entrada de petroleras.

•2015: El Gobierno promulga el decreto supremo 2366 que autoriza actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas de todo el país, argumentando el “interés nacional”.

2. Contratos y Primera Resistencia (2017 - 2019)

•2017: Primera marcha masiva de las comunidades en defensa de la reserva, ante los anuncios de exploración.

•2018: Se firman los contratos de servicios petroleros para las áreas San Telmo Norte y Astillero.

•2019: Segunda gran marcha. La movilización social y el apoyo en la ciudad de Tarija logran “congelar” los proyectos y contratos con Petrobras, ante el rechazo masivo por la falta de consulta ambiental.

3. Reactivación y Conflictividad (2021 - 2023)

•2021: El Gobierno decide retomar los proyectos. Se inicia la exploración en el bloque Astillero y se avanza en el bloque Churumas.

•2022: Denuncias de uso de fuerza y métodos coercitivos para permitir el emplazamiento del pozo Astillero X1. En Churumas, se avanza hacia un tercer pozo conectando la producción al Campo San Alberto.

•2023, marzo: Comunidades de Chiquiacá se declaran en emergencia ante la amenaza de Petrobras de entrar al área San Telmo Norte.

4. Conflictividad reciente

•2026: Conflicto por el Pozo Domo Oso X-3. Petrobras intenta ingresar a este pozo. Aunque el pozo está técnicamente “unos metros fuera” del límite, su habilitación activa todo el bloque San Telmo Norte, que atraviesa el corazón de la reserva.