Independencia judicial, el dolor de cabeza del Gobierno

Este pLa Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en el Informe “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia”, de 2007, “observó diversos elementos que pueden cuestionar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces en Bolivia. En primer lugar, se tomó conocimiento de algunas falencias en cuanto a los procesos de designación de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, así como de la debilidad y falta de consolidación de un sistema disciplinario. Asimismo, existe una percepción muy fuerte de que los poderes Ejecutivo y Legislativo no respetan la independencia judicial”.

En el año 2019, nuevamente, la CIDH, luego de la visita de su Secretario Ejecutivo a Bolivia, en noviembre de 2019, se refirió a la independencia judicial sosteniendo que “no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por violaciones de derechos humanos, planteando al mismo tiempo la necesidad de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos, para coadyuvar a las autoridades nacionales en dicho cometido (…)”.

En septiembre de 2020, Human Rigths Watch publicó el informe “La justicia como arma de persecución política en Bolivia”, entre las principales recomendaciones, el Informe destaca que en Bolivia se debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias, reformar el sistema de justicia para garantizar su independencia. El Informe concluye que el gobierno de Evo Morales debilitó la independencia del sistema de justicia, creando una situación de quiebre y desmantelamiento institucional que permitió a su gobierno y al posterior de Añez, usar de forma indebida el sistema judicial con fines políticos.

Recordemos, a partir de la crisis de política y social del mes de noviembre de 2019, todas y todos los bolivianos fuimos testigos de la clara politización de la justicia, nos quedó claro que la administración de justicia está lejos de estar al servicio del pueblo, pues su compromiso no es ni siquiera con un partido político, sino con quienes ostenten del poder en su turno. El Ministerio Público, en el gobierno de Añez, inició procesos y efectuó aprehensiones por doquier, pero una vez electo el actual Presidente cerró los mimos, en ambos escenarios sin argumentos jurídicos claros, dejando clara su dependencia al Ejecutivo de turno.  

Bueno, la historia continúa y este año, el Gobierno invitó a Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, para que visite el país, es así que entre el 15 y 22 de febrero el Relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estuvo en territorio nacional. 

Al término de su visita, el 22 de febrero, el Relator publicó un pronunciamiento de observaciones generales, en la página oficial de la ONU, en el mismo destacó, entre otras, que “la justicia está lejos de la gente” y que “una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres”. Del mismo modo, narró, “escuché sobre el impacto de la corrupción en el sistema de justicia, y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana. Escuché testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. Estos testimonios no son denunciados públicamente por las victimas por temor”.

En mayo, el Relator, presentó el Informe de su vista expresando que, “Desde la sociedad civil se recogieron ejemplos exponiendo el impacto de presiones externas e internas en operadores de justicia. Dichas presiones vienen de actores que buscan la obtención de condenas o de la práctica de instituciones públicas de querellarse judicialmente en casos que perciben como sensibles. Asimismo, en varios ejemplos la respuesta de las autoridades ha sido demandar el procesamiento de operadores de justicia a través de discursos punitivos”. 

Además, “el Relator Especial destaca la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse”.

Refiriéndose a la corrupción indicó que, “puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial. Durante su visita, el Relator Especial se enteró de situaciones que son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos, irregulares y corruptos. Por ejemplo, en 2020, hubo una serie de denuncias públicas sobre la designación de 140 jueces por presunta “venta” de cargos judiciales. En 2021, la convocatoria pública para vocales tuvo que ser suspendida por existir presuntas irregularidades. Asimismo, ya se han mencionado excarcelaciones irregulares por órdenes de jueces de ejecución. Todas las instancias de corrupción en un órgano judicial deben ser sancionadas con todo el peso de la ley”.

Así el estado de las cosas. Se debe entender que la independencia judicial es un principio de los jueces y juezas por el cual deberían ser inmunes ante injerencias de poderes políticos. Nadie debería presionar, mandar o dictar al Órgano Judicial y a sus funcionarios en su labor de impartir justicia, ningún poder debería invadir sus funciones, pues la independencia judicial es vital para la separación de poderes y es un principio fundamental del régimen constitucional y del Estado de Derecho. 

La independencia judicial es un pilar fundamental para obtener seguridad jurídica y protección efectiva de nuestros derechos frente al Estado. Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional Plurinacional no es independiente se corre el riesgo que la población quede en desventaja y desprotección frente a contenidos inconstitucionales de leyes, decretos, reglamentos u otros. Esta institución, especialmente, es la llamada a resguardar el Estado de Derecho cuando existan amenazas, del poder frente a la voluntad constituyente, y hacia los derechos y garantías. Nuevamente, si su actuar no es independiente se corre el riesgo que a la población se le vulneren derechos fundamentales como la salud, educación y la libertad y no tengamos posibilidad de protección efectiva mediante procesos como el amparo, acción de libertad u otros.

Entonces, la independencia judicial es la garantía para el respeto del ordenamiento jurídico, los derechos humanos, la competencia de los órganos fundamentales y el bienestar de la población.

"La independencia judicial es un pilar fundamental para obtener seguridad jurídica y protección efectiva de nuestros derechos frente al Estado".

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en su Voto Concurrente respecto a la Sentencia de la Corte IDH, en el caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador, sostuvo que, “(…) un juez es independiente si toma sus decisiones basado solamente en el caso, sin estar influido por consideraciones particulares relativas a las partes que no resulten relevantes para el asunto concreto, y si decide libre de consideraciones relacionadas con su propio interés o con intereses de la persona o cuerpo que lo nombró” y que, para lograr la independencia judicial “se pueden prever garantías institucionales que permitan a un juez ejercer su independencia. Entre esas garantías se encuentran la inamovibilidad del cargo, una remuneración intangible, el modo y forma de nombramientos y de cese en sus funciones. “(…) Sin embargo, dichas garantías no serán nunca suficientes si el juez no desea ejercerlas”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló enfáticamente que los poderes del Estado deben ser mesurados cuando someten a la opinión pública la labor de jueces y juezas, cuidando no afectar a las partes de cada proceso. La independencia judicial es una garantía, pero también es un derecho de todas las personas y es deber de los Órganos del Estado respetarla, pero también del mismo Órgano Judicial, pues no es posible que instancias superiores o de igual jerarquía emitan criterios adelantados sobre la labor de un juez o jueza. 

Del mismo modo, la independencia judicial tampoco debería ser afectada por privados, los “acosadores” pueden ser empresas, fundaciones, sindicatos, asociaciones u otros, en el momento en el que hay una presión ajena al proceso se afecta la independencia que tiene el juez de administrar justicia. 

En el caso de los medios de comunicación se debe ponderar el derecho a la libertad de expresión, este no es un derecho absoluto, por tanto, tiene límites, los cuales están lejos de la censura, pero lo que se debe entender es que una cosa es “opinar” y otra muy distinta es “presionar”. Cuando la opinión se transforma en agresión, del tercero ajeno al proceso, se perturba el funcionamiento del Órgano Judicial. 

Debemos insistir, la separación de poderes tiene el objeto de preservar las libertades y derechos humanos, evitar la concentración de poder, que puede ser expresado en autoritarismo y, que las funciones de cada Órgano sean cumplidas conforme a las finalidades expresas en la Constitución Política del Estado. Sin independencia las decisiones judiciales no son respaldadas por la sociedad, todas y todos deberíamos estar convencidos de que los jueces decidirán sin considerar quienes están involucrados. 

Del mismo modo, el juez no solamente debe ser visto como un operario técnico, sino como una persona que tiene una alta responsabilidad dentro de la vida social y democrática de nuestro Estado, pues; los derechos fundamentales solo serán materializados en el marco de una justicia independiente, en las manos de los jueces y juezas está que los derechos dejen de ser retórica o poesía constitucional. 

Y, no, el debate no solo pasa por la forma de elección de las altas autoridades, podemos inventar mil modelos más, pero mientras el Ejecutivo, especialmente, no renuncie al manejo inescrupuloso del Órgano Judicial, no habrá fórmula mágica que nos salve de la condena de padecer un sistema corrupto e ineficiente. Estamos agotados y agotadas de escuchar que el problema es estructural, de escuchar compromisos, si en Bolivia no se institucionaliza las carreras fiscales y judiciales a modo de que quienes administran justicia tengan las suficientes garantías contra cualquier tipo de presión política o mediática y obren en función de la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico vigente, ningún proceso de reforma será serio y solo ahondará la desconfianza del pueblo, que, en el mejor de los casos obtiene sentencia extremadamente retardada, pero no obtiene justicia.

Luis Arce, presidente  de  Bolivia

“Las estadísticas confirman la existencia de problemas que se repiten cada año sin encontrar una posibilidad de solución, este modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente, privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano. La ley de valor de cambio que caracteriza al sistema capitalista se ha profundizado durante dos décadas de modelo neoliberal que vivimos y como la construcción de un Estado no se hace al mismo tiempo en todos los niveles y grados, hay que reconocer que el cambio de la justicia nos apremia a todos y a todas”. Viceministerio de Comunicación, 3 de enero de 2022.

Iván Lima, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

En relación a la administración de justicia, el Ministro indicó que “decir que estamos tan mal, el peor momento de la historia no es decirle la verdad al país”. “Lo que se quiere es decir que los jueces no sirven para nada en el país, que la justicia está podrida, para inmediatamente después señalar que esos jueces no tenían la capacidad para hacer justicia. Esta es la realidad y no podemos dejarnos engañar por este tipo de discursos que lo único que buscan al atacar a la justicia -que no digo que esté bien-, es impunidad”. Ministerio de Justicia, 6 de junio de 2022.

Olvis Eguez, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia

“Cómo el Órgano Judicial puede garantizar la independencia sí año a año el Ejecutivo y el Legislativo asignan el presupuesto”, cuestiona Egüez. Lo que asignan, prosigue, no permite la creación de nuevos juzgados, la incorporación de la tecnología o el pago de un salario digno a los jueces. El Órgano Judicial no es independiente ni a la hora de solicitar su presupuesto económico. JUSTICIA A LA CARTA, 26 de julio de 2022.

Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura

En cuanto al régimen disciplinario, el Presidente del Consejo de la Magistratura sostuvo que es “inútil” y “está generando solamente gasto al Estado”. “Tenemos jueces disciplinarios, auxiliares, secretarios, oficiales de diligencia, toda una estructura que sirve solamente para sancionar con un mes, dos meses, en el mejor de los casos seis meses, después de años de procesamiento. Eso tampoco puede seguir”. ERBOL, 18 de enero de 2022.

Evo Morales, expresidente de Bolivia

“La independencia de poderes, para mí, es una doctrina norteamericana, así como en el tema sindical. La independencia sindical para que el sindicato no pueda hacer política. Es una doctrina del imperio norteamericano, para que los obreros no hagan política, solo la derecha tiene opción de hacer política”. INFOBAE, 21 de septiembre de 2017.