¿Se seguirá torturando?

“La Comisión consideró también probado que 16 personas fueron trasladadas a las dependencias de la Policía donde fueron interrogadas en un contexto de alta violencia y agresión, sin asistencia legal efectiva y quedando detenidos en pequeñas celdas sobrepobladas, sin camas, sin acceso a baños, alimentos, medicinas ni atención médica, donde además no podían ser visitados por familiares ni abogados y continuaron siendo agredidos y golpeados. Una vez trasladadas a las diversas penitenciarias, ocho personas estuvieron en régimen de aislamiento e incomunicación, sin acceso a luz natural por más de 60 días. La Comisión determinó que estas personas fueron víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (…) El Informe de Fondo consideró además acreditado que las mujeres fueron víctimas de particulares insultos y de tocamientos en sus genitales, tanto en sus hogares al momento del arresto como durante la detención”.

No, no está leyendo un guion cinematográfico, la descripción de una película o serie tan de moda en nuestros días, sino una descripción realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Blas Valencia y otros vs. Bolivia, sobre hechos acontecidos unos días después del 18 de diciembre de 2001 cuando esta banda delictiva había perpetrado un atraco, donde murieron dos policías.

Obviamente las reacciones que muchas personas tienen con este y muchos casos análogos como el caso de Terrorismo y Separatismo (que en los últimos días ha causado revuelo y espero quitado el sueño de muchos políticos) o el caso de David Olorio (que hace 12 años fue torturado y muerto en dependencia policiales) son variadas, habrá algunos que aplaudirán y afirmarán que eran delincuentes y que está bien que sufran, ¿Quién les llama a hacer fechorías?; habrá otros que expresarán que los altos intereses de la patria estaban en juego y por lo tanto había que proceder de esa manera. Otro tanto, quizá meditará que esa medida está mal, en algunos casos, porque cómo se podrá lograr justicia para las víctimas sino “presionamos” un poquito a los posibles autores.

Seguramente una gran proporción de personas, manifestaran su indignación, pero siempre bajo una valoración de bueno o malo, cuando vean un hecho como el maltrato físico, psicológico y moral que recibieron los indígenas que estaban desarrollando la defensa del TIPNIS o cuando escuchen la historia de Marco Aramayo, que fue objeto de torturas por años y años de procesos judiciales por denunciar los hechos del Fondo Indígena.

Sin embargo, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basados por supuesto en la normativa internacional de derechos humanos, establecen que nadie, pero absolutamente nadie puede ser objeto de tortura, penas crueles inhumanas y degradantes, es decir, este es uno de los pocos derechos casi absolutos, no admite excepción o inobservancia por ningún motivo o circunstancia.

Nótese la importancia que los derechos humanos le dan a este tema, sin embargo, para muchos Estados es realmente difícil asimilar los alcances de la protección contra la tortura que otorga la normativa internacional, en nuestro país esto no es ajeno, empezando de la tipificación del delito de tortura, que a pesar de constituirse en un delito de lesa humanidad, el artículo 295 del Código Penal, lo castiga con seis meses a dos años de privación de libertad para el agresor, cuatro si la víctima presenta daños graves, y si existe muerte, que prácticamente es un asesinato, la pena llega a solo 10 años de presidio; esto resulta hasta ridículo si observamos la afectación a la dignidad, libertad e integridad física, psíquica, sexual o moral en juego de cualquier ser humano.

Por otra parte, es preocupante observar que las fuerzas del orden tanto militares como policiales sigan siendo los actores fundamentales de los hechos descritos, realmente asusta a los niveles de violencia a la cual pueden llegar en pleno siglo XXI, las técnicas sofisticadas que despliegan al momento de lesionar la integridad de una persona, aspectos que lleva a preguntarse ¿si esta es una materia presente en la currícula de sus entidades educativas? o ¿dónde perfeccionan estas habilidades?

Es evidente que el Estado tiene el poder de castigar, así lo hemos determinado en la Constitución Política del Estado, pero debe comprenderse que hay límites y estos están presentes en los derechos humanos que protegen la dignidad, libertad e igualdad de las personas, ¿habrá algún momento que se comprenderá esto? o ¿el Estado seguirá recibiendo informes y sentencias de los sistemas de protección de derechos humanos?