Bolivia se mantiene en franja de ‘Alta restricción’ en índice de libertad de prensa de SIP
El informe 2025 del Índice Chapultepec ubica al país con 37,12 puntos sobre 100 y advierte presiones del poder Ejecutivo, judicialización contra periodistas y dificultades para la sostenibilidad de los medios
Bolivia registró en 2025 una "leve alza" en el índice anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que mide la libertad de expresión y de prensa, aunque este aumento no le alcanzó para salir de la franja de 'Alta restricción' en la que figura desde 2023.
Los datos se encuentran en el Informe General del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, difundido este martes y cuya medición corresponde al periodo entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, periodo en el que en Bolivia todavía gobernaba el izquierdista Luis Arce (2020-2025).
El reporte señala que Bolivia obtuvo 37,12 puntos de un máximo teórico de 100, 4,56 puntos más que en el informe de 2024, lo que le permitió subir de la casilla 18 a la 15 entre 22 países, "sin que ello signifique un cambio en la franja en la cual se encuentra desde la medición pasada", que es la de 'Alta restricción'.
"Bajo el Gobierno de Luis Arce, la sostenibilidad de los medios ha padecido la discriminación en las pautas publicitarias, la fiscalización y sanciones tributarias -como represalia a las críticas- y el lenguaje de estigmatización a la prensa independiente, a veces agredida en las calles por simpatizantes del gobierno, que actúan bajo un clima de impunidad", indica el informe.
También, detalló las puntuaciones obtenidas por Bolivia en las tres dimensiones medidas por el índice, como la de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, en la que obtuvo 7,94 de un máximo de 30, o la de Actuaciones del Estado contra la Violencia contra Medios y Periodistas, en la que alcanzó 14,68 de 40 puntos posibles.
En el área de Control de Medios y Periodismo, el país andino obtuvo una calificación "también por debajo del nivel medio, de 14,50 de un máximo teórico de 30", agregó.
El documento también mencionó que en el periodo analizado, se vio que el entorno del Estado que tiene "más influencia en situaciones desfavorables a la libertad de expresión y de prensa" fue el Ejecutivo, en un grado "fuerte".
Además, apuntó que el Legislativo "ha engavetado" algunos proyectos, como el de la Ley de Acceso a la Información Pública y estudió otro para supuestamente brindar mecanismos de protección a los comunicadores, pero que fue criticado por los gremios periodísticos "por establecer controles sobre los profesionales de la comunicación".
Durante la Administración de Luis Arce, en el Parlamento tenía la mayoría el entonces gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
El reporte señaló también que "el poder Judicial ha estado al servicio de denuncias contra periodistas, por publicaciones contrarias a autoridades locales o a grupos de poder económico".
El informe remarcó que la suspensión en 2025 del juicio y la posterior libertad condicional de los implicados en el secuestro y tortura de siete periodistas en 2021 en la región oriental de Santa Cruz "dejó en el tapete la impunidad en estos casos".