Silvia Salame: “Los artífices del fracaso no pasarán”
En el espacio de entrevista compartido, la Senadora Salame Farjat felicitó a la Revista Jurídica Tribunales por su desempeño, sobre todo porque, en su criterio, urge impulsar el periodismo especializado en materia jurídica ya que muchas veces se mal utiliza la terminología.
En el espacio de entrevista compartido, la Senadora Salame Farjat felicitó a la Revista Jurídica Tribunales por su desempeño, sobre todo porque, en su criterio, urge impulsar el periodismo especializado en materia jurídica ya que muchas veces se mal utiliza la terminología.
Relató el proceso de tratamiento y aprobación del Reglamento para la preselección de candidatas y candidatos para las Elecciones Judiciales 2023 y aclaró que, a pesar de las deficiencias, que deben ser corregidas sin perjudicar la convocatoria, debe haber elecciones. Finalmente se refirió a una nota del periódico Coreo del Sur en la que se dice que la mayoría de los que magistrados que componen hoy el sistema judicial se presentarán de nuevo, adelantó que se recabarán denuncias contra éstos ciudadanos y que serán absolutamente duros en la calificación.
El reglamento fue aprobando usando la mayoría del mas
Es importante que las y los ciudadanos sepan que a partir de marzo del año 2021 encabecé el trabajo por un proyecto de ley, primero para estudiar la posibilidad de impulsar una modificación a la Constitución Política del Estado porque nunca estuve de acuerdo con que se elija a las autoridades judiciales mediante voto popular, entre otros aspectos de la estructura misma del Órgano Judicial, y, luego de conversar con constitucionalistas destacados se llegó a la conclusión de que no existían los consensos necesarios, ni la voluntad política para encarar una Asamblea Constituyente. Se bajó la pretensión a la elaboración de un proyecto de ley que tenga que ver con la preselección de los candidatos a magistrados, no un reglamento porque se lo elabora en una comisión muy pequeña y porque en la Asamblea Legislativa no existe posibilidad de una discusión a la altura de la técnica legislativa que se requiere y, además porque la ley dota de mayor seguridad, ese era el objeto.
Se presentó el proyecto de ley, en la legislatura 2021-2022, pero no tuvo un mayor efecto en la Asamblea Legislativa, a pesar de que se hicieron eventos de socialización a nivel nacional en los que incluso se tuvo la participación del Ministro de Justicia como expositor y su principal observación fue por qué se había elaborado una ley y no un reglamento, en esa oportunidad se le explicó. Como no existió el debate en la Asamblea, esto quedó en archivo.
Sin embargo, se aprovecharon todos los aportes que se hicieron, entre ellos los de brillantes constitucionalistas, se mejoró el proyecto de ley, se presentó la propuesta mucho más sólida que contemplaba parámetros de calificación usados a nivel internacional, sin que constituya una delegación de funciones. Lamentablemente éste proyecto fue rechazado por la Comisión de Justicia Plural sin esperar el informe del Ministerio de Justicia, también fue rechazado en el pleno del Senado y en ese ínterin el Movimiento al Socialismo presentó su proyecto de reglamento.
Nos convocaron a la sesión de la Comisión Mixta y presenté un proyecto de reglamento adecuando el proyecto de ley al que hacía referencia. Como el MAS vio que no solamente existía un proyecto sino el proyecto mío y el de CREEMOS, se tuvieron que analizar los tres proyectos. Se dio lectura en grande y la presidenta de la Comisión, Patricia Arce, dijo que era preferible tratar este tema en una comisión compuesta por dos miembros de cada fuerza política.
Mi persona junto con el Dr. Alarcón asistimos en representación de Comunidad Ciudadana y llegamos a un preacuerdo que tenía tres pilares fundamentales que constituían garantías para que el proceso fuera transparente y basado en la meritocracia e idoneidad. Este acuerdo fue puesto en conocimiento de las fuerzas políticas, Comunidad Ciudadana aprobó íntegramente, no obstante que había mucha renuncia de elementos muy importantes, se observaron los avances y se aprobó por unanimidad.
El MAS no aprobó el preacuerdo, cuestionó dos puntos; uno relacionado con el establecimiento de un comité técnico académico de alto nivel, que se proyectaba esté compuesto por eminentes abogados, a nivel nacional, que debía emitir un informe al concluir sus actividades de evaluación que debería ser considerado por la comisión para la evaluación y, segundo, la posibilidad de causa de inhabilitación para aquellos que hubieran ejercido magistratura el año 2011 o 2017, a pesar de que ya existía consenso sobre este punto.
Se sostuvieron muchas reuniones, fracasó el acuerdo y en la Comisión Mixta solo se analizó el proyecto del MAS, no el nuestro, incluyeron algunos aspectos y sugerencias, pero no lo fundamental que era el valor del informe del comité técnico propuesto y tampoco el supuesto de inhabilitación. Es más, agravaron la situación respecto a los baremos de calificación; habíamos quedado en que la entrevista tendía un valor menor, pero la resolución de caso tendría el puntaje más alto, pero ellos anularon la resolución de caso y establecieron la prueba escrita donde le dan un valor de 30 puntos, pero además introdujeron que la hoja de vida y experiencia profesional tendría una puntuación sobre 55 puntos, más los 10 de la entrevista, hasta ahí serian 65, hasta un mudo hubiera podido sacar 6 puntos para estar habilitado con 71 puntos.
Fue lamentable, nos opusimos a todo el reglamento y presentamos una propuesta sustitutiva, de acuerdo al art. 122 del Reglamento de Diputados porque lamentablemente no hay un reglamento específico para las comisiones mixtas, pero no nos recibieron el proyecto, también presentamos al Vicepresidente, pero no se ha considerado.
El reglamento fue aprobando usando la mayoría del MAS, sin siquiera tomar en cuenta los dos tercios que establece la Constitución, cuando habla de los dos tercios no se refiere al hecho de emitir el voto sino a todo el proceso y éste proceso estaba blindado por los dos tercios, pero no aconteció ni con la convocatoria ni con el reglamento.
Hemos sufrido la vergüenza de tener durante dos periodos judiciales a las peores autoridades que ha tenido este país, que se traduce en altos índices de corrupción, alta demora procesal. La población merece y tiene derecho a que las personas que participarán de la preselección sean honorables e idóneas”
Tienen que haber elecciones
No existe la posibilidad que fue usada al tenor del art. 96 parágrafo 16 de la anterior constitución, el presidente podía hacer una designación de ciertos funcionarios cuando la Asamblea esté en receso y Evo Morales utilizó este articulo para nombrar a los magistrados de lo que era la Corte Suprema, se usó ésta previsión de forma inconstitucional porque la designación de funcionarios (como el contralor o el defensor del pueblo) no es lo mismo que la designación de autoridades máximas de un poder del Estado. Hoy ni siquiera se podrá hacer esto porque la Constitución Política del Estado no contempla la posibilidad material, ni real, ni hipotética de que se haga una prórroga de mandato a través de una ley corta, menos de un nombramiento directo.
Si esto último se hiciera estarían atentando contra un pilar de la democracia el cual es el Órgano Judicial, estaríamos entrando a un gobierno de facto donde se acumularían las funciones y competencias de tres Órganos (Electoral, Legislativo y Judicial) en uno sólo, el Ejecutivo.
Se debe modificar el reglamento, sin perjudicar la convocatoria, el Vicepresidente podría convocar a las fuerzas políticas e incluir las tres garantías que habíamos sugerido, no es un capricho, es devolverle la dignidad al pueblo de Bolivia. Hemos sufrido la vergüenza de tener durante dos periodos judiciales a las peores autoridades que ha tenido este país, que se traduce en altos índices de corrupción, alta demora procesal. La población merece y tiene derecho a que las personas que participarán de la preselección sean honorables e idóneas, de manera de que vayan a votar sabiendo que se los preseleccionó con baremos de calificación de talla internacional, pero además se debe dar certeza de transparencia y seguridad a los ciudadanos que deseen postularse. No debemos dar cabida a los peores, a los mediocres.
pondremos ánforas en todo el país para que hagan llegar las denuncias contra éstos ciudadanos, pondremos sus nombres en las ánforas bajo el título: “si usted tiene denuncias contra los siguientes servidores judiciales deben hacer conocer su denuncia, la misma será mantenida en absoluta reserva”.
El sistema judicial debe transformarse y esto no será posible con los artífices del fracaso
Con tristeza acabo de ver una nota de Correo del Sur en la que se dice que la mayoría de los que componen hoy el sistema judicial, el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, se presentarán de nuevo (Nota: Elecciones judiciales: ¿Qué magistrados podrían repostular?, Correo del Sur, 31 de marzo de 2023).
Si esto fuera así, quien tiene que jugar un rol fundamental es el ciudadano porque nosotros pondremos ánforas en todo el país para que hagan llegar las denuncias contra éstos ciudadanos, pondremos sus nombres en las ánforas bajo el título: “si usted tiene denuncias contra los siguientes servidores judiciales deben hacer conocer su denuncia, la misma será mantenida en absoluta reserva”.
Seremos absolutamente duros en la calificación. El pueblo boliviano está ansioso de una transformación del sistema judicial y esto no será posible con los artífices del fracaso. No podemos permitir que ninguno de estos ciudadanos vuelva a postularse, pero si lo hacen, porque lamentablemente el reglamento lo permite en atención al criterio de algunos que dicen que tienen el derecho a ser elegidos, cosa que no es evidente porque en materia constitucional, ya que en varios casos se ha establecido que frente al interés de un individuo está el interés de la colectividad. Todo el pueblo boliviano merece un cambio real y los intereses de éstos ciudadanos están por debajo.
Le pido al pueblo boliviano que vaya recabando todos los datos necesarios, todas las denuncias contra éstos señores que han ejercido el año 2011 y el 2017. Puede ser que exista alguno que otro que haya sido idóneo, no puedo generalizar, pero el ciudadano no tiene la posibilidad de hacer ésta diferencia porque los tribunales han actuado de manera conjunta y la idoneidad de uno quedó opacada frente a la inmoralidad, la corrupción de los demás. Cabe resaltar que el reglamento del MAS señala que deben demostrar un desempeño eficiente y eficaz y la prueba de que esto no concurre en ningún caso es pues la demora procesal, la falta de ética, los fallos salen con fecha de incluso hace dos años; yo tuve un caso como abogada del año 2016, la sentencia salió el año pasado, pero me notificaron con fecha del 2017.
El Tribunal Constitucional Plurinacional es el garante de la materialización de los derechos de las y los ciudadanos, entonces, si el Tribunal no cumple ese rol no tenemos donde acudir ante la vulneración de sus derechos, ante el exceso del poder frente al ciudadano, ahí la importancia. En Alemania dicen que después del Tribunal Constitucional solo dios, a ese punto llega el respeto y su importancia. Evidentemente se tuvo una época de oro donde los fallos eran consultados eran consultados a nivel internacional, se crearon líneas jurisprudenciales importantes, pero lamentablemente ahora hemos llegado al punto de que incluso hay sentencias constitucionales, a modo de ejemplo, de la sala uno con una línea y la sala dos otra línea, tenemos una inseguridad jurídica terrible, antes podíamos consultar la línea jurisprudencial, solo en casos excepcionales encontrábamos que se apartaban de la línea pero con la debida fundamentación, cosa que hoy no acontece. Todos los tribunales son importantes, cada uno en su rol, pero indudablemente el Tribunal Constitucional debe ser la estrella del sistema judicial. Debemos volver a la época de oro.
* Silvia Salame Farjat, Senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.