Datos dan cuenta que la camioneta blanca es de la Alcaldía cruceña y que estuvo en la casa de Jhonny antes del ataque

La camioneta blanca que generó controversia durante el paro de 48 horas en Santa Cruz estuvo estacionada frente a la casa del alcalde Jhonny Fernández antes del ataque con petardos al inmueble la jornada del lunes.

De acuerdo con El Deber, su equipo capturó la primera imagen del vehículo unos 20 minutos antes de la refriega. Debido al acto violento, la hija del Alcalde, en estado de gestación, y una de las nietas resultaron afectadas y, por eso, la familia presentó una denuncia “contra los que resultaren responsables” de estos hechos. Hasta ayer, no había ningún arrestado por este caso.

El vehículo transportó a un grupo de personas cuyos rostros estaban cubiertos. El motorizado tampoco contaba con placa frontal y la matricula trasera fue tapada con un par barbijos. Tras el ataque a la casa de Fernández, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que se habían identificado a los responsables porque, además, había registros captados por las cámaras de seguridad.

La noche del martes, el alcalde Fernández volvió a acusar al gobernador Luis Fernando Camacho por ese ataque que sufrió su casa.

El motorizado que apareció en el atentado, según la base de datos del Registro Único de Administración Tributaria (Ruat), es de uso o “servicio oficial”, una categoría reservada a entidades estatales. Desde este año, ese registro no transparenta el nombre de las instituciones o propietarios de automotores de su base de datos.

Eso sí, el motorizado está registrado entre los activos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y, específicamente, pertenece a la Subdirección de Coordinación Distrital.

Además, cuenta con un destellador que es empleado por la Policía y el Ejército para operaciones relacionadas con la seguridad del Estado o para activar las “cápsulas de seguridad” para autoridades y diplomáticos.

Según el mismo medio, la información fue contrastada en dependencias de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), donde está la camioneta blanca. Dos personas —Carlos A.P. y Javier C— que se identificaron como funcionarios municipales, se presentaron en Diprove a las 17:10 de ese día para denunciar que fue robada, pero a las 03:00 en inmediaciones del Plan 3.000

Según la denuncia, los supuestos funcionarios aseguraron que la camioneta “fue arrebatada” por un grupo de desconocidos que “eran parte de las personas que estaban bloqueando” el acceso a esa ciudadela. Diprove derivó el caso a la Fiscalía para que continúen las investigaciones y allí explicaron que ningún funcionario municipal se apersonó hasta ayer, martes, para dar seguimiento a esta denuncia.

El director General de la Comuna cruceña, Juan Carlos Solares, anunció este martes la apertura de una investigación para “aclarar la verdad de los hechos” y saber si la camioneta es efectivamente de la Alcaldía.

Ante la insistencia de los periodistas que le pidieron cotejar los datos de la placa del motorizado con el RUAT, Solares insistió que la Dirección de Transparencia será la encargada de la pesquisa. “Vamos a tener una respuesta en el curso de las próximas horas. No podemos aventurarnos a suposiciones”, manifestó.

El vehículo municipal, además, había cargado combustible en un surtidor del Cuarto Anillo, cerca de la medianoche del domingo 7 de agosto, poco antes que comience el paro y tres horas antes que, supuestamente, sea robado por los “bloqueadores”, como señala la denuncia que se presentó el lunes en las oficinas de Diprove.

Esta repartición policial “recuperó” el motorizado, pasadas las 22:00 del 8 de agosto, frente a la parroquia La Mansión.

El concejal Manuel Saavedra dijo que le hicieron llegar una denuncia con una fotografía que muestra el registro de ingreso de la “famosa camioneta blanca” a las 13:00 del lunes en las dependencias de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Hasta allí llegó el representante de Demócratas para pedir información y le pidieron que tramite su requerimiento por conducto regular.

“Eso quiere decir que vamos a contar con la información dentro de 30 o 40 días, porque nuestro pedido irá primero al Concejo, de allí, al presidente del Concejo y al alcalde, quien devolverá la solicitud para que se cumpla”, afirmó al tildar este caso de “grave” porque implica delitos.

Además, legisladores municipales y parlamentarios opositores denunciaron el hecho.

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