Familiares piden incluir como beneficiarios de la Ley 1680 a huérfanos de feminicidio desde 2013

Familiares de víctimas de feminicidio de La Paz y Cochabamba exigen modificar el reglamento de la Ley 1680 para que los beneficios económicos y sociales lleguen a todas las hijas e hijos que quedaron en orfandad por estos crímenes, incluidos los casos registrados antes de la entrada en vigencia de la norma.

Las movilizaciones apuntan al artículo 3 del Decreto Supremo 5745, que establece el registro de beneficiarios cuyos casos se produjeron a partir de la vigencia de la ley. Las familias consideran que esta disposición excluye a quienes perdieron a sus madres en años anteriores y demandan que la cobertura se amplíe.

“Queremos que esta ley sea efectiva para todos, que se incluya a todos y que no sea excluyente para otros. (...) Entonces, ¿dónde quedan los otros huérfanos?”, cuestionó una representante de las familias en La Paz, al referirse a la aplicación de la norma desde el 4 de marzo de 2026.

La Ley 1680, promulgada el 5 de noviembre de 2025, establece medidas de protección social y reparación integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Entre sus beneficios contempla un bono mensual de al menos el 20% del salario mínimo nacional y un paquete alimentario para menores de cinco años.

Desde Cochabamba, Anabel Fernández, representante de la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio, afirmó que más de 1.600 menores quedarían fuera de estas ayudas. Indicó que familiares de distintos departamentos se sumaron al reclamo y solicitaron una reunión con el presidente Rodrigo Paz para plantearle la modificación del decreto.

Los movilizados también pidieron la intervención de la primera dama, Marilena Urquidi, para que se atienda su demanda y se garantice el acceso a los beneficios para todos los menores afectados.

Durante las protestas, las abuelas que asumieron la crianza de sus nietos expusieron las dificultades que atraviesan para cubrir la alimentación, los gastos escolares y otras necesidades básicas. Muchas de ellas son adultas mayores que deben hacerse cargo de los niños sin contar con ingresos estables.

Es el caso de Bernardina Condori, quien cría a tres nietos tras el feminicidio de su hija, ocurrido en febrero. Entre lágrimas, pidió apoyo para los menores y justicia por la muerte de su hija Maritza.

“Me estoy sacrificando como abuela”, expresó, al reclamar también una sentencia para el responsable del crimen.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, a los que accedió la red Erbol, entre 2020 y julio de 2026 se registraron 536 huérfanos por feminicidio. Sin embargo, esa cifra no representa todavía el universo total de niñas, niños y adolescentes afectados por estos delitos.

Las familias insisten en que la modificación del reglamento es necesaria para evitar que la fecha en que ocurrió el feminicidio determine quiénes pueden acceder a la asistencia estatal.