El Gobierno anuncia un bono para huérfanos de víctimas de feminicidios

El Gobierno aprobó este miércoles un decreto que permitirá la entrega de un bono mensual a niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios, además de darles prioridad en el acceso a servicios de salud y al sistema educativo.

El decreto reglamenta una ley promulgada en 2025 que estableció la entrega de un bono económico mensual equivalente al 20 % del salario mínimo nacional, informó a los medios el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

El salario mínimo actual es de 3.300 bolivianos (275 dólares), por lo que el bono anunciado equivaldría a unos 660 bolivianos (55 dólares).

Asimismo, los niños menores de 5 años recibirán un paquete alimentario equivalente al 20 % del subsidio de lactancia que reciben las madres trabajadoras o esposas de afiliados a una entidad de salud.

"Hay un flagelo que tenemos en Bolivia y tiene que ver con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar por las razones que sean y lamentablemente los que más sufren en todo esto son los hijos y quedan desprotegidos", manifestó Gálvez.

La norma establece también el acceso "prioritario" al servicio de salud, el acceso "inmediato" al sistema educativo y que los niños y adolescentes beneficiarios se favorecerán con becas a colegios y universidades.

Para que el procedimiento de entrega de los bonos sea transparente, el Gobierno habilitará un registro para que los beneficiarios puedan anotarse de manera oficial.

La ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, que rige desde noviembre pasado, requería este reglamento para su aplicación plena.

La Fiscalía boliviana informó en la víspera que entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año, se registraron 66 feminicidios en Bolivia.

Una estimación del Ministerio de la Presidencia señala que hasta diciembre de 2025 habría unos 961 niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en el país.

El feminicidio fue introducido como delito en la legislación boliviana mediante la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, vigente desde 2013.

Esa norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en las leyes de Bolivia.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348.