Le temo más a la “justicia” que a mi agresor 25N

Una tarde llamó a su hermana para romper el silencio y contarle que su novio le había propinado una golpiza en el rostro, además de haberle marcado el cuello en el intento de asfixiarla. Se había salvado de milagro. 

Con miedo y dolor fueron juntas a denunciar a la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), les dijeron que debían hacerlo y que las leyes como las instituciones estaban a su amparo. Con miedo ingresaron a las oficinas oscuras, llenas de dolor en espera para levantar el “acta”, 5 horas hicieron fila, contendiendo una hemorragia, contendiendo las lágrimas, la impotencia. 

Cuando llegó el turno, el Policía preguntó qué había sucedido y antes de que el primer relato termine interrumpió diciendo: ¿y vos qué hiciste? Porque algo tuviste que hacer para que reaccione así. 

Y yo le pregunto a usted, que hoy lee este relato, ¿qué debían responder? ¿será que esa pregunta está en el protocolo de atención? ¿qué deben responder las mujeres víctimas de violencia?

Bien, después del primer episodio de terror a manos de la “justicia” retornaron a casa con un certificado médico forense que detallaba el daño, quince días de impedimento decía, obviamente para obtenerlo se tuvo que relatar nuevamente lo sucedido. Caminaban pensando en cómo protegerse, estaban solas, él agresor podía volver, así pasaron en vela, en llanto, en desprotección. 

Al día siguiente, unos amigos abogados les habían dicho tenían el derecho de solicitar medidas de protección, pero qué difícil fue explicar el peligro que corrían, cuántas horas de una oficina a otra, nuevamente repitiendo el relato, como si los funcionarios no supieran que cada palabra duele, hiere, como si no supieran que las víctimas tienen derecho a no sufrir revictimización. 

Luego vino el “trámite ante el SLIM”, les quedaba lejos, pero fueron. Allí el psicólogo, la trabajadora social y el médico pidieron relatos para cada uno. Ella tuvo que respirar profundo mientras su hermana le decía que pronto todo esto se iba a terminar… 

Pero la pesadilla apenas comenzaba, no se imaginaban que iniciaba la peor parte, que la “justicia” jamás empatizaría con ella, que estaba diseñada y estructurada para hacerlo con el agresor. 

Días después se llevó a cabo la audiencia cautelar, en ella el agresor fingió demencia y negó lo acontecido, a pesar de existir dos testigos del hecho que auxiliaron a su víctima (el milagro). El Juez le dijo que debía “firmar un cuaderno” una vez por semana, que no podía salir del país y que no podía acercase a su víctima. 

Pero no cumplió, no firmó y acosó a su víctima, la llamó y la persiguió. Con ayuda de una amiga abogada que dio soporte a toda la familia, en especial a las hermanas, se pidió al Juez que ante el incumplimiento (probado) se revoquen las medidas y se impongan otras que puedan dar paz y seguridad a la víctima. Como respuesta el Juez guardó silencio ocho meses, hasta que una Acción de Libertad desembocó en una Sentencia que obligó al Juez, indolente diremos, a llamar a audiencia para resolver la revocatoria de las medidas sustitutivas, citó a la víctima en el domicilio procesal más antiguo en expediente y citó al imputado mediante su whatsapp y en su domicilio, así como a su abogado. No fueron, tampoco se justificaron, pero el Juez nuevamente protegió al agresor. 

Esta profunda empatía con el agresor se responde con la misma historia del Juez, pues este había sido denunciado por su ex pareja por violencia. Además de no tener miedo a nadie, como si gozara de un gran protector poderoso, sino cómo se explica que teniendo 43 denuncias (prevaricato, entre otras) siga siendo Juez, pero claro, todas quedaron en nada, la magia de su protector. 

Cuando por fin se llevó la audiencia, el Juez validó un certificado de trabajo inconsistente del agresor, se conmovió con el relato de que la culpa de la agresión fue de las drogas de las que dependía, en tiempo pasado, porque la sangre de Cristo lo había renovado. Esto fue suficiente para el Juez quien, al mismo tiempo, desestimó la evaluación psicológica de la víctima porque estaba “desactualizada” y, por tanto, no constituía para él (en su insana crítica) un elemento que pruebe que fue víctima de acoso, además obvió la declaración de un testigo presencial. 

Cuando se le reclamó por la demora señaló su escritorio lleno de expedientes, justificando su accionar en la bendita carga procesal, la santa patrona de los jueces y tribunales de este país que les salva de responsabilidad por incumplimiento de deberes y obligaciones. Olvidan que no son simples expedientes, que son vidas. 

Cuando dijo que evidentemente se había incumplido con las “firmas semanales”, entonces dictó detención domiciliaria, la cual luego fue incumplida como se le había advertido al Juez quien en ese momento “aconsejó” que se levante una nueva denuncia.

Pero, para hacer más fiel el relato, no hay que olvidar que en cada audiencia el juez despojaba a la víctima de sus pertenencias y le imponía dos policías, seguro para amedrentar. Lo que no sabe el juez es que el único que demostraba miedo era él, quizás su conciencia en el fondo le contaba en voz bajita que estaba haciendo daño. 

Luego, las hermanas se enteraron que el agresor también había empatizado con el Fiscal y decidieron entre los dos, sí, sin informar a la víctima, que lo que seguía era un proceso abreviado. Obvio que el Juez lo consintió y así nació una Sentencia totalmente vulneratoria, la cual quiso ejecutoriar estando en apelación. 

En Bolivia, al 30 de septiembre de este año, se tiene 69 feminicidios y 37.998 casos de delitos inmersos en la Ley Nº 348 (según datos del Ministerio Público, publicados en su página oficial)”.

Cuando los vocales resolvieron la apelación, emitieron un Auto igual o más desastroso, otro golpe violento. En plazo por ley se recurrió a la casación y hoy el expediente está haciendo turno de espera, durmiendo hace más de un año en el Tribunal Supremo de Justicia, seguramente mucho mejor que la víctima y su familia. 

Para finalizar este relato, es importante señalar que se intentó denunciar todas las irregularidades ante el Consejo de la Magistratura, en el distrito correspondiente, pero los esfuerzos fueron solo una pérdida de tiempo, pues la “encargada” no elevó el informe que debía y se rechazaron las denuncias escritas por criterios de forma en dos oportunidades. 

Pareciera ser que la violencia institucionalizada del Estado está sintonizada en todos sus niveles, con el objetivo de cansar a la víctima; desde el Policía que pide unos pesos y hojas papel bond para presentar su informe, hasta los juzgados y salas donde duermen los expedientes y mueren las esperanzas de obtener justicia integral, esa que prometen las leyes y los discursos de quienes administran este sistema deficiente. 

Ojalá este relato fuera solo UN relato. En Bolivia, este año se tiene 69 feminicidios y 37.998 casos de delitos inmersos en la Ley Nº 348 (al 30 de septiembre, según datos oficiales del Ministerio Público, publicados en su página oficial) ¿por qué sigue pasando? Quizás se encuentre al menos una respuesta en este breve relato de horror.