Expresión Vs. Presión/Prisión

La libertad de expresión es un derecho que otorga la posibilidad de expresar nuestras ideas y puntos de vista libremente, en teoría, en un estado democrático, este derecho nos permite pensar, indagar, difundir y crear información. 

La libertad de expresión es un derecho que proviene de la lucha, desde el Siglo XVIII, hasta nuestros días, que debería traducirse en que todas y todos podamos expresar nuestras ideas sin temor a ser sancionados por ello, pero que además incluye el derecho a obtener información pública, así lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso Claure Reyes y otros Vs. Chile. 

La libertad de expresión debe estimular la participación ciudadana, el control social, el debate de ideas, garantizando el derecho a disentir. Si bien este derecho tiene límites, pues no es un derecho absoluto, como veremos más adelante, siguiendo el criterio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es importante identificar las agresiones y censuras que tienden a prohibir la circulación de las ideas, información, ya sean impresas, audiovisuales, artísticas o de otra índole. Los mecanismos de censura varían desde los más radicales hasta los más sutiles, pero no por eso dejan de ser vulneratorios. Por ejemplo, que una autoridad nacional llame a un periodista, a quien le concedió una entrevista, con el fin de frenar su publicación o que se quiera manipular a un medio con la concesión o retiro de publicidad, como también el acoso digital a periodistas.

El periodismo es una lucha constante frente al poder que ha cobrado muchas vidas de quienes pusieron al descubierto información sobre delitos de corrupción, abuso de poder y como unos cuantos lucran con lo que es de todos y todas. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental, es esencial en una democracia abierta, libre, justa y democrática, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes, del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en diversas oportunidades, pero especialmente en la Sentencia del Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, reiteró que “La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada”.

Del mismo modo, en la Sentencia del Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, sostuvo que “la importancia de este derecho destaca aún más al analizar el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones”, además, destacando que,  “La Corte Europea también ha reconocido este criterio, al sostener que la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

Ahora bien, los medios de comunicación, tienen una mayor oportunidad para expresar sus ideas y difundir información, por tanto, la repercusión es importante y debe ser responsable. Al periodismo comúnmente se lo considera como un poder real por la fuerza que tiene de comunicar e informar, lo valores del periodismo siempre serán una amenaza para corrupción e ineficiencia del Estado y gobierno. 

La libertad de expresión abarca las ideas que pueden resultar ofensivas, pero es legítima su limitación cuando estas ideas cuando vulneran los derechos de otras personas o promueve el odio e incita a la discriminación y la violencia, en este sentido, estos límites son excepciones y estas deben estar contempladas en la legislación, deben ser estrictamente necesarias y proporcionales. En ese sentido, el uso de la “difamación” con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al Gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión.

La Corte IDH, en la Sentencia del Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, reiteró que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que el artículo 13.2 de la Convención prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de pensamiento y de expresión a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, y no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa (…)”.

Del mismo modo, en relación a las fuentes la Corte IDH, señaló en la Sentencia del Caso Kimel Vs. Argentina, que, “en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.

En Bolivia, además del marco expuesto, si bien la libertad de expresión es un derecho constitucional que nos permite manifestarnos libremente, así lo manifiesta el artículo 106 de nuestra Constitución Política del Estado “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa” “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

Sin embargo, de acuerdo a la información recabada en el Informe Anual (2021) de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Bolivia, “al menos 6 periodistas habrían sido detenidos. Y según indicaron testigos, también se habrían registrado amenazas verbales y disparos contra los equipos y vehículos que transportaban a los periodistas”. 

Recientemente, el pasado 29 de septiembre, a través de su página oficial, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de Bolivia, y la Red latinoamericana Voces del Sur (VdS) destacaron la publicaron del Informe Sombra 2021, que contiene un registro y análisis de vulneraciones de las libertades de prensa y de expresión. Durante 2021. La VdS registró 4.930 alertas sobre vulneración de derechos, a razón de un caso cada dos horas, en 14 países de Latinoamérica. La mayoría de las alertas (72%) identifican al Estado como el principal agresor. Los Estados, en teoría garantes de los derechos humanos, son por acción o por omisión, la mayor amenaza que enfrentan los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, según el análisis de VdS.

Según el informe, las detenciones arbitrarias crecieron en 198%; el uso abusivo del poder estatal registró un crecimiento de 193%, mientras el discurso estigmatizante subió en 83%. Los casos de restricciones en el acceso a la información presentan un ascenso de 50%, las agresiones y ataques muestran un crecimiento de 18%, en 13 países monitoreados. En Bolivia, el mayor hecho de violencia se registró el 28 de octubre de 2021, cuando seis periodistas fueron víctimas de secuestro, tortura, y amenazas durante siete horas. Hasta el momento el caso permanece en impunidad. 

En el mismo mes de septiembre, tras la difusión de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, en abril de 2009, el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, solicitó levantar el secreto de fuente informativa para conocer quién filtró el documento.  Señalando que, “Quienes han dado a conocer esto son justamente algunos medios, ayer (martes) me he brindado a que me digan, supuestamente, a quién habría filtrado el Procurador o alguien de la Procuraduría el informe, levanten la fuente, creo que es importante, porque vale la pena en este caso aclarar una situación tan infame hacia una autoridad como mi persona”, señaló Chávez en una entrevista con radio Fides (Correo del Sur, 28 de septiembre de 2022).

En ese sentido, La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), manifestó en su página oficial, “un rechazo unánime de organizaciones periodísticas es la respuesta al pedido del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, para levantar el secreto de fuente informativa sobre la difusión de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, en abril de 2009. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios bolivianos rechazó la cuarta petición conocida en 2022, más aún cuando los requerimientos provienen de jueces, fiscales, y en este caso una autoridad que juró respetar la Constitución Política del Estado (CPE)”.

“En el último mes, el periodista Roberto Puma (Yacuiba), el director del programa Detrás de la Verdad Televisión (DVT), Junior Arias (Santa Cruz), y el director de Culpina Digital (Chuquisaca) Santos Mamani, fueron requeridos para revelar el origen de noticias divulgadas en sus medios y que guardan relación con temas de defensa de la salud pública, denuncias de corrupción y la muerte de un ciudadano en celdas policiales”.

“La ANP considera que el periodismo tiene el interés de buscar la verdad para preservar el derecho ciudadano de acceso a la información, y que en este caso particular tiene que ver con la administración de justicia. En opinión de la organización que representa a medios escritos, preocupa que profesionales especializados en el derecho sean los primeros interesados en vulnerar el cuerpo de normas que protegen el trabajo periodístico, cuando por el contrario se espera de ellos una defensa incondicional de la Carta Magna que está plenamente vigente”.

Además cabe resaltar que este manifiesto de la ANP coindice con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su principio N° 8, establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales” y, en virtud del secreto profesional, “guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información”. 

Respecto a la situación expuesta, Lupe Cajías, destacada periodista que, en 2020 recibió el grado de “Chevalier” de la prestigiosa Orden de las Artes y de las Letras, que otorga el Ministerio de la Cultura de Francia. En una entrevista exclusiva a la Revista Jurídica Tribunales, compartió el siguiente criterio: “como lo hemos manifestado en anteriores ocasiones, Bolivia, desde el 2016, enfrenta un creciente deterioro de las libertades constitucionales en general y en especial de la libertad de pensamiento, expresión y prensa. Es importante notar que nuestro país no ha llegado al extremo de situaciones como las de México o Nicaragua, pero estamos muy lejos de la consolidación de la libertad de expresión como parte de la consolidación de la democracia conquistada en los años 80s. En Bolivia, la degradación de las libertades democráticas está relacionado con la degradación de las instituciones, quizás sea la peor herencia del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es la desinstitucionalización, tanto dentro del Estado como en las instituciones de la sociedad civil que se ven cercadas. Entre esos extremos, desde el 2006, hasta la fecha, Bolivia ha perdido categoría en los informes independientes sobre la libertad de prensa a nivel mundial; si nos fijamos en los informes de “Reporteros Sin Fronteras”, una entidad que tiene sede en Berlín, Bolivia pasó de un tono naranja a un tono rojo, bajando en los escalones de las mediciones de instituciones, este año estamos delante de Venezuela, Nicaragua y Cuba a nivel continental. 

El gobierno ejerce diferentes formatos para impedir el ejercicio pleno de la libertad de prensa, por ejemplo, enviar inspectorías del Ministerio de Trabajo, Impuesto y también grupos de choque violentos, como sucedió a inicios del gobierno del MAS contra la red UNITEL en la ciudad de La Paz, así como el formato de supresión de publicidad estatal, que quizás es la presión más extendida para lograr una prensa sumisa a través de lo económico. En Bolivia, está demostrado estudios desde hace muchos años, la torta publicitaria siempre fue pequeña porque no tenemos empresas o industrias privadas muy grandes, en algunos lugares la única publicidad es estatal. Ese dinero que paga el Estado es de los bolivianos, se entrega a la prensa para que baje la cabeza y deje de ser el control social que debe ser, esto lo hemos visto tanto en periódicos como en televisión y radios. 

Es muy difícil encontrar programas independientes en la televisión, pero, sobre todo, es reprochable el manejo de los canales estatales que son del pueblo boliviano no de un partido. Cuando se recuperó la democracia, una de las luchas fue precisamente que los medios estatales sean públicos que reflejen un país, no un gobierno, menos de un partido. A esto debemos agregarle problemas como la autocensura, la pandemia, la crisis económica general de los periódicos en América Latina, hay muchos medios que están cerrando, los salarios bajos de los periodistas y el deterioro de la calidad de la prensa”.