Violencia en San Julián deja 33 heridos y enciende alerta por uso de armas de fuego

La Defensoría del Pueblo reportó este domingo que los enfrentamientos ocurridos durante el operativo policial y militar en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, dejaron un saldo de 33 personas heridas, entre civiles y efectivos del orden.

Según el informe oficial, 26 de los heridos son civiles y siete policías. Entre los uniformados, cuatro presentan impactos de arma de fuego, y uno de ellos permanece internado en una unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

En el caso de los civiles, 24 sufrieron heridas leves y moderadas, por lo que recibieron atención médica y fueron dados de alta. Sin embargo, dos continúan hospitalizados y serán sometidos a intervenciones quirúrgicas, uno de ellos también por una herida de bala.

La institución defensorial expresó su preocupación por los hechos registrados el 6 de junio y recordó que toda intervención estatal en contextos de conflictividad debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, priorizando la protección de la vida y la integridad física.

Asimismo, advirtió que el derecho internacional no respalda las protestas cuando derivan en violencia extrema. En ese contexto, señaló que durante el operativo se habría evidenciado la actuación de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos.

Ante este escenario, la Defensoría solicitó al Ministerio Público llevar adelante una investigación “objetiva, imparcial y transparente” que permita esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades individuales, incluyendo el origen de la violencia y la participación de los distintos actores.

La entidad también recordó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que instan al Estado a evitar la conformación de grupos que asuman funciones de seguridad, advirtiendo que su presencia en escenarios de crisis es ilegal y altamente riesgosa.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a todos los sectores a evitar una escalada del conflicto, privilegiar el diálogo y garantizar la protección de la población civil. Anunció, además, que mantendrá un monitoreo permanente de la situación en cumplimiento de su mandato constitucional.