Tribunales

Cuando se quiere, se puede

Marco A. Loayza Cossío, Abogado

Desde hace días, varios ciudadanos y ciudadanas de manera voluntaria y en ejercicio de sus derechos vienen trabajando denodadamente y a puro pulmón para conseguir la nada fácil tarea de lograr 1,5 millones de firmas de la población boliviana para cristalizar hasta ahora la única propuesta seria de reforma a la justicia, dada la negligencia de las diferentes instancias del Estado para lograr algo que todas y todos deseamos: una justicia independiente, transparente, imparcial, objetiva, basada en derecho humanos y el pluralismo establecido en la Constitución Política del Estado.

Habíamos señalado en otras columnas anteriores que lo más sabio y ético que podían hacer nuestras autoridades de justicia tanto del Órgano Ejecutivo como Judicial, era adscribirse a esta cruzada o por lo menos dejar que los bolivianos y bolivianas ejerzan su ciudadanía, y vayan a firmar. Pero como es consabido en regímenes como el actual, alejado de principios de derechos humanos, lo primero que hicieron fue poner zancadillas al proceso y por último atacarlo de manera grosera con sus declaraciones y con el uso de sus seguidores; incluso, algunos dirigentes de diferentes sindicatos y organizaciones sociales habrían prohibido a sus afiliados suscribir los libros, clara muestra de la naturaleza vertical de sus organizaciones ante un ejercicio plenamente democrático como es lograr un referendo.

La anterior semana y de manera nada sorpresiva, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional volvió a desestimar la propuesta, argumentando que los plazos no se podrían aplicar y, por otra parte, dijo de manera irracional que esta solo busca un cuoteo político como en el pasado, usando el mismo lenguaje que tiene una resolución de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, cuyas dirigentes principales fueron más allá señalando que los promotores de la iniciativa son abogados/as de la derecha “con miras a buscar en el futuro un golpe judicial al gobierno constitucionalmente electo”. ¿Hermanas, y si nadie hace nada por la justicia, a dónde vamos?

De la misma manera, varios otros personeros del gobierno expresaron que la propuesta de los juristas independientes sería contraria a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a cargo de la preselección de los candidatos y candidatas y, por lo tanto, sería inconstitucional; sin querer darse cuenta de que justamente el gran problema de los procesos anteriores fue la sola intervención de esa instancia “politiquera” que seleccionó a sus adherentes, ahijados, militantes solapados o no tanto, etc., aprovechando de manera arbitraria sus dos tercios. Los resultados que tenemos del trabajo de los magistrados/as del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, con sus “metidas de pata”, negligencia en una reforma de justicia, regresiones en la protección de derechos humanos, su falta de independencia en relación al Órgano Ejecutivo, su obsecuente obediencia al poder político partidario y, en muchos casos, su propia conducta personal, son suficiente ejemplo de que ese camino no es el indicado.

Sería importante que nuestros legisladores y legisladoras, principalmente del oficialismo, no tengan una mirada miope y que vean simplemente el ejemplo de Honduras, que recientemente ha finalizado una elección de magistrados/as a su Corte Suprema de Justicia, que no será una taza de leche ni el mejor ejemplo como país, dados sus niveles de violencia, corrupción y otros problemas muy parecidos a los nuestros, pero que con voluntad política las fuerzas partidarias se han entregado las primeras etapas previas a la preselección a lo que se denomina una “Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” (Decreto N° 74-2022) que es “un órgano colegiado y deliberante, dotado de absoluta independencia y autonomía en sus decisiones”.

Esta Junta está conformada por: 1) Un representante propietario y un suplente designados por la Corte Suprema de Justicia, electos por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los magistrados, en sesión plenaria extraordinaria; 2) Un representante propietario y un suplente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), elegidos en asamblea extraordinaria; 3) El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien designará su suplente; 4) Un representante propietario y un suplente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), electos en asamblea extraordinaria; 5) Un representante propietario y un suplente de los claustros de las escuelas de ciencias jurídicas, convocados a asamblea ad hoc por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes se elegirán con el voto favorable de la mayoría simple de los profesores presentes; 6) Un representante propietario y un suplente electos por las organizaciones de la sociedad civil según lo dispuesto en el artículo siguiente, y 7) Un representante propietario y un suplente de las confederaciones de trabajadores que se organizarán en asamblea extraordinaria de acuerdo con su normativa.

“Sería importante que nuestros legisladores y legisladoras, principalmente del oficialismo, no tengan una mirada miope y que vean simplemente el ejemplo de Honduras, que recientemente ha finalizado una elección de magistrados/as a su Corte Suprema de Justicia”.

Esta conformación demuestra pluralismo y equilibrio entre lo técnico y lo social, además de darle un papel fundamental a la sociedad, fácilmente se podría adecuar a nuestro contexto.

La Junta tiene como función única, la preparación de una nómina conformada al menos por cuarenta y cinco (45) candidatos/as que reúnan los requisitos y no se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en la Constitución y la Ley, entre los cuales el Congreso Nacional de Honduras elige a quince (15) que integrarán la Corte Suprema de Justicia.

A partir de la nominación de 45 candidatos y candidatas respetando la equidad de género idóneos, se estaría de alguna manera garantizando personas con una alta calificación y preparación académica, además de altos valores democráticos y de derechos humanos, y conducta personal intachable, pues la normativa hondureña dentro de las diferentes etapas a cargo de la Junta, esta solicitará incluso pruebas toxicológicas, psicométricas, además de las académicas, justamente algo que necesitamos urgentemente para nuestras máximas autoridades judiciales.

Como se observa, cuando hay voluntad política y realmente se quiere servir a la sociedad y no servirse de ella, se puede buscar alternativas que respondan a los estándares internacionales, sin afectar nuestra Constitución, para garantizar la independencia judicial tanto de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano y lograr realmente profesionales con una alta conciencia, preparación e idoneidad para garantizar un acceso a la justicia y fallos apegados solo a los derechos humanos, Constitución y la ley. Realmente esperemos que la iniciativa de los juristas independientes alcance su objetivo, por ello animo a todas y todos a que vayan a firmar, ejercer su derecho ciudadano y lograr la tan anhelada reforma de la justicia.

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