Ministro de Justicia no se ahorra críticas

No está bien que desempleados o recomendados políticos sean los primeros en buscar cargos en el sistema de justicia, afirma la autoridad

Iván Lima Magne manifiesta a Tribunales sus principales reflexiones sobre un problema crónico del Estado boliviano: la administración de justicia. 

El ministro Lima examina las costuras de un sistema judicial disfuncional en el que pocos confían. ¿Cómo cambiarlo? es la pregunta a un rompecabezas institucional. 

¿Las y los bolivianos tenemos derecho a una buena administración pública?

Pareciera que la normalidad en el país y en el mundo es que uno tenga que comprar los servicios y tenga que pagar por temas que deben ser brindados por el Estado, me refiero a una salud que sea eficiente, de alta calidad, una educación que sea igual o mejor a la de cualquier universidad privada o colegio particular o también en el caso de la justicia un sistema eficiente que le dé resultados oportunos a la población. Usted compare lo que pasa en los procesos de arbitraje de las empresas petroleras, de las empresas de seguros con la justicia que reciben el resto de los bolivianos, no diría que son dos justicias; en el caso de los arbitrajes las empresas y quienes tienen más recursos no tienen un punto de comparación con lo que está pasando con un juicio ordinario ante un juzgado público de cualquier capital de departamento. 

Ese derecho a una correcta administración de los recursos públicos tiene variables, una de ellas, que me parece fundamental, es la rendición de cuentas ¿Qué se hace con los recursos del Estado? Imaginemos, más de mil millones de bolivianos que recibe el Órgano Judicial de Bolivia que si los prorrateamos entre la cantidad de juicios que atienden y sentencias nos muestra una justicia cara, ineficiente, que no le está dando resultados al país. 

Pienso que hay muchos ejemplos en ese sentido… 

El ejemplo que pongo hace muchos años es la Justicia Agroambiental; en promedio (se gastan) cinco mil dólares (en) cada una de las decisiones que emite y, desde el 2009 que se crea su competencia ambiental ni un solo caso en materia ambiental que hubieran atendido. Ahora como Ministro de Justicia debo ser más crítico aún con rol del Tribunal Agroambiental ¿Por qué Bolivia no tiene una buena administración en materia ambiental? Un tema fundamental y estructural, estamos hablando de cambio climático, chaqueos, de tráfico de especies protegidas, de tantos temas que debería ver la Justicia Agroambiental y el hecho de que no tengamos al Tribunal Agroambiental sin su Código Procesal trabajando eficientemente nos tiene que llevar a preguntarnos sobre las causas de este problema. 

Que no tengamos un Código Procesal Agroambiental es responsabilidad de nuestra Asamblea Legislativa, pero también es una responsabilidad social de todos los bolivianos, de todos los sectores; de las cooperativas mineras, de los interculturales, de las empresas agrícolas que quieren cultivar transgénicos, de todas las empresas que manejan basura en las nueve capitales de departamento. Se imaginará que a ninguno de estos sectores les hace gracia la idea de tener un juez que pueda decirle “usted está contaminando, suspenda su operación hasta que usted no me arregle la situación ambiental usted no puede seguir trabajando”.  

Estos temas de la buena administración del Estado y de la Justicia pasan por el compromiso social, de que la sociedad sea la que exija a todo el gobierno y autoridades, incluyéndome, un servicio de calidad permanente, por eso es un derecho fundamental de los ciudadanos.

Aquí hay un elemento que es fundamental en el país. En todas las convocatorias que han existido últimamente (Contralor o Defensor del Pueblo, por ejemplo), ¿hemos tenido la capacidad como bolivianos de garantizarle su participación en el proceso de selección? Lo pongo en ese nivel porque también para jueces se presenta el mismo problema, ¿estamos teniendo (la capacidad) como administración pública de atraer a los mejores bolivianos a la función pública? 

 esde su participación como candidato, ¿cuál ha sido su experiencia en los procesos de selección?

Tengo la experiencia de haber sido candidato a Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia el 2011, luego al Tribunal Constitucional Plurinacional por el departamento de La Paz y veo siempre a las mismas personas y te las podría dividir en tres categorías: personas que están desempleadas y que presentan su currículum para Defensor del Pueblo como para Notario o como de cuarto o quinto nivel en una institución. ¿Eso es correcto? Porque para Juez pasa lo mismo, pueden postular para Vocal de Sala Penal o pueden hacerlo para Juez Familiar..., no hay ninguna dificultad, es un grupo grande, el 80 por ciento de los postulantes a las convocatorias en Bolivia son desempleados. Luego diría que hay un 5 por ciento, tal vez 10 por ciento, de gente que realmente está comprometida con el país, que quiere hacer algo, que quiere cambiar las cosas, dispuestos al sacrificio, a dar la cara y correr el riesgo de ser muy criticado. Un tercer grupo, con el cual soy más crítico, las personas que tienen la postulación asegurada por un padrinazgo que puede venir de políticos, de organizaciones sociales, incluso de su posición mediática en los medios de comunicación y eso no está bien que elijamos porque tiene padrino o porque eres un desempleado y no te queda otra opción como Estado que contratar a esa persona que está yendo a aprender...

Esa situación se está dando de forma reiterada en la Escuela de Jueces, EGPP y en todas partes, más de 1800 postulantes en la Escuela Judicial para el último curso, han aprobado 180 el examen, que diría que es muy sencillo. 

Más allá de los procesos de selección el tema de fondo es la Universidad con Carreras de Derecho que están en una crisis absoluta en este momento, los postulantes cada vez son peores y la formación está en una crisis terminal porque realmente ser abogado ahora es lo más fácil que puede haber en este momento. 

Usted clasificó a los postulantes a autoridades públicas en tres grupos, ¿cómo podríamos clasificar a las Magistradas y Magistrados de la justicia en Bolivia? 

Lo diré con los nombres y apellidos, porque lo he denunciado y presentado ante la Asamblea Legislativa, yo veía en el Consejo de la Magistratura una actuación que no era ética de la ex Magistrada Dolka Vanessa Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga, quienes finalmente por la vía de una Acción de Cumplimiento, se alejaron del cargo. 

He sido muy crítico con dos Magistradas del Tribunal Constitucional, con la Magistrada Georgina Amusquivar Moller y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo porque no es admisible que en su Sala tengan más de 700 causas pendientes, cuando sus colegas tienen 28, 20 causas pendientes, algo no está bien y creo que hay un esfuerzo de ambas en ponerse al día en el trabajo. 

En el Tribunal Supremo de Justicia, soy muy crítico con el Magistrado José Antonio Revilla Martínez, quien fue mi compañero en la escuela judicial y yo creo que deberíamos tener un debate, ojalá que ustedes puedan ser el foro para discutir de Derecho porque creo que hay serias falencias en la formación jurídica de la escuela ideológica que él representa, me parece que aquí hay un tema que seguramente sería muy interesante debatirlo entre los dos, pero yo creo que las cosas hay que decirlas cuando estás presente, por eso no voy a decir nada más del Magistrado Revilla, quiero hablar con él porque enriquece el diálogo con él y creo que vamos a poder hacer mucho cuando el diálogo sea constructivo, yo le tengo mucho respeto, pero discrepo cuando se habla de una persona que no está presente y eso es lo que pido, tengamos diálogos de altura, de frente. 

De los Magistrados del Agroambiental puedo decir que tengo la mejor impresión de todos ellos, salvo el punto que tocaba, no puede ser que el Tribunal esté tantos años sin su Código Procesal Agroambiental, algo tienen que hacer para lograr que el Código se apruebe, sería muy triste que después de seis años de gestión pasen con el estigma de no haber logrado aquello. 

Es una evaluación general Creo que son Tribunales que están haciendo un gran esfuerzo, que han logrado objetivos claros, el Constitucional que conocíamos antes de Paul Franco Zamora es definitivamente diferente, le tengo un respeto académico grande al Dr. Franco, es un jurista boliviano destacado en la región; lo mismo puedo decir del Dr. Ricardo Torres del Tribunal Supremo que me parece que está haciendo una muy buena gestión. El Presidente del Consejo, Marvin Molina, que ha cesado a los jueces que han liberado feminicidas y lo ha hecho con un temple muy sólido y muy respetuoso del debido proceso, no te puedo decir que comparto el 100 por ciento de sus ideas, pero me parece que es un hombre valiente y decidido y que hacía falta en el Consejo de la Magistratura, está emprendiendo procesos serios. 

No olvidemos que el proceso de destitución al que hace referencia y que tuvo que asumir el Dr. Molina, nació de un escándalo y de la protesta y lucha feminista, sin la cual seguro que el exjuez Alcón seguiría liberando feminicidas y tampoco nos queda muy claro a la fecha cuál fue el proceso de designación de este exjuez, quién fue su padrino. 

Desde el Ministerio de Justicia hemos sido muy duros con el juez Alcón, quien está cumpliendo detención preventiva, me dices que la causa son las mujeres en las calles, yo lo aprecio, me parece que es fundamental, sin el reclamo social de la calidad de la administración pública nunca vamos a lograr resultados.

Cómo se piensa encarar el proceso de selección de las y los Magistrados, o de Defensor,  la próxima gestión, si la Asamblea Legislativa no se pone de acuerdo.

Es un tema de naturaleza constitucional y ha habido varias Sentencias que han marcado la línea de lo que debe ser el funcionamiento del Estado, el principio fundamental en una Democracia es que la Asamblea Legislativa elija y eso es lo que ha rescatado la Sala Constitucional Cuarta, el Tribunal Constitucional en diferentes fallos; las atribuciones de independencia, art. 12 de la Constitución Política del Estado, pasan por la coordinación entre los Órganos del Estado y un principio que ha quedado claro en la Declaración 001/2022 es que el Estado no puede parar, no puede cesar su funcionamiento y por lo tanto, con esas premisas constitucionales lo que ocurrirá en el país es un compromiso (...) de diálogo, de consenso, de acuerdo, de participación de todos los actores para garantizarle al país un Defensor del Pueblo elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si por algún motivo no se logran los 2/3 que requiere nuestra Constitución, el camino de la elección por Decreto Supremo es el camino democrático que queda y esto lo hizo Carlos Mesa, Evo Morales y lo tendrá que hacer el Presidente Luis Arce como ocurrió en el caso de la Contralora General del Estado.

Una observación recurrente de los Organismos Internacionales es el tema de presupuesto para la Justicia en Bolivia, país en el cual el Ministerio de Gobierno cuenta con más presupuesto que el Órgano Judicial. Es un problema fundamental a resolver si queremos mejorar en la administración, ¿cómo lo está asumiendo el Ministerio de Justicia?

El tema del presupuesto es uno de los puntos de divergencia, que será discutido en la Vicepresidencia... Creo que el presupuesto de la Justicia es una prioridad, debe mejorar, debemos hacer más inversión, pero quizás estamos invirtiendo de manera inadecuada, quizás necesitamos menos administrativos y más jueces. 

Además del presupuesto, ¿cuáles son los principales problemas que debería abordar la Reforma Judicial? 

La persona, el ser humano es fundamental, el juez es fundamental para que toda la Reforma funcione; tienes edificios, computadoras, leyes, pero si no tienes jueces que deciden no vas a tener una transformación en la Justicia y lo principal es que no tengamos un solo Juez transitorio, es el objetivo que tenemos en la Comisión de la Ley N°898, que este año nuestro país no tenga un solo juez transitorio, a través de un proceso de evaluación y desempeño, se consolide su estatus de transitorios a jueces de carrera, ese es el punto medular una transformación de la Justicia. García Sayán lo ha reclamado, tener el 47 por ciento de jueces transitorios no es democrático en un país. 

Un segundo, que nos cambia la realidad y nos puede optimizar tiempo es el uso de tecnologías de información, 84 mil abogados en Bolivia y ya hemos logrado que el 50 por ciento tenga ciudadanía digital, la tecnología apropiada tiene que llegar a todas las materias, debemos usar tecnología para mejorar el acceso a la justicia, que sea realmente interoperable, medible, rastreable, que nos permita controlar incluso el tema de la corrupción. Hoy puedo decir con precisión que el trámite más rápido para hacer un reconocimiento de firmas en las Notarías duró un minuto y un segundo, ha sido en Cobija, Pando. La tecnología te cambia la realidad. Así podremos saber cuánto tiempo le tarda a un Juez terminar un proceso de Divorcio, de Feminicidio, cualquier caso podrá ser medible y evaluable en su desempeño, sabremos qué jueces son eficientes y quiénes son los que se guardan los expedientes. 

Tercer elemento, transparencia ¿Qué pide la gente? Que no haya retardación, corrupción, que la Justicia actúe sin ver la billetera del ciudadano, sin ver a qué partido político pertenece o de qué periodista es amigo, ningún poder ni político ni económico ni mediático puede influir en la Justicia...

En relación a la seguridad que todos y todas queremos, ¿cómo está coordinando el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Gobierno para fortalecer la Policía?

Son temas competenciales diferentes. El Ministro de Gobierno tiene un plan de trabajo con la Policía, ha dado pasos fundamentales, me parece que el tema del trabajo es complejo, hay muchas leyes y resultados concretos con el trabajo de la Policía. En materia penal la Dirección funcional es del Fiscal, pero la Policía investiga, el modelo que hay en Bolivia es de mando único y de un trabajo de la Policía bajo supervisión del Fiscal, pero también bajo supervisión de sus mandos naturales. Ese modelo tiene que entrar en debate, no hay una solución única en el mundo, pero la relación Fiscalía - Policía tiene que ser fundamental para la eficiencia del enjuiciamiento penal. Nosotros terminamos, como Ministerio de Justicia la Ley de Enjuiciamiento Penal; es una deuda que tenemos con el país, se abrogó el Código del Sistema Penal hace bastantes años atrás, no hubo propuestas alternativas de la oposición y el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones nos están pidiendo una Reforma a la Justicia Penal y es fundamental para ello la relación Fiscalía – Policía y cómo esta última, en el marco de un debido proceso, debe ser eficiente, no podemos seguir con una Policía que no hace una investigación científica, que no tiene IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) fortalecido, que no tiene toda la ciencia que significa la investigación de un crimen. *