Ministro Lima: cumpliremos decisiones de la Corte IDH

Presentamos la segunda parte de la entrevista que el Ministro de Justicia Iván Lima Magne concedió a Tribunales, en esta oportunidad se refirió a la retardación de justicia, reformas legislativas y a la hipocresía de la oposición. Del mismo modo manifestó el compromiso que tiene el Estado para cumplir con las disposiciones de las Sentencias de la Corte IDH.

Considerando la próxima transición, conoce si existe un plan para la liquidación de causas pendientes en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿considera que es importante? ¿qué se debería hacer para afectar lo menos posible al pueblo litigante?

El tema de fondo y estructural es ¿qué ocurre si no logramos los dos tercios en la Asamblea Legislativa? Lo fue en todos los temas que se presentaron en el país, hay una oposición que cree que el bloqueo a la institucionalidad se logra con no participar de las votaciones. 

El plan de liquidación es importante, fundamental, pero tiene que ver con las deudas históricas que planteo. El Tribunal Constitucional, el presidente Franco, presentó el proyecto de una nueva Ley 254 (Nuevo Código Procesal Constitucional) que habría permitido solucionar el tema de retardación de justicia que existe en este momento en el Tribunal, concretamente en una sola Sala hay un nivel grave de retardación, este proyecto no fue aprobado por la Asamblea Legislativa. 

En este sentido, me quiero referir a la hipocresía, al doble discurso, por un lado, se le dice al país “queremos reforma judicial” “queremos transformación de la justicia”, pero no contribuyen con lo esencial; la votación por estas transformaciones que requieren dos tercios. Este es el escenario. 

La posibilidad de que el 31 de diciembre no tengamos elecciones judiciales es real, recordemos cuanto tiempo tomó la elección del Defensor del Pueblo, cuánto tiempo estamos sin Contralor, ¿podríamos estar sin tribunales? ¿qué ocurrirá el 31 de diciembre?

Si llegamos al 31 de diciembre y no tenemos un trabajo concluido de la Asamblea Legislativa y tampoco de la iniciativa de los juristas independientes ¿en qué situación nos encontraríamos? En una situación compleja que deberá resolverse por los mecanismos jurisprudenciales constitucionales, claramente existen precedentes.

Tenemos un trabajo que el Tribunal Constitucional consolidó, me referiré a dos precedentes; lo que ocurrió el 24 de enero de 2020, cuando concluyó el período de mandato de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional emitió una Declaración Constitucional y dijo que una democracia solo funciona con los cuatro Órganos del Estado que deben trabajar simultáneamente, por lo tanto, el período de los diputados y senadores se amplió hasta que se realizó las elecciones en el país y se produjo la transición democrática, por eso, más de un año tuvimos un parlamento prorrogado. Esa la jurisprudencia.

Segundo antecedente; Carlos Mesa, Evo Morales, no existió acuerdo para dar continuidad al Tribunal Supremo y Constitucional, designación por decreto supremo. Estos son los antecedentes de lo que pasará el 31 de diciembre, necesariamente el Estado debe seguir funcionando y puede presentarse una situación compleja a nivel constitucional que deberá ser resuelta por el nivel político y la administración de justicia. 

Por esta razón un plan de descongestión, de liquidación, tiene que contemplar todas las variables, ojalá que este año sea un año de muchas sentencias, hay un trabajo muy serio del presidente Franco para lograr este objetivo y dejar un Tribunal  Constitucional sin causas pendientes, pero probablemente el trabajo tenga que ampliarse si la clase política no logra el acuerdo de los dos tercios y viabiliza la elección judicial o la reforma vía modificación de la Constitución, ojalá que logremos compatibilizar las dos agendas y que el resultado sea que los mejores juristas lleguen al Tribunal Constitucional y a los demás tribunales de justicia.

“me quiero referir a la hipocresía, al doble discurso, por un lado, se le dice al país “queremos reforma judicial” “queremos transformación de la justicia”, pero no contribuyen con lo esencial; la votación por estas transformaciones que requieren dos tercios”

¿Por qué el gobierno tomó la decisión de no renovar la estadía de la Misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

El Canciller es quien tiene la palabra sobre esta temática, se publicó un comunicado en el que se señaló que el período pactado con el Alto Comisionado terminó el 31 de diciembre de 2022 y esto determinó la no renovación del acuerdo implique el cumplimiento del período de trabajo. Esto no significa que exista una ruptura, así lo señalaba la Viceministra Nadia Cruz en Ginebra a momento de brindar informes sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el Comité de Naciones Unidas y el diálogo con las oficinas del Alto Comisionado y los que tienen que ver con derechos humanos se mantendrá, el trabajo con el Sistema Universal no se obstaculizará porque exista o no una oficina en Bolivia, nuestra adhesión a los principios de los derechos humanos se mantiene estable y tan firme como hasta ahora. 

ojalá que este año sea un año de muchas sentencias, hay un trabajo muy serio del presidente Franco para lograr este objetivo y dejar un Tribunal Constitucional sin causas pendientes”

La Corte IDH notificó a Bolivia con dos Sentencias, hablamos de los casos Angulo Losada y Flores Bedregal, el Estado fue declarado responsable por la vulneración de derechos humanos y se dispuso una serie de medidas de reparación y no repetición, ¿cuál es el compromiso del Ministerio de Justicia?

Lo que tenemos es un trabajo avanzado con el Procurador General del Estado, uno de los últimos decretos que aprobó el presidente Arce es el de seguimiento a los informes y trabajo coordinado de la Procuraduría, Cancillería y Ministerio de Justicia. Tenemos un firme compromiso de cumplir todas las recomendaciones, lo estamos haciendo, el Procurador inició el trabajo de diálogo con las víctimas. 

Estos son casos que vienen de 1980, de la dictadura de García Meza y antes del 2006, no estamos deslindando de ninguna manera la responsabilidad del Estado, pero es bueno poner en contexto. 

Hay un proyecto en trámite en el Ejecutivo, estamos en la fase final para mandarlo a la Asamblea, de adecuación del Código Penal a los instrumentos internacionales de derechos humanos y, entre otros delitos que se está adecuando está el tipo penal de violación, como se estableció en la Sentencia, el tipo penal de tortura y se está derogando el tipo penal de estupro. En lo normativo estamos avanzando, conocíamos estos casos y hemos adelantado el trabajo y en la reparación a las víctimas tenemos una política integral para lograr acuerdos y buscar estas medidas de reparación que en muchos casos no son económicas, sino más bien simbólicas y de ajuste en nuestra normativa penal.

En ambos casos la crítica fundamental es al sistema penal y en esa línea el trabajo que se está emprendiendo es de reformar el Código de Procedimiento Penal; remplazarlo por una ley de enjuiciamiento penal que está en proceso de conclusión por parte del Ejecutivo para poder ser presentado ante la Asamblea Legislativa. 

En el caso Brisa Angulo Losada, la Corte IDH estableció que el Estado se convirtió en un segundo agresor al incurrir en actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional ¿Qué le diría a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que actualmente también son víctimas de la administración de justicia?

Claramente la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, brindó un informe a Ginebra la semana pasada, invito a que puedan hablar con ella. Tenemos mucha información sobre esta temática y es importante que los medios de comunicación conozcan el proyecto de ley de reforma a la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia), estamos tomando este tema muy en serio y estamos implementando reformas. 

El Viceministerio concluyó con el trabajo con las distintas organizaciones e instituciones estatales para lograr tener este año una Ley 348 reforzada y fortalecida. 

En ambos casos la crítica fundamental es al sistema penal y en esa línea el trabajo que se está emprendiendo es de reformar el Código de Procedimiento Penal; remplazarlo por una ley de enjuiciamiento penal que está en proceso de conclusión”

En la Sentencia Angulo Losada, la Corte IDH consideró que el tipo penal de violencia sexual debe contener la figura del consentimiento como eje central ¿cuál es su opinión al respecto? Y ¿qué tan eficaz es la actual configuración del tipo penal de estupro?

El proyecto normativo tiene en consideración estos ejes y la próxima semana será público con la presentación a la Asamblea Legislativa, son una serie de tipos penales que se están ajustando, entre ellos la violación sexual teniendo como eje central el consentimiento que es fundamental, no tiene sentido que existan otros elementos que puedan revictimizar y dificulten el trabajo del Ministerio Público. 

El tema del estupro es insostenible, es absolutamente inconstitucional y la propuesta del Ministerio es que se abrogue como señala la Sentencia de la Corte IDH. 

De las medidas de reparación y no repetición que estableció la Corte IDH en ambas Sentencias ¿alguna será de difícil cumplimiento?

No, toda la política pública en el caso de desapariciones forzadas, comisión de la verdad, reparación de las víctimas las estamos implementando, hemos asumido una política y compromiso de pagar más de cien millones de bolivianos para las víctimas del 1964 al 1982, tenemos un firme compromiso con todos los elementos que se plantearon en las Sentencias. 

El compromiso del gobierno del presidente Arce es de respeto a la jurisprudencia de la Corte IDH mediante su aplicación inmediata, ya lo señaló el Procurador, daremos cumplimiento a todas las disposiciones con relación a Bolivia y se está incorporando el tema de violencia obstétrica en la reforma a la Ley 348.