Diputado del MAS reprocha informe de HRW y dice que el decreto de Amnistía no es de "impunidad"
El legislador se refigió al reciente pronunciamiento de Human Rights Watch sobre el decreto presidencial
Fotografía que muestra la tensión en Senkata, a finales de 2019. Foto: ARCHIVO El diputado Daniel Rojas (MAS) repudió y rechazó la posición de Human Rights Watch (HRW) que estableció que el decreto presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto Humanitario permitirá “impunidad” por los delitos graves y abusos durante la crisis política en 2019.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que “otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”.
Rojas calificó de “parcializada” la posición de la organización internacional defensora de los derechos humanos, al emplazar a esta institución a que visite el país para entrevistarse con las víctimas de los luctuosos hechos de octubre y noviembre de 2019.
“Va a ser creíble su aseveración (si visita el país), mientras tanto nosotros reprochamos esa actitud. Hasta hoy hay hermanos que están presos solo por compartir en Facebook o por dar una alusión sobre Arturo Murillo, Fernando López o Jeanine Áñez. Human Rights Watch debe ser más imparcial”, sostuvo el legislador.
El informe de HRW señala que el decreto otorga una amnistía genérica o indulto a personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno anterior, encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez, por delitos que tengan “relación directa” con la “crisis política” que se inició en octubre de 2019, según dice el texto. “Parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno”, precisa.
Observa la ambigüedad del lenguaje del decreto que permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto. Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo, señaló Human Rights Watch.
En el mes de febrero, la mayoría del Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el decreto presidencial de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos” que beneficiará a las personas que fueron procesadas en el gobierno de transición de la expresidenta Jeanine Áñez.
Como resultado de este decreto, podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS, tal como lo documentó Human Rights Watch en un informe de septiembre de 2020.
El decreto otorga amnistía a personas “que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”, hace referencia la organización.
Rojas defendió la norma y aseguró que no modificarán su contenido, porque beneficiará a más del 70% de detenidos que -por ejemplo- padecen de enfermedades terminales, personas de la tercera edad y personas que no tienen sentencia ejecutoriada, que generan hacinamiento en las cárceles de Bolivia.
“No vamos a dar cabida a caprichos de organismos que ni siquiera han estado en contacto con las víctimas de la dictadura”, insistió.
Además de estas personas, el decreto prevé que las personas que fueron detenidas y procesadas durante el gobierno de Áñez podrán acogerse a esta disposición.
