Viceministra Nadia Cruz: “Debemos acabar con el servicio público mediocre”

Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Viceministra de Igualdad de Oportunidades, atendió a la Revista Jurídica Tribunales y comentó el trabajo que desempeña, el proyecto de reforma y fortalecimiento a la Ley 348, la importancia de la inclusión de la educación sexual integral en la malla curricular y se refirió a la situación de hacinamiento de las mujeres del penal de San Roque de la ciudad de Sucre. 

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¿Cuál es el trabajo que desempeña el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades?

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ejerce la rectoría en diferentes poblaciones como niñez y adolescencia, el sistema penal para adolescentes, las temáticas de género, con énfasis en la prevención, atención, protección y garantías en relación a una vida libre de violencia para las mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de juventudes. 

Estas poblaciones vulnerables, que merecen atención y protección reforzada son para el Viceministerio prioridades en la generación de políticas públicas, propuestas normativas, fiscalización y vigilancia de los derechos de estas poblaciones. También trabajamos en protocolos para mejorar la atención en los servicios y vigilancia o veeduría en los servicios que se prestan a en las diferentes entidades territoriales autónomas. 

Tenemos algunas particularidades dependiendo el área, por ejemplo, en el caso de niñez y adolescencia existe un consejo sectorial e intersectorial que aglutina a todas las instituciones del ente central, incluye gobernaciones y municipios de las ciudades capitales de departamento y El Alto. Con estas instancias generamos agenda programática para construir acciones conjuntas. 

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Considera que se debe incluir en la malla curricular la educación sexual integral ¿por qué? 

La actual malla contempla la educación sexual integral, pero sin contenidos precisos, debe ingresar en las unidades educativas tomando en cuenta que la tasa de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes en nuestro país es bastante alta y, que nuestra tasa de embarazo adolescente, que generalmente deviene de hechos de violencia sexual o de un mal ejercicio de los derechos sexuales, es de 104 embarazos adolescentes por día, una de las tasas más altas de la región. 

La única forma de combatir la violencia sexual y del mal ejercicio de los derechos sexuales es a través de la educación, por ello es importante, en el marco de los estándares interamericanos, que el contenido sea apropiado para la población a la cal nos estamos dirigiendo, esto significará considerar el rango etario, las condiciones socio económicas, condiciones especiales y otros.

En esta última malla curricular se hizo un énfasis mucho más específico y esto deviene del Consenso de Montevideo, de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, del Examen Periódico Universal, donde Bolivia ya fue observado sobre las tasas de violencia sexual y embarazo adolescente y se recibieron recomendaciones para considerar estas temáticas.

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13 feminicidios en nuestro país, ¿por qué sigue pasando? ¿qué está fallando? Y ¿cuál es el compromiso de trabajo en el Viceministerio?

Estos feminicidios vienen como consecuencia de hechos de violencia en escalada que sufren las mujeres, de la falta de auxilio, de medidas de protección poco eficientes, es una cadena de violencia que preocupa al Estado. 

También pasa por un tema de educación, es importante destacar que en la malla curricular se incorporó la despatriarcalización y la violencia de género y esto nos ayudará en la formación y desnaturalicemos los hechos de violencia hacia las mujeres. 

Un factor que influye de forma negativa en el tiempo es la banalización en los relatos de los feminicidios por parte de los medios de comunicación, debemos ser autocríticos; muchas veces se coloca a la víctima como un objeto de espectáculo, no se le da la suficiente amplitud en cuanto a lo que implica ser un feminicida, generalmente los feminicidas tienen una voz casi de víctimas. Estos hechos que se escandalizan en los medios se repiten de una forma mucho más preocupante. 

La escalada en la violencia ejercido en contra de las mujeres víctimas de feminicidios, pasó de ser agresivo a macabro, la forma en la que se encontraron a las mujeres implica un proceso de venganza mucho más fuerte de los feminicidas. 

Se debe seguir trabajando en prevención de violencia, fortalecer las medidas de protección para que las mujeres antes de ser víctimas de feminicidios o de tentativas encuentren protección efectiva. Es importante generar procesos de fortalecimiento de capacidades en las instancias que atienen denuncias, es innegable que los Servicios Legales Integrales Municipales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen serias observaciones sobre su capacidad en la atención de víctimas, la ausencia de empatía que presentan derivan en erradas formas de tramitación de casos. 

El Viceministerio está trabajando para identificar los servicios que están a disponibilidad de las víctimas y para encontrar voluntades políticas que generen fortalecimiento y que se pueda atender a más población, de forma cálida y efectiva. Se requiere un trabajo de mediano y largo plazo, la violencia no se eliminará solo con la manifestación normativa o la voluntad de quienes están en el poder, sino cambiando superestructuras desde los más pequeños hasta los más grandes. 

los Servicios Legales Integrales Municipales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen serias observaciones sobre su capacidad en la atención de víctimas, la ausencia de empatía que presentan derivan en erradas formas de tramitación de casos”. 

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Existe un proyecto de reforma a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, ¿en qué consiste esta propuesta?

El proyecto de reforma o de fortalecimiento a la Ley 348 parte de la identificación de aquello de lo que no avanzó con el espíritu de la Ley, de los problemas u obstáculos para las mujeres en el acceso a la justicia y reparación. En este ámbito se están planteando pilares fundamentales; uno de ellos es generar medidas o institucionalidad local, es decir, que existan fases de sanción administrativa para aquellos hechos de violencia que están iniciando en torno a las mujeres a fin de que se logre parar la escalada de violencia y que las mujeres, particularmente de áreas periurbanas y rurales, encuentren respuesta rápida y efectiva de su municipio. 

Otro de los pilares importantes de la reforma es considerar la ampliación de delitos de violencia contra la mujer que se han identificado y que la Ley 348, a pesar de su largo catálogo, no contempla, por ejemplo, la violencia digital.

Además, el proyecto plantea comprender que el sistema de justicia penal ordinario en este momento tiene como mayor carga procesal los delitos de violencia contra la mujer, que representan el 50%, en ese marco ya no se requiere solo uno o dos juzgados, uno o dos fiscales. Se debe considerar que los obstáculos burocráticos y la retardación generaron una sensación de impunidad e injusticia, por ello, el proyecto contempla que el sistema de justicia como tal tiene que ser especializado en la atención de violencia de género, pues estamos viendo que la mayor parte de la población acude por causas de violencia contra la mujer. 

Estos son los pilares de esta propuesta de reforma, de manera general, a casi diez años de vida de la Ley 348, la construcción se realizó atendiendo los amplios diálogos participativos a nivel nacional donde se recogieron las observaciones, demandas y propuestas de diferentes organizaciones sociales, de la sociedad civil, personas individuales. 

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Según una nota publicada por Correo del Sur, en fecha 12 de febrero de 2022, en la cárcel San Roque, de Sucre, “50 mujeres privadas de libertad viven hacinadas en 12 pequeños ambientes y, en medio de ellas, están cuatro niños y tres vienen en camino. No tienen catres y las recién ingresadas deben acomodarse en el suelo de los talleres de costura y tejido, incluso en la lavandería” ¿Cómo calificaría éstas condiciones?

Bolivia tiene observaciones por diferentes comités y organizaciones internacionales sobre las condiciones carcelarias. En general en Bolivia y Latinoamérica no se tiene las condiciones necesarias para atender a las personas privadas de libertad. 

La situación de las mujeres es más preocupante, la situación de encierro genera una afectación mucho mayor que en el caso de los varones, pues se presenta el abandono de la familia y el acompañamiento de los hijos menores de cinco años a sus madres conlleva un proceso de revictimización, ya que sin bien requieren del cuidado de las madres las infraestructuras de las cárceles no reúnen las condiciones.

Esto debe ser superado no solo a nivel de mejoras en la infraestructura, el problema de fondo sigue siendo la alta tasa de detención preventiva, el 65% aproximadamente, también se requiere llegar al estándar de clasificación de la población privada de libertad y esto demanda mayor seguridad, constancia clara respecto a quienes están con sentencia ejecutoriada para generar procesos de reinserción y dignificar los proyectos de vida de estas personas. 

En el caso de las mujeres embarazadas, tomaré apunte porque existen requisitos y condiciones mínimas que no deberían permitir esta situación. Coordinaré con Defensa Pública para revisar las particularidades, seguramente habrá que revisar los actuados procesales, pero de acuerdo a los estándares internacionales éstas mujeres no deberían estar en estos centros carcelarios.

En cuanto a la situación de los menores que acompañan a sus madres en los centros penitenciarios, debo reconocer que hubo una mejora en las condiciones; se crearon y ampliaron las guarderías en las cárceles que otorgan estimulación temprana, por ejemplo, algunas salas de juego a nivel nacional y éstas gestiones marcaron una mejora respecto a gestiones pasadas, pero aún no es suficiente.

Coordinaré con Defensa Pública para revisar las particularidades, seguramente habrá que revisar los actuados procesales, pero de acuerdo a los estándares internacionales éstas mujeres no deberían estar en estos centros carcelarios”.

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En días pasados la Corte IDH notificó a Bolivia con tres sentencias, hablamos de Angulo Losada, Flores Bedregal y Valencia Campos ¿qué opinión tiene respecto a las medidas de reparación y no repetición que le fueron exigidas al Estado?

Algo que siempre se critica al Sistema Interamericano, particularmente a la Corte Interamericana es la demora en la emisión de sentencias, en el caso de Angulo Losada fue alrededor de 20 años o un poco más. 

Las observaciones que hizo la Corte IDH respecto al tratamiento del caso de Brisa en muchos casos se mantienen vigentes y es fundamental para el Estado implementar las recomendaciones, se tiene avances en muchas de ellas. Las que generan particular preocupación, por el efecto colectivo que tendrán, son las relacionadas a la modificación del tipo penal de violación y la derogación del tipo penal de estupro, que ya fueron emitidas por comités y atendidas por el Estado, ya construyó propuestas para la adecuación a los estándares internacionales. Esto nos permitirá desmontar la violencia sexual contra mujeres y niñas, niños y adolescentes. 

Otras recomendaciones que nos ayudan son las relacionadas al plazo razonable y las responsabilidades que deben asumir las servidoras y servidores públicos que en su momento mal atendieron un determinado caso. A veces no se asume la responsabilidad de cada instancia, la falta de capacidad también genera revictimización, vulneración de derechos y barreras de acceso para las víctimas y entender que esto genera responsabilidad, se deben mejorar los servicios.

Respecto al caso Flores Bedregal podría comentar que la desaparición forzada es una temática no resuelta en nuestro país, no tenemos muchas sentencias por estos casos y sin duda esto constituirá, después de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, un impulso para la justiciabilidad y el combate a la impunidad.

En el caso de Valencia Campos, es interesante por las limitaciones de formas de investigación y obtención de prueba que se asumían en una época y que actualmente no están permitidas, si en algún caso se registrasen deben limitarse a las garantías del debido proceso.

El problema de la justicia en general, no es actual, data de décadas y aún nos está trayendo responsabilidad internacional y recordatorios de lo que se debe hacer, en muchos problemas se avanzó y otros constituyen refuerzos para atenderlos de mejor manera. 

El problema de la justicia en general, no es actual, data de décadas y aún nos está trayendo responsabilidad internacional y recordatorios de lo que se debe hacer, en muchos problemas se avanzó y otros constituyen refuerzos para atenderlos de mejor manera”. 

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¿Qué le diría a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que también son víctimas de la administración de justicia? 

Una denuncia mal atendida por prejuicios de servidoras y servidores públicos sobre la norma genera procesos de revictimización. En estos casos, las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sienten que los servicios de cualquier instancia no están generando la protección o la atención debida tienen que realizar la denuncia. Se debe fortalecer la cultura de denuncia, debemos acabar con los servicios públicos mediocres que no previenen, no protegen y no acompañan a las víctimas.