OFEP advierte que la planta de cemento de Potosí quedará inoperable de forma permanente

El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, sostuvo que la planta cementera instalada en Potosí está condenada a no funcionar jamás y puso en entredicho las decisiones tomadas durante su construcción en la anterior gestión gubernamental.

“La (planta) de cemento en Potosí no va a producir nunca. (...) Me da pena porque yo soy potosino y esa es una herida que llevamos los potosinos porque se nos mintió. Hicieron la planta en el lugar menos adecuado, a 100 kilómetros del yacimiento, y se olvidaron de hacer el camino. Nos dejaron sin gas; esa planta no va a tener gas”, expresó Camacho durante una entrevista concedida a la red Erbol.

La autoridad cuestionó además la ausencia de una línea ferroviaria capaz de trasladar los volúmenes que la planta estaba llamada a producir. Recordó que la iniciativa buscaba abrir mercado para el cemento boliviano en el sur peruano y el norte chileno, pero remarcó que nunca se construyó la infraestructura necesaria para hacer viable esa exportación.

La planta, operada por Ecebol, había sido puesta en funcionamiento en fase de prueba por el expresidente Luis Arce en noviembre de 2023, en la comunidad de Chiutara. Las obras se iniciaron en 2017, quedaron paralizadas y se reactivaron en 2020 con un desembolso adicional de 2 millones de dólares. En su momento, el Ejecutivo proyectó una producción anual de 1,3 millones de toneladas de cemento IP-30 y más de un millón de toneladas de IP-40, junto con la creación de 277 puestos laborales directos y 831 indirectos.

Camacho reveló también que el diagnóstico elaborado por la OFEP detectó 20 compañías estatales en estado crítico. De un primer grupo de 15 empresas ya evaluadas, la deuda acumulada con Impuestos Internos llega a Bs 8.100 millones, mientras que las pérdidas y préstamos pendientes suman Bs 26.800 millones adicionales, cifra a la que podrían sumarse otros compromisos financieros —como obligaciones con proveedores y con la Gestora— una vez concluyan las auditorías correspondientes.

Según el director, estos hallazgos forman parte de un extenso informe de más de mil páginas entregado el 28 de agosto, que se encuentra bajo revisión del Consejo Superior de Empresas Públicas. Precisó que, tras su aprobación, se difundirán los detalles de cada empresa evaluada para determinar las acciones a seguir en cada caso.