El presidente del directorio de Fancesa, Armín Cortez, afirmó que el proceso penal iniciado por la Procuraduría General del Estado (PGE), en contra de exfuncionarios de la Alcaldía, la Gobernación, la Universidad, los abogados de la factoría y sus propios representantes departamentales, busca posiblemente amedrentar al juez que está conociendo la demanda de la factoría chuquisaqueña contra su competidora Soboce.
La PGE denunció el martes un “inadecuado y negligente” patrocinio por parte de exfuncionarios de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y de otras instituciones, en un proceso civil de resarcimiento de daño económico interpuesto contra la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), por el que la cementera tuvo que pagar Bs 2,8 millones en aranceles judiciales.
En la percepción personal jurídica de Cortez, el actuar de la PGE no es lógico y peor cuando la demanda civil, de Fancesa contra Soboce, aún no concluyó y solamente se podría iniciar un proceso de repetición –o en su defecto, un proceso penal– si existiera una sentencia desfavorable a la factoría y se demostrara que los abogados de la Gobernación, Alcaldía, Universidad, Fancesa y de la Procuraduría departamental hubieran actuado de manera desleal.
“La denuncia que generó la PGE, desde un punto de vista muy personal, es amedrentar posiblemente al juez que está conociendo la causa, (porque) antes de que dicte sentencia ya le inicia un proceso penal”, aseguró.
En criterio estrictamente procesal del Presidente de Directorio de Fancesa, la observación de la institución defensora del Estado es intrascendente al resultado que se busca obtener.
Explicó que este proceso en la vía civil, entre Fancesa y Soboce, era de conocimiento de la Procuraduría General del Estado en el anterior Gobierno, con la que se coordinó desde el inicio de la demanda, en abril de 2018.
Cortez dijo que en más de dos años de proceso, este tema se mantuvo en reserva para evitar una posible politización, mediatización o cualquier tipo de susceptibilidad ante una inminente sentencia favorable a Fancesa y pretender deslegitimizarla.
Aseguró que todas las acciones de los funcionarios defensores de Fancesa fueron debidamente coordinadas; sin embargo, la PGE inició un proceso penal contra todos los abogados de la Gobernación, Alcaldía, Universidad, sus propios representantes en Chuquisaca y las exautoridades departamentales, municipales y de la Universidad.
“La demanda de la PGE no es atinente, no va al fondo del proceso como tal; por el contrario, puede generar mucha susceptibilidad en quien está conociendo este proceso y al tratarse de una cuantía importante puede generar alguna duda en ejecución de la sentencia”, remarcó.
Aseguró que la dirigencia cívica y la Central Obrera Departamental (COD), con otros argumentos, salieron a denunciar la actuación de la PGE en contra de los intereses de la región.
Aclaró que por una determinación judicial, Fancesa tuvo que pagar la suma de Bs 2,8 millones para continuar con el proceso civil y descartó que haya daño económico, como asegura la PGE, porque ante una eventual sentencia favorable a FANCESA, esos gastos se cobrarán como costos procesales dentro de la demanda de indemnización y pago por daños y perjuicios ante un juzgado comercial.
“Pareciese que la PGE le está dando la razón a Soboce cuando señala que Fancesa no debería haber interpuesto el recurso”, remarcó.
La PGE denunció un “inadecuado y negligente” patrocinio por parte de exfuncionarios de la factoría chuquisaqueña y de otras instituciones en un proceso civil de resarcimiento de daño económico interpuesto contra Soboce, por el que la cementera de Sucre tuvo que pagar Bs 2,7 millones en aranceles judiciales.
PGE denuncia daño económico en caso Fancesa-Soboce; cívicos advierten con procesar al Procurador
Esta es la nota de prensa emitida por la PGE:
