Ministro de Gobierno responde sobre la dramática realidad en las cárceles

En una entrevista exclusiva con la revista jurídica Tribunales de CORREO DEL SUR, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habló sobre la situación de las cárceles en el país.

Reveló que el 65,72% de la población carcelaria se encuentra con detención preventiva, mientras que el 34,28% cuenta con sentencia; además, observó el alto índice de hacinamiento, ya que se cuenta con 22.784 privados de libertad en más de 45 centros penitenciarios.

Aquí te presentamos la entrevista completa. Recuerda que también puedes acceder al formato PDF en: 

1. El objetivo del Régimen Penitenciario es la reinserción social de las y los privados de libertad, en este sentido ¿Qué políticas se están implementando para asegurar sus condiciones de vida dignas y programas de reinserción? 

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 74 que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, en ese sentido, como Estado boliviano hemos venido desarrollando políticas en favor de la población penitenciaria, brindando mejores y mayores oportunidades laborales y educativas, sin dejar de lado el tema de la salud, que también es parte de la reinserción social.    

En el ámbito laboral a nivel nacional, solo en la gestión 2022, se tiene registrado a 7.477 privados de libertad inscritos en los más de 50 rubros o talleres productivos en los diferentes centros penitenciarios del país, entre ellos los más representativos son: artesanías, carpintería, metal mecánica, serigrafía, bisutería, corte y confección, tejido, sastrería, cerrajería, marroquinería, lavandería, horticultura, granja porcina y avicultura, bordado, corte y confección, gastronomía y repostería, panadería, entre otros.

También iniciamos el programa “Cárceles Productivas” en los centros penitenciarios del país, este programa tiene por finalidad lograr que las cárceles del país sean autosustentables a través de la producción de alimentos para su consumo interno y externo en los diferentes huertos que se han implementado al interior de cada recinto, a la fecha más de 120 privados de libertad de Santa Cruz, La Paz y Cobija, son parte de este programa.

A nivel educativo, se viene realizando gestiones con el Ministerio de Educación para que las universidades privadas y estatales puedan habilitar carreras a nivel licenciatura para la población penitenciaria, esto bajo la modalidad virtual, en los departamentos de Chuquisaca, Beni y La Paz; 71 privados de libertad rindieron examen de admisión para ingresar a distintas carreras de las universidades públicas. 

2. Actualmente las cárceles en Bolivia tienen pésimas condiciones habitacionales ¿Las condiciones de vivienda influyen en la rehabilitación? ¿Por qué? ¿Considera necesario integrar un proceso participativo con las privadas y privados de libertad para la mejora de sus condiciones?

Durante los últimos años se ha realizado a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen Penitenciario, la entrega de nuevos ambientes o ampliación de espacios habitacionales y de los diferentes talleres o terapias ocupacionales de los centros penitenciarios del país.

En el departamento de Santa Cruz se realizó la entrega de un nuevo bloque en el Centro de Readaptación Productiva de Montero – CERPROM que cuenta con espacios de salud, terapias ocupacionales y una capacidad para más de 200 privados de libertad.

En el Centro Penitenciario de Santo Domingo de Cantumarca del municipio de Potosí, se hizo la entrega de dos bloques que cuentan con 27 celdas nuevas, próximamente se entregará en la ciudad de Riberalta un nuevo centro penitenciario para dar solución al hacinamiento que se tiene en la carceleta de ese municipio, la nueva infraestructura cuenta con talleres de productivos, un bloque con 24 celdas con capacidad de albergar a 200 privados de libertad. 

Se viene realizando gestiones para dar continuidad a los complejos penitenciarios, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Todos estos trabajos de ampliación y nueva infraestructura en los diferentes centros penitenciarios del país tienen la finalidad brindar mejores condiciones de vida y oportunidades laborales para consolidad la reinserción social del privado de libertad. 

3. Entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, la población carcelaria incrementó en un 12%, lo cual arroja una tasa de ocupación del 247%, la tercera más alta de la región (después de Haití y Guatemala). En esta línea, descongestionar los recintos carcelarios continúa siendo uno de los principales desafíos de derechos humanos que afronta el país y evidencia la importancia de que el Estado a la brevedad aplique medidas de descongestionamiento de a nivel nacional ¿Cuáles son las que está asumiendo el Ministerio de Gobierno? 

A la fecha la población penitenciaria a nivel nacional es de 22.784 privados de libertad en más de 45 centros penitenciarios de ciudad capital y provincias, por lo que se tiene un índice de hacinamiento considerable el cual llama la atención no solo del Ministerio de Gobierno, Régimen Penitenciario si no, a varias instituciones que tienen responsabilidad en el tema, pero también, es importante aclarar que el tema de hacinamiento es fundamentalmente un tema de la administración de la justicia y no solo de espacio. 

Como Estado hemos dado viabilidad al Decreto Presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias N° 4461, beneficiando a 796 privados de libertad, asimismo, cabe resaltar que estos últimos dos años se ha coordinado con el Órgano Judicial, Fiscalía, Ministerio Público, para descongestionar los centros penitenciarios a través de las visitas carcelarias o jornadas de descongestionamiento, en donde jueces y fiscales se hacen presente en las cárceles y atienden de manera directa los distintos casos de retardación de justicia de los privados de libertad.

No obstante, un buen ejemplo que se puede mencionar es que, en el departamento de Pando, el 69% de las personas privadas de libertad son personas que ya se encuentran con sentencia y solamente el 31%, tienen aún detención preventiva.

4. Al mes de marzo de 2022, el 65,76% de la población privada de libertad no tiene condena ¿Qué políticas se están encabezando para materializar el acceso a la justicia de las y los privados de libertad? ¿Se está promoviendo la posibilidad de hacer seguimiento amplio e irrestricto a sus casos a través medios tecnológicos e informáticos? 

A julio de la presente gestión tenemos registrado a nivel nacional que un 65,72% de privados de libertad se encuentran detenidos de manera preventiva y un 34,28 % cuentan con sentencia, estos datos nos llaman a la reflexión de la situación legal de la población penitenciaria. También se han dado casos en donde varios privados de libertad se encuentran cumpliendo la detención más allá del tiempo de su condena o que se encuentran cumpliendo la detención preventiva más allá de los plazos establecidos, por tal motivo es que recientemente en el Centro de Rehabilitación de Palmasola realizamos el lanzamiento de programa informático Estado Digital Régimen Penitenciario, donde se cuenta con toda la información personal, situación legal y seguimiento al proceso de reinserción social que se encuentra realizando la o el privado de libertad. Este sistema nos permite contar con datos actualizados de cuantos privados de libertad se encuentran de manera preventiva o sentenciada, cuánto tiempo se encuentra detenida una persona para poder elaborar reportes diarios de cuantos privados de libertad se encuentran cumpliendo una detención indebida, para que el Órgano Judicial pueda resolverlos a la brevedad posible; además de una gran cantidad de datos que nos están sirviendo para tomar decisiones en la creación de nuevas políticas públicas.

En el pasado, se han dado casos en donde varios privados de libertad se encuentran cumpliendo la detención preventiva más allá del tiempo de su condena más allá de los plazos establecidos, eso ya fue eliminado. Cuando llegamos al gobierno había 108 privados de libertad que ya habían cumplido su condena pero que seguían detenidos. 

5. Con el escándalo que propició la denuncia de que jueces, fiscales, abogados, policías, entre otros, liberaron feminicidas condenados, el mensaje que recibieron las mujeres víctimas de violencia fue que no recibirán justicia efectiva. Usted se comprometió públicamente a encabezar la Comisión de Investigación de Casos de Feminicidio y Violación ¿Cuáles son los principales resultados que destacaría? ¿Considera que con estos se ha devuelto la credibilidad, confianza, seguridad y certidumbre a las mujeres y la población boliviana? 

La creación de esa comisión fue por determinación del presidente, Luis Arce, ante la urgencia de dar respuestas a la sociedad por temas de esa naturaleza que han dejado luto y dolor al pueblo boliviano. 

La Comisión trabajó por 120 días, se revisaron 327 casos, se intervino el 100% de los juzgados de ejecución penal en Bolivia, 18 jueces fueron investigados, 10 destituidos, 8 fiscales también fueron destituidos y 21 personas fueron recapturadas (entre violadores y feminicidas). Además, es importante mencionar que se recapturó a otras personas que estaban involucradas en otros delitos y que fueron beneficiadas con libertad.

6. ¿Considera que la Policía Boliviana juega un rol central en la administración de justicia? ¿Cómo se está coordinando con el Ministerio de Justicia para mejorar esta institución?

La gente confunde roles, el Ministerio Público es la encargada de disponer la situación jurídica de las personas ante denuncias o hechos delictivos y posteriormente las y los administradores de la justicia junto a la Policía Boliviana ejecutan esas órdenes y por supuesto coadyuvan en las investigaciones mediante las diferentes unidades especializadas. La coordinación que se tiene es estrictamente institucional y de prerrogativas de ambas entidades según estipula la Constitución. 

Por ejemplo, con la Fiscalía firmamos un convenio interinstitucional el febrero de la presente gestión para promover la cooperación recíproca para el intercambio de información que coadyuve al ejercicio de sus atribuciones y funciones, y para disponer la interoperabilidad, en el módulo de consulta, entre los sistemas informáticos del Ministerio Público y la Dirección General de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, entre otras disposiciones. 

7. La gestión 2021, cerró con un total de 108 feminicidios y a junio de este año se registraron 42, cada día se denuncian 134 delitos de violencia hacia las mujeres. Por favor informe a la población sobre el avance del trabajo de la Policía Boliviana en demostrar de manera taxativa los esfuerzos del Estado para acelerar procesos de investigación de los delitos de violencia de género. 

En relación al tema de feminicidios, es un tema que nos lo tomamos muy en serio y que hicimos diversas acciones para combatirlo. Actualmente a la fecha (22 de agosto) se tiene 61 feminicidios en todo el año, una reducción de más del 15% en relación a la pasada gestión en las mismas fechas. De estos 61 feminicidios se resolvió el 95%, es decir, que prácticamente todos los casos de feminicidio en el país son resueltos de manera pronta por nuestra Policía Boliviana y se aprehende a los responsables. El departamento de Pando, en lo que va de la presente gestión no ha registrado ningún feminicidio y el departamento donde se registran más feminicidios es La Paz.

8. De 2008 a septiembre de 2021, de acuerdo a los datos evidenciados en los reportajes periodísticos, los crímenes de odio contra la población LGTBI alcanzarían aproximadamente 80 casos, siendo las principales víctimas mujeres trans, población que se encuentra en extrema situación de vulnerabilidad. De estos casos sólo dos habrían obtenido sentencia uno después de 6 años y el segundo después de un año del hecho ¿Qué está haciendo el Ministerio de Gobierno para que se investiguen efectivamente las denuncias de violencia contra las mujeres trans? pues ni siquiera existe información diferenciada oficial sobre el número de denuncias en instancias policiales, la situación de violencia de esta población se encuentra invisibilizada, por ejemplo, se deben incluir los casos de violencia contra mujeres trans bajo el rótulo de violencia de género.

Sobre este tema considero que es una tarea pendiente. De todas maneras, desde el Ministerio de Gobierno, y en particular en mi gestión como ministro, la inclusión de las poblaciones LGBT (qia), el respeto a sus derechos y por supuesto el impulso de políticas en beneficio del sector es algo que nos interesa y que vamos a tomar acciones al respecto.

9. En el Penal de San Roque de la ciudad de Sucre, una mujer ingresó a una visita y fue ultrajada sexualmente, falleció producto de las lesiones, esto evidencia la ausencia de seguridad dentro del Penal, ¿Qué medidas se están adoptando para evitar que este lamentable hecho se repita?

Fue un caso lamentable que se encuentra actualmente en investigación, empero, a pesar de ello, desde mi cartera de Estado, hemos realizado a través del Proyecto Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110 de la Policía Boliviana, la dotación de un lote de equipos tecnológicos con una inversión de más de Bs 34 millones para generar mayor seguridad en diversos centros penitenciarios de todo el país, y que los efectivos policiales que controlan estos centros de reclusión, puedan mejorar el control interno para evitar fugas, complicidades, y otro tipo de actividades irregulares e ilícitas que puedan afectar a que los privados de libertad cumplan su deuda con la justicia

El equipo entregado consta de: 10 detectores de metales tipo arco pórtico, 7 rayos X para objetos, 3 rayos X de cuerpo entero, 26 detectores de metal tipo paleta, 8 bloqueadores de señal de teléfonos celulares, 500 tobilleras electrónicas, 3 buses de 26 pasajeros cada uno, 8 centros de circuito cerrado con 100 cámaras. Parte de este equipamiento ya fue entregado a las cárceles de San Pedro de la ciudad de La Paz y Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, y se prevé en las próximas fechas realizar la entrega en los centros penitenciarios de Cochabamba, Potosí, Tarija y Pando, aunque, esto está sujeto a la planificación y cambios a nivel nacional.