La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se tomó cinco meses para rechazar la solicitud de una medida cautelar sobre los bloqueos “criminales” de caminos protagonizados en agosto del año pasado por sectores afines al MAS, que impidieron el paso de oxígeno, alimentación y suministros médicos para personas que se debatían entre la vida y la muerte en los hospitales en plena pandemia del covid-19.
La solicitud de una medida cautelar de urgencia para los ciudadanos bolivianos fue presentada por el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) frente a los bloqueos de caminos que en ese momento ejecutaban sectores sociales afines al MAS en demanda de elecciones generales. La medida de protesta impidió la llegada de suministros médicos y alimentación, recordó el abogado Arturo Yáñez, que entonces presidía este ente colegiado.
“Se suponía que esa respuesta de la CIDH, por ser precisamente una medida cautelar, algo urgente, debía haberse producido en esos días, pero es cómico que, hoy acabo de recibir en mi correo electrónico una comunicación fechada el 15 de enero, en la que la Comisión rechaza otorgarnos medidas cautelares, cinco meses después del pedido”, sostuvo.
En tono de sorna, Yáñez dijo que si la CIDH hubiera otorgado las medidas cautelares solicitadas, a estas alturas no tendría ninguna trascendencia, porque el hecho ya pasó.
El jurista dijo que enviaron al menos 50 pruebas con documentación, videos y audios de la delicada situación que atravesaban muchas personas, entre ellas, la súplica de Mario Limachi, paciente internado en un hospital que grabó un mensaje pidiendo a los bloqueadores dejar pasar oxígeno porque estaba por morirse y al final, falleció.
