Amenazan con retirar dinero de los bancos que obliguen a portar el carnet de vacunación
Las iglesias evangélicas advierten con solicitar que sus miembros retiren su dinero de las entidades financieras que obliguen a portar el certificado de inmunización

El Decreto Supremo 4640 entró en vigencia este sábado 1 de enero, cuando también comenzaron los controles del carnet de vacunación en terminales terrestres y aéreas. Varias instituciones públicas ya anunciaron que exigirán la presentación del certificado de inmunización y los bancos lo harán desde este lunes 3 de enero.
Mientras se reportan filas en los centros de vacunación para cumplir con este requisito, varios sectores se resisten a cumplir con la presentación de carnet de vacunación y alista una acción popular en contra del Decreto Supremo.
El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las iglesias evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, anunció que presentarán una acción popular con organizaciones mineras, organizaciones sociales y los gremiales de El Alto en contra del carnet de vacunación.
“No obedeceremos leyes o decretos que amenacen nuestra libertad de decidir y elegir. Así como Asoban (Asociación de Bancos Privados de Bolivia) comunicó que el ingreso a estas entidades será con certificado de vacuna o una PCR, obligatoriamente, nosotros solicitaremos a las iglesias y sus miembros que sientan vulnerados sus derechos a retirar su dinero de las entidades financieras”, indicó Aruquipa a Página Siete.
Aclaró que su sector no está en contra de la vacuna, pero que esta debe ser voluntaria e informada. Además, cuestionó al Gobierno nacional por no informar sobre las vacunas que están en Bolivia.
Acción popular de Iván Arias
En octubre del año pasado, la justicia negó la tutela a una acción popular presentada Iván Arias, sobre la vacunación. Con el recurso, el alcalde de La Paz pedía establecer la inmunización obligatoria.
Sin embargo, en la misma resolución de rechazo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz exhortó al Gobierno y a las autoridades subnacionales a aplicar políticas públicas para evitar la propagación de la covid-19.