La CIDH visita Bolivia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y uno de los más importantes a nivel internacional en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos.

A través de su trabajo durante tantas décadas, la CIDH es uno de los principales responsables de la ampliación del estándar internacional en materia de derechos humanos. Su monitoreo en la región, la elaboración de informes y la presentación de casos ante la Corte Interamericana han mejorado significativamente la situación de los derechos humanos, especialmente para aquellos sectores vulnerables e históricamente discriminados.

Actualmente, está compuesta principalmente por mujeres con un amplio prestigio y conocimiento en materia de derechos humanos y está dirigida por Tania Reneaum. Su trabajo es muy bueno, a pesar del escenario muy complejo en la región, donde nos encontramos con populismos y dictaduras violentas.

Siendo un órgano cuasi-judicial y político, la CIDH ha sufrido ataques e intentos de desmantelamiento por parte de gobiernos autoritarios tanto de derecha como de izquierda. Gobiernos como el de Bukele en El Salvador, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua han mostrado su desprecio hacia este órgano, lo que claramente demuestra el buen trabajo que ha realizado en estos países.

Durante la gestión del expresidente Morales en Bolivia, la CIDH estuvo relativamente ausente, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones que trabajan desde hace décadas en derechos humanos. El silencio de la CIDH ante la violación del referéndum del 21 de febrero de 2016 por parte del gobierno de Morales provocó la molestia y desconfianza de una gran mayoría de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, sumado a otros graves hechos de violación de derechos humanos y la estabilidad democrática en Bolivia que pasaron desapercibidos para este importante órgano.

La CIDH realizará una visita in loco para recoger información sobre la situación general de derechos humanos en Bolivia, en virtud del artículo 41 de la Convención Americana, que establece la función primordial de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. La invitación fue gestionada por la cancillería durante el gobierno transitorio. La CIDH no realizaba una visita de estas características a Bolivia desde el año 2006, aunque sí hubo visitas de trabajo o académicas, o visitas y monitoreo relacionados con el conflicto de 2019. Después de más de 15 años, la CIDH podrá recibir información importante sobre varios temas de derechos humanos en Bolivia.

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia no debe confundirse con el trabajo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG) que llevaron a cabo en relación a los hechos de violencia que ocurrieron durante el conflicto poselectoral. En esta ocasión, no hay tantas restricciones sobre los hechos que pueden presentarse ante la Comisión. Por lo tanto, la población boliviana tiene la oportunidad de demostrar patrones de vulneración de derechos humanos y visibilizar casos de graves violaciones que, por distintas razones, podrían haber pasado desapercibidos.

Con base en la información recopilada, la CIDH elaborará y publicará un informe país que incluirá observaciones, conclusiones y recomendaciones para el Estado. Si la CIDH lo considera necesario, también podrá realizar un seguimiento a dichas recomendaciones, tal como ocurrió con el informe del 2006 y su posterior seguimiento en el año 2009.

la CIDH elaborará y publicará un informe país que incluirá observaciones, conclusiones y recomendaciones para el Estado. Si la CIDH lo considera necesario, también podrá realizar un seguimiento a dichas recomendaciones, tal como ocurrió con el informe del 2006 y su posterior seguimiento en el año 2009”.

Aunque hay una enorme variedad de temas importantes sobre derechos humanos en el país, tanto la sociedad civil, los políticos, las víctimas como otros actores deben considerar algunos temas que siguen generando conflictividad y graves violaciones de derechos humanos en Bolivia. El quiebre y debilitamiento de la institucionalidad democrática, la falta de independencia judicial, la violencia policial, los ataques contra defensores de derechos humanos, la persecución política, la violencia contra las mujeres, la discriminación, la contaminación y las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas son temas que no pueden ser ignorados. Además, la información presentada no debe limitarse a los últimos años, sino que también debe tener en cuenta lo sucedido en los últimos 17 años.

Por ejemplo, la masacre ocurrida en la cárcel de Palmasola en 2018, aunque fue un hecho extremadamente violento con resultados catastróficos en los que varios reclusos resultaron heridos y asesinados, solo motivó un comunicado por parte de la Comisión. Otros hechos de violencia similares, como los ocurridos en contra de campesinos en La Asunta y otros sectores sociales, que ni siquiera tuvieron un pronunciamiento por parte de la CIDH, deberían ahora ser presentados ante la Comisión.

Tampoco pueden quedar en el olvido los cientos de heridos y personas que sufrieron daños permanentes debido a la violencia policial durante las protestas en Santa Cruz y las manifestaciones de ADEPCOCA en contra del mercado paralelo.

Si bien la CIDH ha establecido claramente un grave problema con la justicia boliviana en otros informes, casos y comunicados, hasta el momento no existe una postura clara de la Comisión sobre la persecución política en el país, algo que otras instancias internacionales ya han denunciado de manera clara y contundente. Este aspecto en específico debería ser uno de los puntos principales reflejados en el Informe País de la Comisión, pues es una de las razones que incrementan la polarización e impulsan el quiebre del tejido social.

Otro aspecto que ha quedado pendiente para la Comisión guarda estrecha relación con la situación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. A pesar de las advertencias e insistencias de la sociedad civil en múltiples ocasiones, la Comisión no actuó adecuadamente respecto a la violación del referéndum del 21 de febrero y los posteriores atentados en contra de la democracia boliviana. Sin duda, estos eventos fueron uno de los principales factores que impulsaron el conflicto de 2019 y tal vez el principal factor de la crisis democrática que vive el país.

Ahora bien, la población debe tomar en cuenta que la CIDH puede ser un muy buen aliado para la búsqueda de una reconciliación nacional y el esclarecimiento de vulneraciones a los derechos humanos, pero creer que el órgano interamericano resolverá todos nuestros problemas es un error. El trabajo con la Comisión debe ser estratégico, reconociendo su rol importante en la región, pero también sus limitaciones. 

En el contexto actual de Bolivia, resulta fundamental reflexionar sobre la importancia de los mecanismos que nos ofrece el sistema interamericano para impulsar cambios estructurales y afrontar temas pendientes que aún tienen graves consecuencias en los sectores más vulnerables”.

En el contexto actual de Bolivia, resulta fundamental reflexionar sobre la importancia de los mecanismos que nos ofrece el sistema interamericano para impulsar cambios estructurales y afrontar temas pendientes que aún tienen graves consecuencias en los sectores más vulnerables.

En conclusión, la visita de la CIDH y el Informe País representan una oportunidad valiosa para que la población boliviana haga escuchar su voz respecto a las violaciones a los derechos humanos que han quedado en el olvido, así como para impulsar cambios estructurales que fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho en el país. Es importante que la ciudadanía se involucre activamente en este proceso y utilice los mecanismos disponibles para exponer sus preocupaciones y demandas de manera respetuosa y constructiva. De esta manera, se puede trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa, en la que los derechos humanos sean respetados y protegidos para todas y todos.