TCP emite por segunda vez fallo clave antes de elecciones
El pasado 30 de septiembre, el TCP admitió en parte una resolución del TSE que promovía la acción de inconstitucionalidad del MAS en contra de la sanción a partidos por difundir resultados de encuestas fuera de plazo
El Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: Archivo/CORREO DEL SUR La medida cautelar que impide la inhabilitación de candidatos que fueron refugiados políticos o asilados se trata de la segunda decisión que asume el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las competencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en tres meses y en la antesala de procesos eleccionarios.
La primera se dio el 30 de septiembre, a menos de 20 días de los comicios generales, cuando admitió en parte la Resolución 025/2020 del TSE que promovía la acción de inconstitucionalidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de la sanción a partidos por difundir resultados de encuestas fuera de plazo, que tendría efectos en otras organizaciones porque también fueron denunciadas por la divulgación de encuestas.
Por los plazos establecidos, el fallo no se conoció hasta la fecha, por lo que el MAS participó sin inconvenientes en los comicios del 18 de octubre, un hecho cuestionado por líderes de la oposición.
La segunda decisión del TCP sobre las competencias del TSE se conoció ayer, domingo: una medida cautelar para que los candidatos de las elecciones subnacionales que acrediten sus estatus de asilados o refugiados políticos en el extranjero no sean inhabilitados hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por Freddy Gonzáles Rodríguez, asambleísta titular del departamento de Cochabamba, en contra del requisito que exige que un candidato debe residir en la región para la que postula los dos años anteriores de manera ininterrumpida.
La determinación beneficiaría a los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler y Wilma Alanoca, y a Manfred Reyes Villa de la agrupación Sumate.
Sin embargo, Amilcar Barral, candidato a la Alcaldía de La Paz por Pan-Bol, indicó que la resolución del TCP no favorece a Dockweiler porque hace unos días dijo que estuvo fuera del país de vacaciones, por lo que no podría certificar su condición de refugiado o asilado.
Las reacciones del MAS y la oposición
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, indicó que la resolución “profundiza la democracia”; mientras que el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, pidió al Órgano Electoral que actúe de forma estricta.
“Aquel que no cumple la residencia y tiene procesos ejecutoriados, ese compañero o compañera definitivamente no tendrá que ser habilitado”, sostuvo el líder cocalero.
Reyes Villa destacó la decisión del TCP: “Hace respetar mi derecho a representar constitucionalmente a mi pueblo y trabajar por la ciudad que amo para hacerla prosperar de nuevo”.
Las críticas llegaron del candidato a la Alcaldía paceña, Luis Larrea, que denunció “abuso de poder del MAS”. “Es el mismo circo de siempre por un lado se tiene los que obligan a sacar resoluciones del TCP y por otro lado piden que se respete la norma”, señaló.
Asimismo, Barral anunció un proceso de prevaricato en contra de los magistrados del TCP. “Al ser nosotros perjudicados por la violación de la CPE y como candidatos (…) vamos a habilitar el proceso por prevaricato a estos magistrados, porque ya es demasiado (…) aquí se demuestra que el TCP está totalmente vendido al MAS”, indicó.
El descargo del TCP
El presidente del TCP, Paul Franco, afirmó que la decisión emerge de una acción de inconstitucionalidad abstracta y no particulariza a ninguna persona.
“Desconocemos cuáles son los motivos que fundan a las personas que están generando una observancia con relación a este aspecto puesto que ni siquiera se tiene bien determinada cuál es la situación jurídica de cada uno de los candidatos, nosotros no sabemos cuáles cumplen o no los requisitos”, afirmó.
