“La independencia es una garantía de funcionamiento y de vida del Órgano Judicial”

Segunda parte

¿Cómo autocalificaría su gestión? ¿Cuáles fueron los retos más difíciles en este tiempo al cargo?

Es complejo autocalificarse, lo que más podría destacar de la gestión, a diferencia de las anteriores, nos ha tocado acontecimientos serios, empezamos la gestión y se destapó hechos de corrupción de jueces involucrados en la liberación de asesinos, feminicidas, prácticamente negociaban las condenas de los privados de libertad. Esta situación nos obligó a innovar actos de carácter administrativos jurisdiccional que no estaban previstos, hemos tenido que generar un protocolo inmediato de intervención. 

Se hicieron intervenciones a los dieciocho juzgados de instrucción penal, hemos destituido a diez jueces, hemos procesado al restante, del mismo modo, se intervino los veintiún juzgados disciplinarios, con ingratas sorpresas lastimosamente. 

Hasta ahora, calificaría la gestión como positiva, a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido, pues no solamente soy yo, el Consejo es un ente colegiado, un equipo a nivel nacional. 

Respecto a las recomendaciones del Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Diego García Sanyán ¿Qué acciones concretas está tomando el Consejo de la Magistratura?

Hemos tenido la oportunidad de conversar de manera directa con el Relator, es una persona muy amable, asequible. Siendo honesto, no sé si el contenido del Informe haya sido el resultado cabal de las intervenciones directas, al Consejo nos concedió una hora. 

Uno de los paradigmas que sustentan la actividad judicial en el mundo es la independencia judicial, creo que las recomendaciones van a fortalecerla, pero haciendo una autovaloración de la histórica narrativa de lo que es el concepto y la materialización de este principio, garantía, derecho y paradigma jurisdiccional, la independencia siempre se ha visto soslayada, es parte de las taras con las que nace la República, desde el primer Decreto de 1825, siempre hubo una especie de sujeción política. 

La independencia es una garantía de funcionamiento y de vida del Órgano Judicial que está en constante evolución y es deber de todos mantenerla, fortalecerla y eso no se hace en base a leyes, sino con voluntad y conducta. 

¿Considera que existe una real voluntad para garantizar independencia del Órgano Judicial?

Si, la voluntad está puesta, honestamente no creo que ninguno de los actuales magistrados en ejercicio, nuestros más de mil jueces que tenemos en Bolivia, ninguno está dispuesto a perder la independencia judicial, esto estará siempre en constante defensa, protección y fortalecimiento, en tanto no se entienda que el rol de las entidades es de coordinación. 

En toda la historia republicana siempre ha sido tentación del poder político subsumir al poder judicial, entonces, el problema está más en las miradas del poder político hacia el judicial, sociológicamente hablando. 

En lo administrativo ¿Existen problemas entre la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial y el Consejo de la Magistratura?

No lo conceptualizaría como un problema, no es un tema de carácter personal entre autoridades, nosotros no legislamos, ejecutamos lo que se legisla, operamos, administramos en los diferentes niveles que se tiene y de acuerdo a las competencias. 

El problema fundamental es un tema de carácter estructural, es la proyección de lo que fue la estructura jurídica que tiene el Estado con referencia a la estructura orgánica del Órgano Judicial que viene plasmada en la Ley 025. Cuando trabajamos en su proyecto de Ley, se mantenía que el Consejo de la Judicatura había degenerado la administración de los recursos y se tenían demasiados indicios e índices de corrupción, no es un secreto para nadie. 

Entonces, se propuso la descentralización administrativa y financiera, con base en la lógica de que, si la gerencia administrativa y financiera del Consejo de la Judicatura funciona con 42 funcionarios, sacamos esta gerencia y generamos una entidad descentralizada con 50 funcionarios, pero hoy la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) tiene 508, diez veces más de lo que se había proyectado. Si funciona bien o mal es otro tema. 

El criterio fundamental era que los recursos económicos del Estado que se invierten en justicia iban a ser mejor manejados, fiscalizados y controlados, generando un directorio que tenga en su estructura a las tres entidades que hacen al Órgano Judicial, con el fin de controlar de mejor manera el manejo de los recursos, con mayor autonomía, pero la Ley cambia todo esto por ignorancia administrativa, generando una lógica que ya había sido superada en los 90s, concentrando el Poder en el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene dos de los tres miembros del directorio, no existe posibilidades de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura y, lo peor, se desconcentra en lugar de descentralizar, lo que no le permitirá nunca la DAF ser la entidad que podría ser por su naturaleza legal.

Se están haciendo cosas ilegales, en el estricto concepto de la palabra, no es que las autoridades obren mal, la estructura, la ingeniería jurídica de la DAF no le permite hacer lo que está haciendo. Por ello la Contraloría General del Estado, en el informe y auditoría especial que hizo al Órgano Judicial, lo primero que observa es la dualidad de funciones, por no decir la usurpación y la inflación administrativa que ha tenido la DAF. 

En este momento tienes una DAF desnaturalizada que debería ser descentralizada, no debería tener una unidad de auditoría interna, unidad de transparencia, no debería hacer otra cosa que gestión y administración financiera como dice la Ley.

Esto sí debería ser tema de la Reforma Judicial, qué se hace con la plata que nos da el Estado para la administración de justicia, de esa plata salen las posibilidades de tener mayor número de jueces, apoyo judicial, la administración de los recursos de Derechos Reales. 

 

Marvin Molina Casanova. Presidente del Consejo de la Magistratura