Jueces: Hay indicios de manipulación y falta de transparencia en las designaciones

La administración pública debe someterse al ordenamiento jurídico vigente como una manifestación del principio de legalidad, siendo que mientras más precisas sean las normas que regulan la actuación pública, mayor es la garantía de respeto a los derechos fundamentales; empero, una excesiva regulación administrativa también puede dificultar el oportuno ejercicio de atribuciones por parte de nuestras autoridades, siendo común y de interés público que en muchos ámbitos de la gestión pública se den ciertos márgenes de discrecionalidad para el cumplimiento más eficiente y efectivo de los objetivos institucionales.  

En ese sentido, para la administración pública la discrecionalidad es la libertad electiva que se la da a la autoridad para decidir lo que estime conveniente de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pudiendo elegir entre varias alternativas jurídicamente válidas, pero fundamentándose en criterios de oportunidad y conveniencia.

Siguiendo este criterio y en un esfuerzo de limitar la arbitrariedad con la cual las autoridades ejercen sus atribuciones discrecionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, razonó que el ejercicio de la discrecionalidad si bien supone un juicio subjetivo de la autoridad, este no puede ser arbitrario, notoriamente injusto o inequitativo, omitir tomar en consideración circunstancias de hecho o tener un razonamiento ilógico que viole los principios generales del derecho; por ello, se entendió que el principal límite a la arbitrariedad en el ejercicio de atribuciones discrecionales es que justamente las autoridades deben actuar cumpliendo el fin por el cual se le fueron otorgadas tales atribuciones, caso contrario sería una caso de desviación de poder.

El principal límite a la arbitrariedad en el ejercicio de atribuciones discrecionales es que justamente las autoridades deben actuar cumpliendo el fin por el cual se le fueron otorgadas tales atribuciones, caso contrario sería una caso de desviación de poder.

Si bien la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, les da a nuestras autoridades un margen de discrecionalidad para la selección y designación de jueces, juezas y personal de apoyo jurisdiccional en Bolivia, el ejercicio de estas atribuciones no debe ser arbitrario, pues en la Ley y en las convocatorias emitidas para el efecto no se establece la obligación de designar a la o el postulante que haya obtenido la mejor nota y, como diría un buen boliviano ¡hecha la ley, hecha la trampa! Pues resulta que las altas autoridades del Órgano Judicial no siempre designan a quienes tienen la mejor nota y no se recibe mayor explicación.

En síntesis, bajo el razonamiento de la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, el Consejo de la Magistratura debe explicar las razones que determinaron la designación de un postulante que no obtuvo la mejor calificación o que peor aún no estuvo ni en entre las primeras del proceso de evaluación. Sin embargo, a más de los reclamos de las y los postulantes, nadie lo exige, esto constituye una desviación de poder.

A modo de ejemplo, se tiene como consecuencia designaciones cuestionadas de personajes que han pasado a nuestra historia judicial sombría, pues nuestras autoridades ni siquiera pueden escudarse bajo el justificativo de que fueron las mejores calificaciones; a inicios de este año se destapó un escándalo a raíz de la investigación iniciada al ex Juez Rafael Alcón, el 10 de marzo de 2022, el ex presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, anunciaba que: “Hemos logrado detectar 266 casos de responsabilidad disciplinaria. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura ha determinado el día de hoy cesar en sus funciones a 11 jueces de ejecución penal y mandar a proceso disciplinaria a siete jueces”. (Agencia Boliviana de Información).

Del mismo modo, el 28 de junio, la Agencia Boliviana de Información destacaba: Ante constantes denuncias sobre presuntas irregularidades en tres juzgados en el departamento de Santa Cruz, el Consejo de la Magistratura realizó la intervención directa y determinó iniciar procesos disciplinarios en contra de tres jueces. “A la brevedad posible se va a presentar estas denuncias de carácter penal contra estas tres autoridades jurisdiccionales y los tres secretarios de estos juzgados, segundo se van a abrir los procesos disciplinarios”.

Explicó que en los tres juzgados se tienen irregularidades como retardación judicial y que estos jueces son quienes tutelaron casos que involucran a los mismos jueces dejando los procesos archivados por años. Además, que estos administradores de la justicia tenían más de una veintena de denuncias disciplinarias en su contra.

Molina detalló que los juzgados que fueron intervenidos son: El Juzgado Público Mixto del municipio cruceño El Torno, que estaba a cargo del juez Jaime Araoz, autoridad que tiene 43 denuncias disciplinarias. En el caso del Juzgado Público 10 de la zona Pampa de la Isla, que estaba a cargo del juez Alberto Ceballos, autoridad que tiene 28 denuncias disciplinarias. En este juzgado además de retardación judicial, se detectó inconsistencia en los libros de registro. El Juzgado Público Comercial en la zona Villa Primero de Mayo a cargo del juez Fredy Céspedes, quien tenía 41 denuncias disciplinarias.

“Siempre en la lucha contra la impunidad y luchando contra estas irregularidades se toma la decisión de la intervención, hemos hecho un análisis administrativo de ¿cuál ha sido la carrera de cada uno de estos jueces?”, indicó Molina.

Y sí, sería bueno que se salde la deuda con la población boliviana y finalmente se explique cuál fue el proceso de selección de estos jueces y se explique si estos jueces fueron o no los mejores calificados para el cargo, obviamente, empezando por el protagonista del escándalo Rafael Alcón, que, como se señaló en una edición anterior de Tribunales, es hermano del exconsejero de la Magistratura, Gonzalo Alcón, quien en 2021 fue destituido del cargo por nepotismo, justamente por tener a su familia como autoridad judicial (Erbol, 27 de enero de 2022). Hasta la fecha nadie nos ha explicado si el hermano de Gonzalo Alcón fue designado como juez de forma transparente, es que claro, la misma designación de Gonzalo Alcón fue algo confusa, lo que pasa es que fue designado comandante de la Armada Boliviana en 2013 y en 2014 pasó al servicio pasivo. Tres años después fue preseleccionado para estar en la papeleta de las judiciales, en las que resultó elegido. (EJU, con fuente en Página Siete, 2 de febrero de 2022)

Finalmente, el drama continúa con una última denuncia hecha a Correo del Sur Radio: Yancarla Viscarra, auxiliar del Juzgado Disciplinario Nº 1 en Cochabamba, denunció que en las convocatorias del Consejo ya no se califica el esfuerzo y el mérito sino “el compadrerío y el amiguismo”. En entrevista con Correo del Sur Radio, comentó que ella ingresó al cargo mediante convocatoria pública, pero confiada se postuló nuevamente y no fue designada pese a haber logrado el mejor puntaje; nombraron a la postulante que obtuvo el quinto lugar. 

“He postulado confiada en las palabras del señor Marvin Molina que decía: postulen nuevamente se va a respetar sus derechos, pero no fue así, yo obtuve el primer lugar en el examen y en méritos, me esforcé, pero estos señores se han reído en la noticia, porque designaron al quinto lugar, en vano fue mi esfuerzo, la inversión de dinero. Me siento indignada y vulnerada en mis derechos humanos”, dijo entre lágrimas la funcionaria cesada. (Correo del Sur, 21 de octubre de 2022)

Del mismo modo, Rosalía Quiroz Álvarez, secretaria de juzgado, denunció: “Yo me postulé dos veces para conciliadora y juez, pero pese a que obtuve los primeros lugares no me designan. Yo logré 71 puntos, había otra postulante con 78 pero tampoco la nombraron, sino a otra que logró 65 que había sido comadre y abogada de una consejera”. (Correo del Sur, 21 de octubre de 2022)

En enero de este año, a modo de inaugurar el Año Judicial, las promesas del Ejecutivo y Judicial fueron realmente alentadoras, pero a tres meses de cerrar esta gestión lo único que hemos obtenido son muestras de que la administración de justicia en este país no da señales de cambio, más bien parece agonizar en la más triste miseria corrupta de la que todas y todos somos víctimas. 

"Muchos jueces han pasado a nuestra historia judicial sombría y nuestras autoridades ni siquiera pueden escudarse bajo el justificativo de que obtuvieron las mejores calificaciones”