Reforma judicial en Bolivia; escándalos, tropiezos y propuestas

A través de un informe, Diego García Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, con base una visita oficial a Bolivia, en febrero de este año, detalla a una justicia débil, de alta proporción de jueces transitorios, un difícil acceso a la justicia y patrones de injerencia en el Órgano Judicial  que no han podido ser erradicados. Resaltó el rezago procesal de la jurisdicción ordinaria y que la corrupción incide en la baja credibilidad que el pueblo boliviano tiene en su justicia, sumado a un Ministerio Publico que enfrenta dificultades en lograr una gestión transparente y eficaz.

Del mismo modo, anotó que el presupuesto del órgano judicial no alcanza siquiera el 0,5 % del presupuesto general de la nación y que existe una crítica generalizada sobre el actual sistema de designación por sufragio universal de las altas autoridades judiciales e integrantes del Consejo de la Magistratura.

El Relator Especial, entre sus recomendaciones, instó al Gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial. Hablar de Reforma Judicial en Bolivia no es nada nuevo a para las y los bolivianos, que conocemos la cruda realidad del sistema, pues somos víctimas de su deficiencia. En diferentes momentos de la historia reciente, desde el gobierno central se generaron varias iniciativas, con la finalidad de dar solución a estos problemas.

En la década de los 90, a partir de la Reforma Constitucional, se incorporó un nuevo modelo organizacional, basado en la especialización, separando lo jurisdiccional de lo administrativo, se incorporó la Justicia en ese entonces Comunitaria, se fortaleció el control de Constitucionalidad Jurisdiccional, con la creación del Tribunal Constitucional. En materia penal, con la promulgación de la Ley 1970 se incorporó un nuevo Sistema Procesal Penal, acusatorio, en sustitución al inquisitivo, siendo una novedad, en ese momento, los jueces ciudadanos. Con la promulgación de la Ley 1715, se creó la jurisdicción agraria. 

En la Asamblea Constituyente (2006) se plantearon iniciativas, siendo la más innovadora, la elección por sufragio directo, de las 26 máximas autoridades del Órgano Judicial, procurando con ello que el éste Órgano, tenga la misma legitimidad que los otros que conforman el Gobierno. En ese momento, también se manifestó que, con este nuevo modelo de elección de autoridades, se fortalecería la independencia de la justicia, toda vez que ya no iban a ser elegidos por acuerdos políticos, sino por el voto del pueblo. A esta iniciativa, se suma el reconocimiento constitucional de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), mediante el Pluralismo Jurídico, la promulgación de la Ley de Deslinde y otros instrumentos jurídicos; el fortalecimiento de la justicia agraria, que paso a ser agroambiental. En el ámbito administrativo, se creó un modelo organizacional mixto, en el que la parte jurisdiccional, puede coordinar con la parte administrativa, mediante los denominados Directorios, mismos que existen, respecto de la Escuela de Jueces del Estado y la Dirección Administrativa y Financiera, más no se ha previsto, desde el plano normativo, un espacio entre la parte jurisdiccional y el Consejo de la Magistratura. 

Este modelo de justicia, el  3 de enero de 2012 entró en vigor bajo la expectativa del pueblo boliviano, con la posesión de las primeras máximas autoridades judiciales, elegidas por sufragio directo. Oportunamente, el entonces Magistrado, Jorge Isaac Von Borries dijo: “para lograr materializar el modelo de justicia, contenido en la Constitución Política del Estado, no es suficiente, la elección, designación y posesión de Magistrados, es imperativo que se cambien los Códigos y Leyes, a objeto de adecuar nuestro ordenamiento jurídico interno, a lo establecido en la CPE, porque todas las autoridades judiciales, del territorio nacional, a tiempo de impartir justicia, tienen la obligación de consultar nuestro ordenamiento jurídico vigente y no solo la Constitución” 

Coincidentemente, el año 2013, se activan las diferentes Comisiones Codificadoras y así se da inicio a la tercer reforma normativas, promulgándose el Código Procesal Civil, Código de las Familias, Código Niño, Niña y Adolescente, Código Procesal Constitucional, Ley del Notariado, Ley de Violencia contra la Mujer y otras.

El año 2015, diferentes sectores de la población boliviana, manifestaron que los problemas  de la Justicia Boliviana continuaban y en algunos casos, hasta se habían agravado, la respuesta del gobierno central, a esta demanda social, fue organizar la Cumbre de la Justicia, que se organizó a mediados del 2016, generando varias conclusiones o iniciativas, que en ese momento se asumieron, era la manera de revertir la situación crítica de la Justicia Boliviana y garantizar que la misma se ejecute, en ese entendido, se promulgó la Ley Nº 898 de 26 de enero de 2017 “Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de la Justicia”. 

En el ámbito de la Justicia Indígena Originaria Campesina, el nivel central,  el 9 y 10 de agosto de 2018, organizó en Quillacollo –Cochabamba la “Primera Cumbre Nacional de la JIOC”, emergiendo de este evento, varias conclusiones, que tenían como finalidad, fortalecer este sistema de justicia. La diferencia con la otra cumbre fue que no se conformó ninguna Comisión de Seguimiento a estas conclusiones y tampoco se promulgó ninguna Ley.  

Han transcurrido más de doce años de la vigencia de la Constitución Política del Estado y los problemas que afectan a la Justicia Boliviana, continúan, ¿Cuál la razón?

Sucede que a la Justicia Boliviana, se la debe asumir como un servicio público, semejante a la educación o la salud y que su estructura funcional es dinámica; en la década de los 90 existían alrededor de 650 Jueces Ordinarios, para una población de 10 millones, actualmente existen 1098 Jueces Ordinarios para una población de 11 millones y siguen siendo insuficiente. 

Lo manifestado,  para nada debería entenderse como una justificación, sino como una explicación, respecto a que no existen fórmulas mágicas, para resolver los problemas de la justicia, cada sociedad debe tener la capacidad de generar propuestas efectivas y eficientes de acuerdo a su realidad que resuelvan los problemas de su sistema de justicia, en correspondencia a sus actuales necesidades,.

Por las experiencias pasadas, sería un error, pretender resolver el tema de la Justicia Boliviana, solo tomando en cuenta a los entes que conforman el Órgano Judicial, pues la impartición de justicia, es un tema transversal en toda sociedad y Bolivia no es la excepción, de ahí que si se desea generar un cambio estructural, por ello es imperativo, incluir en las diferentes propuestas, a las Carreras de Derecho (públicas y privadas), la organización civil y movimientos representativos de la población vulnerable, además de las  entidades que tiene vinculación directa con el Órgano Judicial, en sus diferentes materias. 

Actualmente, varios sectores de la sociedad boliviana, se han pronunciado, respecto de la crisis de la justicia y han formulado un sinnúmero de propuestas, las cuales se puede agrupar en dos escenarios: 

1. Los que consideran que, para cambiar la justicia, se debe reformar la Constitución Política del Estado. El argumento, para sustentar esta propuesta, se basa en que la elección por sufragio directo, previsto en la Constitución Política del Estado, debe ser modificada, es decir, que en criterio de quienes apoyan esta iniciativa lo central para solucionar los problemas de la Justicia Boliviana es la designación de las 26 altas autoridades del Órgano Judicial. Desde un punto de vista crítico, esta propuesta, a corto plazo podría ser inviable porque por disposición constitucional, el periodo de funciones de los actuales 26 Magistrados, concluye el próximo 31 de diciembre de 2023, eso implica que pretender modificar esta parte de la CPE, sus mandatos deberían concluir hasta el mes de junio de la próxima gestión y tomando en cuenta lo previsto en el art. 411.II de la CPE, los arts. 149 al 152 del Código Procesal Constitucional, normas que regulan el proceso de reforma parcial de la CPE, los tiempos no están a favor de esta iniciativa. 

El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, en su intervención del 6 de julio de 2022, en la Vicepresidencia, sostuvo que “…en relación a la Constitución Política del estado en vigencia desde el 2009, la vamos a defender (...) es fruto del esfuerzo y la sangre del pueblo y esto no es posible que se pueda cambiar en un debate con siete ciudadanos notables que valen más que el 61% del país”.  El Ministro sostuvo que también consideraba que el planteamiento de modificar la Constitución fue derrotado, en una discusión con el pueblo boliviano, expresado mediante las y los legisladores. Por ello, podría asumirse que al menos a corto o mediano plazo, cualquier propuesta de reforma judicial, no pasa por reformar la constitución.

2. Los que consideran que, para cambiar la justicia, no es necesario modificar la Constitución Política del Estado. Desde finales de la gestión 2021, diferentes entidades como ser el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo de Justicia y recientemente el Consejo de la Magistratura, hicieron conocer sus propuestas de reforma judicial, que como se indica, no tienen como finalidad cambiar la Constitución Política del Estado, en esa lógica, luego de haber revisado, el Proyecto de Modificación a la Ley del Órgano Judicial, aprobado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Acuerdo Nº 27 de 24 de noviembre de 2021. 

Para esta propuesta los problemas centrales que deben resolverse en forma urgente, son presupuesto, modernización, carrera judicial, cambios normativos y diseño organizacional, no obstante, se sugiere que el primer paso, es modificar la Ley del Órgano Judicial (Ley 025). 

Es importante trabajar en un proyecto normativo que haga efectivo y eficaz el subsistema de evaluación al desempeño, que nunca se pudo materializar en el Órgano Judicial y tampoco en el ex Poder Judicial, no obstante estar previsto en la Ley Nº 1817, de manera que los más de 1098 operadores de justicia ordinarios y 63 agroambientales, puedan ser evaluados en forma periódica a objeto de ser ratificados o cesados en sus funciones. Si se tiene la capacidad de generar un eficiente, eficaz y transparente proceso de evaluación al desempeño es viable incorporar a la Carrera Judicial a los Vocales, generando con ello un escalafón vertical, que permita avanzar desde personal de apoyo, hasta incluso Magistrado, pues una efectiva carrera judicial, podrá ser garantía de independencia. 

En relación a la incorporación de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Órgano Judicial, si bien existen más de 70 Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección Administrativa y Financiera y el Consejo de la Magistratura a su vez cuenta con su Sistema Integrado de Registro Judicial, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación sostuvo que es imperativo que el Órgano Judicial, incorpore el Gobierno Electrónico, mismo que está regulado por la Ley 1080, siendo sus pilares, la inter operatividad, ciudadanía digital, firma digital y otros. 

Sin lugar  a dudas, es urgente fortalecer la transparencia en el manejo de la información, en todos los niveles, siendo este un elemento esencial para incorporar en la Justicia Boliviana, un modelo de gestión de causas, basado en competencias, semejante a lo que ocurre en el Ministerio Público.

A manera de conclusión, serán los diferentes sectores civiles y sociales, políticos académicos, legislativos y, en resumen, el pueblo boliviano, como actor principal, quien deberá elegir las opciones de reforma de la justicia boliviana, tomando en cuenta su realidad corrupta, ineficiente, dependiente y patriarcal. *

Hablar de Reforma Judicial en Bolivia no es nada nuevo para las y los bolivianos, que conocemos la cruda realidad del sistema, pues somos víctimas de su deficiencia. En diferentes momentos de la historia reciente, desde el gobierno central se generaron varias iniciativas, con la finalidad de dar solución a estos problemas.

Jazmín Serrano Ramírez